A partir de 2025, el gobierno de Luis
Arce planea producir 692 millones de litros de biodiesel anualmente. La
principal motivación de la medida sería reducir la importación estatal de
diésel y gasolina a precios altamente subvencionados. Sin embargo, existen
varias inconsistencias productivas y económicas por detrás de la propaganda oficial
de “industrialización con sustitución de importaciones”.
Veamos los planes de producción. Según el viceministro Willan Donaire, tres plantas de biodiesel están en construcción: una en Santa Cruz con tecnología FAME (biocombustible elaborado a través de la transesterificación de aceites vegetales) y capacidad para 86 millones de litros por año; otra en El Alto, “Héroes de Senkata”, para procesar 86 millones de litros anuales y una tercera planta HVO (vegetal hidrotratado) de 518 millones litros por año. La capacidad instalada sería de 692 millones de litros, equivalentes al 30% del consumo nacional de diésel cifrada en 2,29 mil millones de litros (2022).
Las dos primeras plantas necesitan soya como materia prima, por lo que la superficie cultivada deberá aumentar entre 400 mil a 450 mil hectáreas. A su vez, esta ampliación demandará entre 35 a 40 millones de litros adicionales para la soya destinada a biodiesel. Como resultado, la demanda interna de combustibles crecerá y la sustitución no llegará ni al 5% del volumen total.
La planta HVO requiere como materia prima el aceite de cocina usado. El plan del gobierno es producir el 75% del biodiesel mediante esta tecnología, pero no existe suficiente aceite de cocina. Ni recolectando todo el aceite usado, habría condiciones mínimas. El consumo de los hogares bolivianos está en torno a 150 millones de litros anuales, pero la producción prevista de biodiesel HVO alcanza a 518 millones de litros.
Por el lado económico, el mayor obstáculo para sustituir el diésel importado es el precio elevado de la principal materia prima: el aceite crudo de soya. Actualmente, el soyero exporta a un precio promedio de ocho a nueve bolivianos el litro, por lo que, muy probablemente, el costo de producción estará por encima de 10 bolivianos por litro de biodiesel. El gobierno tendría que comprar la materia prima a un precio igual o mayor al precio de exportación. En consecuencia, las subvenciones no bajarán y seguirán manteniendo la tendencia al alza.
Un objetivo de tipo fiscal de las autoridades es frenar la fuga de dólares a la hora de importar combustibles. Prefieren subvencionar en moneda nacional la producción nacional de biodiesel. Hasta cierto punto, es comprensible esta intención del sector público de ahorrar dólares, pero inadmisible desde el punto de vista económico. Cuando el costo de producción de biodiesel es elevado y depende de la agricultura intensiva en consumo de diésel, el ahorro de dólares será menor a las oportunidades de generación de más divisas por la exportación de aceite crudo de alto valor.
El problema de fondo es que la producción de biodiesel, y de los biocombustibles en general, no es ni ha sido una alternativa económica a la energía fósil. Incluso para países de altos ingresos, producir biocombustibles en grandes cantidades siempre ha sido más costoso y menos conveniente que simplemente perforar pozos más profundos de petróleo. El aceite de cocina usado tampoco es una alternativa debido a los altos costos de recolección y transporte. La producción mundial apenas supera los cinco millones de toneladas y, sin explicación alguna, Bolivia se propone alcanzar en tres años el 10% de esta cifra global.
Entonces, ¿cuál es la razón del plan nacional de producir biodiesel? Ciertamente, las razones no son las que disemina la publicidad estatal. El biodiesel no logrará sustituir o al menos ralentizar la importación de combustibles a precios altamente subvencionados. Tampoco recortará los gastos públicos en subvención que se acercan a dos mil millones de dólares anuales. En términos ambientales, empeorará los impactos negativos sobre los bosques, ecosistemas y pueblos provocados por los monocultivos de soya. La introducción de palma aceitera a la Amazonia boliviana ni siquiera tiene estudios de impactos ambientales.
En realidad, la principal razón para la apuesta gubernamental por el biodiesel no es otra que distraer a la gente del verdadero problema y esconder la cabeza debajo de la tierra.
Gonzalo Colque es investigador de Fundación TIERRA, especializado en Desarrollo Rural