La ejecución como arma política

Hace 40 años, un 15 de enero fueron ejecutados por agentes de la represión organizada por la dictadura militar de Luis García Meza Tejada y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez, los ciudadanos José Reyes, Ricardo Navarro, Artemio Camargo, Luis Suárez, Arcil Menacho, Ramiro Velasco, Gonzalo Barrón y Jorge Baldivieso, miembros de la Dirección Nacional de la Resistencia (DNR) del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR). Sólo sobrevivió Gloria Ardaya, que escondida debajo de una cama vio morir a varios de sus compañeros; fue descubierta por un grupo de relevo de los paramilitares y, ya detenida, sometida a feroces torturas hasta que por presión interna e internacional fue exiliada del país.

En este lapso se ha escrito mucho sobre este hecho. En los escritos de buena fe hay algunas coincidencias que conviene destacar. Una, la entrega de estos dirigentes a la causa de construir una sociedad mejor. Otra, el legado de consecuencia y lealtad que dejaron, principios que estos tiempos de pragmatismo a ultranza es preciso recuperar. También hay coincidencia al señalar que este salvaje asesinato marcó el principio del fin de la dictadura garcíamecista y destrabó el camino hacia la recuperación de la democracia que finalmente se concretó en octubre de 1982.

Pero, es posible presumir que las esposas, los hijos y familiares de estos ciudadanos no pueden terminar de procesar el drama humano que vivieron. Ver a su madre, su padre, su hermano, su esposo salir de su casa a una reunión política y nunca más volver a ver exige reflexionar sobre si su entrega a una causa compensa esa ausencia eterna. Más aún con los avatares de la vida del país en estos 40 años.

En ese sentido, rememorar una fecha como la del 15 de enero no sólo exige reconocer el valor de estos ciudadanos y su aporte a que los militares retornen a sus cuarteles y se instale en el país un sistema democrático sin precedentes en el país, sino el de sus respectivas familias que han encontrado fuerzas para fijar nuevos derroteros.

Recordar ese 15 de enero también me lleva a pensar en lo brutal que es acudir a la ejecución del adversario político porque los mandamases de turno así lo han decidido. No se trata de un momento de enfrentamiento entre bandos opuestos, sino de la fría decisión de asesinar a quien piensa diferente porque así conviene al que tiene el poder de ejecutar a otro.

En nuestra historia hay varios casos de esta naturaleza y la mayoría ha ocurrido en gobiernos dirigidos por militares. Pero, lamentablemente también sucedió en este proceso democrático. Uno, en diciembre de 1990, en el marco de la desarticulación del Comando Néstor Paz Zamora que secuestró a un empresario, que murió en la operación de su rescate. El otro, en abril de 2009, cuando un comando especial de la Policía ejecutó a tres de personas (de cinco que se encontraban alojados en un hotel) porque de acuerdo a la información oficial pretendían supuestamente asesinar a los entonces primeros mandatarios como parte de una operación para dividir al país.

Recordar a los ciudadanos del MIR que fueron ejecutados en enero de 1981 obliga a ratificar por un lado el principio de respetar los derechos que cada persona tiene por el mero hecho de ser tal y, por el otro, impedir que se repita que haya gente, cualquiera sea su ideología, que decida, por sí y ante sí, a quién se debe ejecutar por pensar diferente.

Sólo así la entrega de los miembros de la DNR del MIR de construir una sociedad mejor será honrada.

Juan Cristóbal Soruco es periodista.