La convivencia pacífica

La convivencia pacífica dentro de los países y entre estos es un objetivo permanente del arte de gobernar. Durante la dictadura del ex general Luis García Meza, el pesimismo se anidaba en la población porque parecía poco menos que imposible derrocarla. Pero René Zavaleta decía que si la corrupción o la maldad fueran buenos instrumentos para el ejercicio del poder, el mundo estaría gobernado por algún descendiente de Atila o Al Capone, por lo que la dictadura caería más temprano que tarde.

Y así sucedió. Se abrió un proceso de duro aprendizaje de convivencia pacífica entre adversarios que permitió ir construyendo un estado democrático sobre la base de acuerdos para formular las diferentes políticas que se fueron aplicando desde 1982.

Sin embargo, esta construcción fue lenta para poder satisfacer las demandas ciudadanas y coincidió con crisis económicas que afectaron al planeta incluyendo al país. Asimismo, se abrieron espacios a grupos emergentes que fueron presentado demandas nuevas, al mismo tiempo que utilizaban nuevas formas de ejercicio de participación y presión, lo que hacía más complicado atenderlas.

En ese escenario el MAS con un programa altamente centralista y deslegitimado el sistema político-partidario creado a partir de 1982, empezó a gobernar en 2006 y comenzó la tarea de desarticular la aún precaria institucionalidad democrática. Desde entonces, los operadores del MAS fueron cerrando las instancias que garantizan la convivencia pacífica, imponiendo un modelo autoritario de gestión. Sin embargo, la ciudadanía supo resistir esa visión y 2019 marcó un hito cuando ante la fuga del presidente Morales y sus instrucciones de generar vacío de poder, se pudo organizar una transición que logró recuperar la institucionalidad democrática, pese a algunos aislados actos de violencia.

Luego de una gestión que no estuvo a la altura del desafío que la historia le concedió a la expresidenta Jeanine Añez, el MAS recuperó la confianza ciudadana recibiendo dos mensajes claros: Morales ya no va más y el país requiere reconciliación.

Sin embargo, la gestión de gobierno no ha ido por ese camino. Más bien se encuentra exacerbando la confrontación y ha radicalizado la concepción de que el Estado en un instrumento del que ese partido se ha apoderado sin control de ninguna naturaleza. Pero, paradójicamente, este partido ya no es el que apoyaba a Morales y han aparecido las fracciones y las peleas entre ellas son bravas, mostrando incontrolable predisposición hacia la violencia.

En ese escenario, el Estado ya no garantiza la seguridad ciudadana y se impone la ley del más fuerte en todos los ámbitos de la vida del país. Los administradores de los diferentes Órganos de Poder, particularmente el Judicial, han claudicado y están al servicio de los intereses de los militantes del partido y se han convertido en verdugos de quienes disienten o, incluso en casos de derecho privado, si alguna de las partes no cuenta con un aval partidario está condenado a ser sentenciado.

Pero, como muestra la historia, los pueblos no aceptan dócilmente ser humillados, peor cuando, como ha sucedido en el país, la ciudadanía renovó su confianza al MAS pero siente que ha sido traicionada.

En este sentido, vale reiterar que el MAS está jugando con fuego. En la medida en que cierra los espacios democráticos, legitima grupos violentos de militantes y adherentes, garantiza la impunidad de los corruptos, aplica raseros en la justicia, la gente tendrá que buscar otros caminos para hacer valer sus derechos. Así lo ha hecho bajo las dictaduras y es presumible que así lo hará con estos aprendices de brujo.

Además, el tiempo se acorta porque se tiene en el horizonte una dura e inevitable crisis de orden económico internacional que si nos pesca en las condiciones de confrontación en que nos encontramos, podría arrasarnos…

El gobierno tiene la palabra…

Juan Cristóbal Soruco es periodista.