Justicia podrida

El título de este artículo es el mismo de un editorial que utilizamos en julio de 2018 en el diario El Potosí. Al buscar antecedentes, me di cuenta que no es nada original, puesto que también fue empleado por otros periódicos. 
Y es que para nadie es un secreto que la justicia boliviana está entre las peores del mundo, y empeora día que pasa. Por eso no fue sorpresivo saber que se la intentó manipular desde el ministerio que lleva su nombre, con el propósito de darle titularidad a un magistrado suplente.
Lo que me llama la atención de este caso, que ha sido denominado simplemente “consorcio”, es la actuación de algunos jueces de La Paz.
Soy enemigo de las generalizaciones, así que aclararé que siento mucho respeto por el departamento paceño y la sede de gobierno, y estoy convencido que, si de abogados se trata, en esa ciudad hay buenos y malos, como en toda profesión u oficio.Alcancé a tener una muestra de la justicia paceña el año pasado, por un asunto particular, y lo primero que me enteré es que aquella es temible; no por su capacidad de administrarla, sino de pasar por encima de todo para conseguir sus objetivos, sean estos buenos o malos. 
Como ejemplo, me recordaron el caso del médico Jhiery Fernández, al que jueces y fiscales se empeñaron en mostrar como autor de la violación del bebé Alexander y, con ese afán, lo metieron preso, desgraciándole la vida. Iba a seguir en la cárcel, pero el audio de una jueza, que revelaba cómo fue la conjura contra el galeno, que era inocente de ese delito, posibilitó su liberación; aunque también eso tardó, por la consabida retardación de justicia y la oprobiosa burocracia boliviana.
En el caso particular que les comento, me llamó la atención el proceder de un fiscal de La Paz, que lleva el apellido de uno de los héroes de la independencia americana, que, pese a tener decenas de casos a su cargo, muchos de ellos de altas cuantías e interés nacional, viajó hasta Potosí para prácticamente secuestrar unos expedientes con los cuales pretendía hundir al acusado. Cuando intenté encontrar explicaciones a esta conducta, tan distinta de los fiscales de Potosí, me dijeron que uno de los abogados de la parte contraria era muy poderoso y estaba actuando coludido con el fiscal. Esta versión extraoficial pareció confirmarse cuando, meses después, luego de que se consiguió que el caso se sustancie en Potosí, como correspondía, ese abogado llegó hasta la Villa Imperial con el claro propósito de poner la Fiscalía de cabeza.
El abogado de marras amenazó a fiscales y cuanto colega se cruzó en su camino. Poco después, comenzó a difundir calumnias en contra de las autoridades que no cedieron a sus presiones. No sé si le iniciaron procesos por injuria, difamación y calumnia.De esa manera confirmé la impresión que tuve hace décadas, cuando todavía era un bisoño estudiante de Derecho: la justicia boliviana está podrida, pero no solo a nivel de sus administradores, sino, también, de muchos actores que interactúan con ellos. Por eso es que vemos espectáculos tan deplorables como el del denominado caso “consorcio”.   Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.