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02/09/2021
Articulista Invitado

Incongruencias de un profesor de economía

Miguel Roca
Miguel Roca

Bajo el título de “La mala propuesta económica de Comunidad Ciudadana”, el profesor de economía en EEUU, Antonio Saravia, publicó hace unos días en Brújula Digital un artículo que decepciona por su desconocimiento de los detalles de la economía boliviana y las propuestas de CC que tanto critica, lo cual hace que caiga en evidentes incongruencias.

CC presentó al país el pasado 19 de agosto una propuesta de medidas económicas de emergencia para afrontar la aguda crisis económica, preservar el empleo existente y generar nuevos empleos de calidad. Partimos de un diagnóstico con el que el profesor dice estar de acuerdo, para luego afirmar que la propuesta de CC es “un verdadero desacierto”, justificando su opinión con un análisis superficial e ideologizado sobre las medidas propuestas.

La primera incongruencia entre la crítica del profesor y sus dogmas libertarios es con relación a la devolución de aportes a las AFP propuesta por CC, que beneficiará más de 1,4 millones de trabajadores desempleados en plena pandemia, en un país en el que no existe ni seguro de desempleo ni servicios adecuados de salud pública.

Al no entrar en un análisis de las cifras, el profesor ignora que la devolución de aportes representa a lo sumo 600 millones de dólares, menos del 3% de los ahorros previsionales, porcentaje que no pone en riesgo alguno las futuras prestaciones del sistema de pensiones.

¿Le parece bien al profe que, solo en lo que va del año, el gobierno haya tomado más de 1.000 millones de dólares de los ahorros de los trabajadores en colocaciones a 50 años para financiar su despilfarro y que el resto vaya a la banca, con un rendimiento por debajo del 4%, mientras la rentabilidad del oligopolio bancario es de dos dígitos?

Bastaría con subir al 4,7% el rendimiento de nuestros ahorros para compensar la devolución de aportes y no afectar las rentas futuras, algo nada difícil si tomamos en cuenta que en nuestro pasado “neoliberal” teníamos rendimientos de dos dígitos.

Otra gran incongruencia del Dr. Saravia es su crítica a la “ley de inclusión financiera” propuesta por CC, en la que planteamos menos regulación al sector financiero. ¿Le parece bien al profe decretar, como lo ha hecho el MAS, que la banca no puede perder ni un centavo de intereses por los diferimientos durante la pandemia, mientras todo el sector real de la economía perdió un gran porcentaje de sus ingresos que jamás recuperará? En CC lo consideramos una injerencia nociva del Estado en el mercado financiero.

Por eso, nuestra propuesta está orientada a incentivar que sea el mercado, en la relación entre proveedor y consumidor de la intermediación financiera, el que defina cuánto debe perder cada parte como resultado de la pandemia. Con relación a las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD), aquellas especializadas en microcrédito que trabajan en la base de la pirámide social y productiva, consideramos que no tiene sentido someterlas de manera tan estricta a las regulaciones de Basilea que dictan gran prudencia en la otorgación de créditos, pues las IFD no captan recursos del público y, si toman malas decisiones al otorgar préstamos, perderán su propio dinero y no el de los ahorristas.

Esta desregulación abrirá el camino a las FINTECH, los créditos on-line, las billeteras electrónicas y otras innovaciones que redundarán en menores costos de transacción, menores tasas de interés y, por consiguiente, mayor dinamismo en la otorgación de nuevos créditos para la reactivación de cientos de miles de emprendimientos privados.

Con relación a nuestra propuesta de un fondo de garantías en la que el Estado toma una parte del riesgo crediticio, es una medida necesaria para suplir la falta de capital de riesgo (venture capital) en nuestro sistema financiero y contrarrestar el resabio de nuestros operadores bancarios, de solo considerar el avalúo del inmueble requerido en garantía y casi nunca financiar una buena idea con un riesgo razonable.

Además de ser un mecanismo de amplia aplicación hasta en los países más capitalistas, aquí tenemos una diferencia conceptual con el fundamentalismo del profe: coincidimos en que el mercado es un excelente asignador de recursos, pero sabemos que NO promueve el desarrollo, simplemente porque eso no es parte de su función utilitaria. Hay vacíos del mercado que requieren ser llenados por el Estado, siempre y cuando sea con eficiencia y transparencia.

El Dr. Saravia se escandaliza con nuestra propuesta de un fideicomiso de 3.000 millones de bolivianos destinado a reactivar la inversión pública, distribuido en partes iguales entre el gobierno central y los gobiernos locales (municipios y gobernaciones). ¿Sabe el académico del primer mundo que el Estado boliviano le debe esa cantidad a las empresas privadas que le proveen bienes y servicios? Es evidente su aversión a las teorías keynesianas del efecto multiplicador de la inversión pública, pero eso no hace que desaparezcan las filas de acreedores de un contratista de obras públicas, verbigracia, que le debe dinero a sus subcontratistas, a sus proveedores, a sus empleados, a la señora que prepara el almuerzo para los obreros, etc., sin mencionar a los bancos, las AFP, la caja de salud y al Servicio de Impuestos Nacionales.

Lo que pretende CC con el fideicomiso propuesto es que se reactive sobre todo la inversión pública municipal y departamental, que son intensivas en mano de obra nacional y en el consumo de bienes y servicios bolivianos, en contraste con la inversión pública del nivel central, cuyos proyectos de elefantes azules son intensivos en capital y en el consumo de bienes y servicios extranjeros, principalmente de la China.

Las propuestas de CC significan “preocuparse por la oferta, es decir, por la producción privada”, como irónicamente reclama el profe, quien también critica dichas propuestas en base a falsedades, quizás por no haberlas leído bien. Dice que nuestras propuestas son “estatistas”, ignorando que hemos planteado una rebaja del IVA al 10% y al 0% para la importación de bienes de capital por dos años.

Confunde nuestra propuesta de pasar a dominio departamental el Impuesto a las Transacciones (IT), para compensar la caída en los ingresos del IDH, con la idea de eliminar el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) para permitir que los dólares que están guardados “bajo el colchón”, cuyo monto se estima alrededor de los 6.000 millones de dólares, fluyan al sector financiero formal. Tampoco hace referencia a la propuesta de CC para racionalizar el gasto y la inversión pública ni a aquellas para iniciar el tránsito a la descarbonización de la economía y orientarla hacia las finanzas verdes.

Afirma, con la mayor incongruencia, que CC le da “palo al MAS por el estatismo y el excesivo gasto, pero, al final del día, proponen más de lo mismo”. ¿Hay algún académico que analice las políticas económicas despojado de fundamentalismos ideológicos y de antipatías políticas?

Miguel Roca es economista, diputado de CC.



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