La Paz, 07 de septiembre de 2024
Los acontecimientos que viven el país respeto al comportamiento de las Fuerzas Armadas y de sus integrantes generan la necesidad de debatir su rol en democracia, las demandas de la sociedad civil respecto al sector castrense y las limitaciones del Estado hacia tan importante institución. Los casos de oficiales militares que se infiltran en entidades de la sociedad civil son cada vez más numerosas y descaradas.
El 22 de julio de 2022 un grupo de ocho jóvenes fueron detenidos por la Policía en inmediaciones de la plaza Abaroa, después de la marcha pacífica convocada por el sector salud y el CONADE junto a otras organizaciones de la sociedad civil en la ciudad de La Paz; posteriormente fueron traslados a un recinto policial acusados por varios delitos e inmediatamente encarcelados.
Se trataba de miembros de la Resistencia Civil La Paz presentados a la opinión pública exhibiendo sus rostros y del cual el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo “grupos de esta calaña deben ser desarticulados”.
Lo llamativo del caso es que fueron detenidas ocho personas, liberadas cinco y procesadas penalmente, tres; se evidenció que los liberados eran integrantes de las Fuerzas Armadas, en calidad de “agentes infiltrados”.
Según se supo por la prensa que dio cobertura al caso, la infiltración sucedió durante más de cuatro meses. Pero los agentes militares encubiertos no solo tuvieron como objetivo la organización juvenil sino también el Comité Cívico pro La Paz. La operación militar –seguramente coordinada desde el mando policial y del Ministerio de Gobierno– reveló una operación destinada a controlar a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia a través de la acreditación de abogados ajenos a la institución, que portaban credenciales para defender a los “presos políticos”.
Finalmente, la operación buscó suplantar a los dirigentes del CONADE (con voceros falsos) y mostrar una supuesta división para desarticular a la principal institución de defensa de la democracia. Otra institución víctima fue ADEPCOCA, cuyos principales dirigentes fueron detenidos una vez dada la quema o autoquema del mercado paralelo, del cual la opinión pública conoce los detalles.
La denuncia del accionar de los militares infiltrados no tuvo mayores repercusiones debido al control que tiene el Gobierno sobre medios de comunicación, fiscalía y jueces.
Las personas detenidas en las cárceles, tanto juveniles, cocaleras e incluso militares (caso Golpe I y II) fueron coaccionados a declarase culpables en procesos abreviados, con sentencias en primera instancia, y posteriormente obtuvieron su libertad, vulnerando su derecho al debido proceso y el derecho a la defensa. Con estas situaciones irregulares el Gobierno ha logrado tener procesos penales con culpables que refuerzan su narrativa y salvar la responsabilidad de la infiltración en organizaciones civiles en plena democracia.
El 26 de junio de 2024, un grupo de militares puso en escena en la plaza Murillo, una parodia de un supuesto golpe de Estado. Como se trata de chivos expiatorios, los sujetos han sido detenidos, encarcelados y pronto serán procesados penalmente. Con la experiencia pasada, se espera que algunos de ellos se “declaren culpables en procesos abreviados”.
Esta pequeña memoria sirve para preguntarse ¿qué está pasando con las Fuerzas Armadas en estos últimos tres años? Considero que la crisis estructural del MAS se expresa en diferentes ámbitos, especialmente el institucional, basta observar lo que sucede con la Asamblea Legislativa, el Órgano Judicial y la institución armada.
Considero que es vital un debate nacional sobre el rol de la institución militar en democracia y encaminarnos a una futura reforma constitucional. Es una tarea pendiente y más cuando los artículos constitucionales vigentes (del 243 al 250) son idénticos a los de la CPE de 1967 (reformda en 2004). El régimen constitucional de las Fuerzas Armadas se mantiene sin cambios durante 57 años y los acontecimientos nos demandan su transformación normativa de forma urgente.