Hampa Vs. prensa

Si personas, o grupos de personas, se juntan para protestar, ese es un hecho noticioso y la obligación de los periodistas es reflejarlo para el resto de la sociedad. A veces, las protestas se tornan violentas y pueden afectar a los periodistas que se encuentran en el lugar del hecho noticioso. Aunque incluya el elemento violencia, este tipo de incidentes son considerados más o menos normales en el trabajo de la prensa.

Pero lo que pasa en Bolivia no es normal.

A nivel general, las protestas ya no son manifestaciones de gente que sale a las calles a expresar su indignación, sino que se han convertido en un recurso eficaz para que delincuentes o grupos de delincuentes cometan delitos y gocen de impunidad.

Si revisamos las protestas de los últimos años vamos a encontrar elementos en común como, por ejemplo, la existencia de grupos de choque en medio de los manifestantes cuya tarea específica es evitar que sus actos delincuenciales sean grabados y, así, se conviertan en pruebas ante un eventual juicio penal. Son estos grupos los que actúan directamente contra los periodistas que, por la naturaleza de su trabajo, son los que graban las protestas.

Veamos lo sucedido apenas esta semana, en Sucre, cuando la periodista Daniela Valdez grababa los sucesos en la Villa Bolivariana, donde varios funcionarios municipales quedaron encerrados por manifestantes: una mujer fue a quitarle el celular y, cuando ella intentó recuperarlo, varios más aparecieron para apoyar lo que en Derecho Penal se llama robo agravado.

Eso mismo ocurrió en Potosí, hace unas semanas, y en dos ocasiones, cuando una periodista filmaba hechos protagonizados por grupos violentos: intentaron quitarle el celular, pero ella logró evitarlo.

Pero estos sucesos recientes no llegaron al nivel de violencia que alcanzaron otros y que permanecen en la impunidad. Recordemos, por ejemplo, que en la misma Sucre un periodista de Correo del Sur recibió disparos de fuegos artificiales que le lanzaron algunos de los manifestantes que asaltaban el edificio de la Facultad de Tecnología.

Entre los casos más graves está la golpiza que sufrió el periodista Mario Rocabado, que cubría los conflictos en La Guardia en noviembre de 2022, porque esto ocurrió ante la mirada impávida de los policías que no hicieron nada para evitarlo. Como en la mayoría de estos casos están involucrados afines al MAS, la impunidad es la regla. Si los llevas a juicio, no falta un fiscal que lavará diligencias, como me pasó a mí con la agresión que sufrí en el Cerro Rico.

Hemos llegado a niveles de inseguridad tan alarmantes que el periodismo es labor de alto riesgo. El Estado heredado de Evo Morales no protege a la prensa, sino todo lo contrario. Por eso tenemos un caso tan emblemático como el de Las Londras, ocurrido en octubre de 2021, en el que los autores de un conjunto de delitos como secuestro, torturas, lesiones, amenazas e intento de asesinato contra periodistas están siendo encubiertos, y hasta protegidos, por la Policía y el Ministerio Público.

Los que atacan a periodistas son delincuentes y los jueces, fiscales y policías que lo permiten son sus cómplices.

 Juan José Toro es Premio Nacional en Historia del Periodismo.