Golpes blandos y sublevación ciudadana

El cisma político que Bolivia experimentó en 2019 se ha instalado en la memoria histórica como un precedente crítico en la defensa de los derechos ciudadanos. Asistimos a un momento en que las reglas y los procedimientos, esas construcciones sociales que, de forma casi tácita adquieren un estatus de certeza para la ciudadanía, fueron puestos a prueba nuevamente con una extraña solicitud jurídica que pretende prorrogar los mandatos de varias instancias del Estado.

La verdad es que cualquier intento de alterar el curso del proceso democrático, particularmente en lo referente a una segunda vuelta electoral, se transforma en un problema político de alta sensibilidad, percibido por la sociedad civil no como una mera chicanería política, sino como la potencial reactivación de una crisis sistémica. La sociedad decodifica esta maniobra como una amenaza directa a la paz social, reactivando mecanismos de respuesta social análogos a los observados en ese convulso año.

El primer efecto de este tipo de acción es una erosión acelerada de la legitimidad del gobierno que resultase de tal maniobra. La legitimidad, ese capital simbólico fundamental para cualquier gobernante, emana directamente de la percepción pública sobre la integridad del proceso que le dio origen.

Manipular sus fases o resultados contamina esta fuente, condenando a cualquier autoridad resultante a una precariedad estructural, desprovista del consenso necesario para ejercer el poder de manera efectiva. El sentimiento de desconfianza que se ha instalado en la ciudadanía boliviana es tan profundo, que cualquier sombra de duda sobre la transparencia electoral es suficiente para activar las alarmas y, con ellas, la movilización ciudadana.

Los eventos de 2019 no solo representaron una coyuntura de protesta, sino que funcionaron como un proceso pedagógico masivo que validó y popularizó un conjunto de repertorios de acción colectiva de gran eficacia. Hablamos de las vigilias, los bloqueos ciudadanos y los cabildos, un verdadero arsenal de la sociedad civil que no requiere mecanismos especializados ni una dirigencia formal para su activación.  Estos repertorios no desaparecieron con la resolución de la crisis; por el contrario, permanecen en un estado de latencia dentro del imaginario social, listos para ser reactivados de manera casi instintiva ante cualquier intento antidemocrático. Un alzamiento ciudadano, como el que derivó en la caída del  gobierno de Evo Morales, es altamente probable.

Un tercer riesgo sistémico emerge del vacío de poder y la anomia institucional que una crisis de esta naturaleza tiende a generar. En un contexto de alta incertidumbre y polarización social, la gente empieza a demandar soluciones rápidas. En este ambiente, a veces desesperado, emergen liderazgos mesiánicos que, con facilidad, pretenden reconstituir el orden social al margen de los contrapesos institucionales de la democracia representativa. Se produce una peligrosa paradoja: segmentos importantes de la ciudadanía, desesperados por la falta de orden, avalan el desmantelamiento de la propia democracia que tanto ha costado construir. Es que, en un momento de crisis, recurrir a una “mano dura” puede parecer atractivo, aunque su precio sea una escalada de violencia social y política.

En definitiva, me parece que una eventual alteración del proceso electoral no debe ser analizada como un evento de segundo orden. Al contrario, todo indica que sería un potencial catalizador de una súbita proliferación de graves conflictos sistémicos. La erosión de la legitimidad, la reactivación de la protesta, el surgimiento de opciones autoritarias y la degradación del capital social son consecuencias interconectadas que amenazan la estabilidad democrática en su conjunto. Estoy seguro de que pocos en Bolivia desearán ver este escenario. Empero, tomar conciencia de estos peligros es el primer paso de su prevención.

Huelga decir que el respeto irrestricto de las reglas de juego democráticas, tanto por los actores políticos como por las instituciones, es el principal factor de contención de riesgos para evitar la repetición de una crisis sociopolítica de la magnitud de la que nos heredó el masismo.

Renzo Abruzzese es sociólogo.