Ahora que los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) volvieron a fungir como jueces de su propia causa para continuar ejerciendo sus cargos (ACP 113/2024-O), controlando ese órgano con su presencia mayoritaria frente a los recientemente electos, la realización de las Elecciones Generales 2025 estaría en riesgo. Esto porque, si el Gobierno, mediante su control sobre la justicia, pudo suspender consecutivas veces las Elecciones Judiciales, no hay razón para pensar que no estaría dispuesto a hacer lo mismo con las Elecciones Generales, en caso de que no esté asegurándose su triunfo.
El vocal Tahuichi Tahuichi Quispe dice que la solución es incorporar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la Ley 044 de Juzgamiento de las Altas Autoridades del Estado, para que, únicamente ante autorización de dos tercios de las Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), puedan ser juzgados por irregularidades en sus funciones. Esto parece ser una buena solución. Sin embargo, implicaría que los vocales ingresen en el régimen especial de inmunidad que se creó, aun cuando esto es contrario a la Constitución. Absolutamente todas las personas deben ser juzgadas por los delitos que perpetran (principio de igualdad ante la ley), más si son servidores públicos quienes, a pesar de que el pueblo boliviano les financia un buen sueldo para proteger los derechos, la democracia y la Constitución, hacen lo contrario. Si lo que se desea es evitar la ingobernabilidad que pueda generarse con constantes procesos, entonces la protección política del Legislativo contra los juicios de responsabilidad pública debe ser únicamente hasta la conclusión del periodo de funciones, para posteriormente poder ser juzgados de forma ordinaria.
La razón por la que los magistrados prorrogados se animaron a cometer delitos de prevaricato con cada una de sus resoluciones de efecto político fue justamente debido a la inmunidad que el Gobierno en función les garantizó mediante los legisladores que lo apoyan. Si el Gobierno en función puede cooptar políticamente a los más altos garantes de la Constitución, no hay razón que haga asumir que no hará lo mismo con los vocales electorales. De ser así, el Gobierno en función podría controlar los procesos eleccionarios y, quien sabe, quizá hasta los resultados de las votaciones. Pero, si las altas autoridades del Estado gozan de la protección política de la ALP únicamente durante el periodo de funciones, añadiéndose además un arraigo automático por un tiempo para que esas autoridades no huyan del país al término de su mandato, podría cumplirse tanto con el propósito de generar gobernabilidad como con la prohibición universal de la inmunidad.
No obstante, cualquier mecanismo que implique una decisión de la ALP sería políticamente inviable, dado que el Gobierno controla la Cámara de Diputados y la Presidencia de la Asamblea. Por lo mismo, pretender aprobar o modificar una ley, o iniciar un juicio de responsabilidades contra los magistrados prorrogados, sería imposible en tal contexto. La única manera de garantizar que las Elecciones Generales se efectúen en los tiempos previstos por el TSE es que los magistrados prorrogados cesen en sus funciones y que se habilite a los suplentes recientemente electos para que funjan como titulares en tanto se elija a los faltantes. Difícilmente las personas se animan a cometer irregularidades en sus primeros días de funciones, por lo que es de confiar que los nuevos magistrados procurarán tomar las decisiones cumpliendo la Constitución y la doctrina constitucional, lo que haría posible garantizar la realización de los comicios.
Pero, ¿cómo lograr que los magistrados re-auto-prorrogados dejen de una vez el cargo que ya no les corresponde? Dado que los mecanismos institucionales y jurisdiccionales están bloqueados por ellos mismos y por el Gobierno en función, todo indica que la única vía democrática que queda es la de la protesta y la presión ciudadana. Si bien una desventaja que se evidenció recientemente es que al parecer el Gobierno también controla a varios medios de comunicación, a través del cuantioso pago por propaganda oficial, existen formas posibles. Una involucra que a las organizaciones políticas les interesa que las Elecciones Generales se lleven a cabo. Ellas, mediante sus militantes y operadores, tienen la capacidad de saturar las redes sociales y los noticieros del país con la protesta contra la permanencia de los magistrados prorrogados, así como la de movilizar gente en caso de ser necesario. Ese esfuerzo, sumado a la motivación natural de los líderes de opinión y de la ciudadanía en general, con seguridad lograría hacer que los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional renuncien o, finalmente, se los expulse.
Carlos Bellott es constitucionalista en temas de organización y funcionamiento del Estado.
El vocal Tahuichi Tahuichi Quispe dice que la solución es incorporar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la Ley 044 de Juzgamiento de las Altas Autoridades del Estado, para que, únicamente ante autorización de dos tercios de las Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), puedan ser juzgados por irregularidades en sus funciones. Esto parece ser una buena solución. Sin embargo, implicaría que los vocales ingresen en el régimen especial de inmunidad que se creó, aun cuando esto es contrario a la Constitución. Absolutamente todas las personas deben ser juzgadas por los delitos que perpetran (principio de igualdad ante la ley), más si son servidores públicos quienes, a pesar de que el pueblo boliviano les financia un buen sueldo para proteger los derechos, la democracia y la Constitución, hacen lo contrario. Si lo que se desea es evitar la ingobernabilidad que pueda generarse con constantes procesos, entonces la protección política del Legislativo contra los juicios de responsabilidad pública debe ser únicamente hasta la conclusión del periodo de funciones, para posteriormente poder ser juzgados de forma ordinaria.
La razón por la que los magistrados prorrogados se animaron a cometer delitos de prevaricato con cada una de sus resoluciones de efecto político fue justamente debido a la inmunidad que el Gobierno en función les garantizó mediante los legisladores que lo apoyan. Si el Gobierno en función puede cooptar políticamente a los más altos garantes de la Constitución, no hay razón que haga asumir que no hará lo mismo con los vocales electorales. De ser así, el Gobierno en función podría controlar los procesos eleccionarios y, quien sabe, quizá hasta los resultados de las votaciones. Pero, si las altas autoridades del Estado gozan de la protección política de la ALP únicamente durante el periodo de funciones, añadiéndose además un arraigo automático por un tiempo para que esas autoridades no huyan del país al término de su mandato, podría cumplirse tanto con el propósito de generar gobernabilidad como con la prohibición universal de la inmunidad.
No obstante, cualquier mecanismo que implique una decisión de la ALP sería políticamente inviable, dado que el Gobierno controla la Cámara de Diputados y la Presidencia de la Asamblea. Por lo mismo, pretender aprobar o modificar una ley, o iniciar un juicio de responsabilidades contra los magistrados prorrogados, sería imposible en tal contexto. La única manera de garantizar que las Elecciones Generales se efectúen en los tiempos previstos por el TSE es que los magistrados prorrogados cesen en sus funciones y que se habilite a los suplentes recientemente electos para que funjan como titulares en tanto se elija a los faltantes. Difícilmente las personas se animan a cometer irregularidades en sus primeros días de funciones, por lo que es de confiar que los nuevos magistrados procurarán tomar las decisiones cumpliendo la Constitución y la doctrina constitucional, lo que haría posible garantizar la realización de los comicios.
Pero, ¿cómo lograr que los magistrados re-auto-prorrogados dejen de una vez el cargo que ya no les corresponde? Dado que los mecanismos institucionales y jurisdiccionales están bloqueados por ellos mismos y por el Gobierno en función, todo indica que la única vía democrática que queda es la de la protesta y la presión ciudadana. Si bien una desventaja que se evidenció recientemente es que al parecer el Gobierno también controla a varios medios de comunicación, a través del cuantioso pago por propaganda oficial, existen formas posibles. Una involucra que a las organizaciones políticas les interesa que las Elecciones Generales se lleven a cabo. Ellas, mediante sus militantes y operadores, tienen la capacidad de saturar las redes sociales y los noticieros del país con la protesta contra la permanencia de los magistrados prorrogados, así como la de movilizar gente en caso de ser necesario. Ese esfuerzo, sumado a la motivación natural de los líderes de opinión y de la ciudadanía en general, con seguridad lograría hacer que los magistrados prorrogados del Tribunal Constitucional renuncien o, finalmente, se los expulse.
Carlos Bellott es constitucionalista en temas de organización y funcionamiento del Estado.
Opiniones relacionadas:
-
29/12/2024
Ruta del pacto Todos los magistrados prorrogados cesan en sus funciones Carlos Bellott -
15/12/2024
Ruta del pacto ¿Elegir o designar a los magistrados judiciales? Carlos Bellott -
01/12/2024
Ruta del pacto ¿Los magistrados del TCP pretenden ser reelegidos? Carlos Bellott -
17/11/2024
Ruta del pacto No se pueden suspender ni anular elecciones Carlos Bellott -
03/11/2024
Ruta del pacto Diagnóstico situacional participativo Carlos Bellott -
20/10/2024
Ruta del pacto Las instituciones no pueden exigir cartas ni memoriales Carlos Bellott
Últimas noticias
- 11/01/2025 Desborde de ríos en Quime: Policía envía bomberos y familias piden ayuda urgente
- 11/01/2025 Marcha evista llega a Calamarca: Gobierno asegura que la justicia no se detendrá
- 12/01/2025 |OPINIÓN|Bolivia: Un país en búsqueda de su transformación|Javier Torres|
- 12/01/2025 |ENSAYO|De cómo Olañeta hizo proclamar a mi antepasado como “el fundador de Bolivia”|Raúl Rivero|
