Fallas elementales del modelo económico

Incluso las voces confrontadas están llegando a una coincidencia preocupante: Bolivia está la antesala de una crisis económica. No será abrupta, sino una agonía prolongada. Los nubarrones amenazantes comenzaron a aflorar con el agotamiento de la bonanza petrolera (2005-2020). La caída de la producción del gas natural afectó de muchas maneras. Los ingresos públicos bajaron, también las exportaciones y; en contraste, las importaciones de combustibles aumentaron, al igual que los gastos destinados a la subvención estatal.

El discurso oficial sostiene que el tiempo de “vacas gordas” ha sido el resultado del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP). La crisis en ciernes será la primera prueba de fuego para el modelo. Aunque, la verdad, no habría que esperar mucho porque sobran razones para concluir que el MESCP no fue diseñado para tiempos de “vacas flacas”.

Una primera evidencia son las excusas del gobierno. Las autoridades convirtieron lo que llaman el “gobierno de facto” de Jeanine Añez en el chivo expiatorio perfecto de la recesión económica. También achacaron a la guerra entre Rusia y Ucrania el endeudamiento y los déficits fiscales de las últimas gestiones. Últimamente, el gobierno de Luis Arce echó la culpa a Evo Morales por el declive de la explotación del gas. Si bien estos y otros elementos forman parte del problema, son secundarios. En realidad, la ralentización de la economía comenzó antes del gobierno de Añez (2019), cuando el crecimiento del PIB no sobrepasó el 2,2%. La invasión rusa ciertamente encareció el barril del petróleo, lo que elevó los gastos de importación de combustibles, pero también mejoró los ingresos por la exportación de gas natural. Y se sobreentiende que los pecados económicos de Evo Morales son endógenos al MESCP.

Estas excusas ocultan una falla elemental del modelo de Luis Arce. Ante todo, el MESCP es un plan de gastos, pero sin un plan de ingresos. Se basa en el supuesto falso de que las rentas extractivas seguirían fluyendo de algún modo, por lo que bastaba un manejo relativamente cauteloso de los gastos públicos. Gastar es mucho más fácil que generar ingresos, por lo que todo parecía ir viento en popa. Hasta cierto punto, gastar con recelo tiene algún mérito. Varios economistas reconocieron la importancia de los índices bajos de inflación o de los bonos sociales para la reducción de la pobreza. Sin embargo, la gestión de egresos no compensa la principal falencia del modelo.

Durante la bonanza, el gobierno improvisó algunos planes para la captación de ingresos. Creó una treintena de empresas públicas y amplió la intervención estatal con el Plan de Industrialización con Sustitución de Importaciones (ISI) para la producción de biodiesel, fertilizantes, urea y derivados de la hoja de coca. Sin embargo, excluyendo los sectores rentables como YPFB o ENTEL, la mayoría de estas empresas públicas siguen siendo deficitarias. También creó el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) para otorgar préstamos al sector privado por cerca de 420 millones de dólares (2022), de los cuales el 72% acabó en manos de agropecuarios. En otras palabras, el BDP, en lugar de incentivar el despegue de economías con valor agregado, reforzó el agroextractivismo, uno de los tres sectores extractivos junto con hidrocarburos y minería.

La crisis comenzó el 2020, pero no apreció de inmediato porque están en marcha varios mecanismos de aplazamiento. El gobierno se endeuda aceleradamente para gastar la riqueza de los próximos veinte a treinta años. Las reservas del Banco Central están casi agotadas. Las inversiones públicas están paralizadas. Los ingresos futuros del litio se están negociando como garantías de solvencia económica. El aplazamiento está funcionando auxiliado por el colchón indirecto de la economía del oro, la agricultura soyera y actividades ilegales como el narcotráfico y el contrabando.

El aplazamiento es pernicioso para la economía, pero necesaria para la clase gobernante. El anuncio de una medida económica incluso moderada, como un leve incremento del precio de los combustibles, desataría una serie de protestas y conflictos sociales con consecuencias imprevisibles. Esto significa que el flujo de gastos públicos seguirá siendo poco flexible en el corto y mediano plazo. Los propulsores del MESCP saben que el mismo adolece de medidas correctivas para tiempos de crisis, pero no estarán dispuestos a asumir los altos costos políticos.   

En pocas palabras, el MESCP de Luis Arce no es más que un modelo de administración de gastos en tiempos de bonanza. 

Gonzalo Colque es investigador de la Fundación TIERRA, experto en temas agrarios y escritor