Estado de excepción, pero irregular

Será porque el distanciamiento físico impide evaluar la picardía ajena, pero últimamente tomo en serio los proyectos de ley. Hablo, por ejemplo, del que busca regular el estado de excepción conforme a nuestra frondosa Constitución.

Ese proyecto da pie a reconsiderar algunas cuestiones de raíz, como la violencia estatal en situaciones límite. Y justo cuando la apariencia de virtud en el mundo nace de predicar el flower power sin importar que el Estado y la fuerza pública –sin santificarlos– sean necesarios a veces para evitar más violencia.

Según los autores del proyecto, se trata de poner piadosamente nuestra legislación a tono con ciertas convenciones de derechos humanos. No obstante, esas convenciones ya rigen sobre la Constitución, así que esa conmovedora razón es, digamos, inútil.

Por otro lado, ese proyecto de ley es del partido (MAS) que se adjudicó la autoría de la Constitución de 2009 de forma un tanto injusta con los asesores españoles que ayudaron a idearla y redactarla. Y precisamente el MAS dictó un estado de sitio en Pando, en 2008.

La actual Constitución no existía, pero el estado de sitio de 2008 estaba sujeto a las convenciones de derechos humanos que nutren aquel proyecto de ley. Y me tinca que el D.S. 29705 dictado para Pando no pasaría el test de esa propuesta de ley o de los tratados que la alimentan. No sea que los proyectistas del MAS profesen el dicho: “hagan lo que yo digo, no lo que yo hago”.

Por ejemplo, el D.S. 29705 prohibió las reuniones políticas, los mítines, manifestaciones, huelgas, bloqueos, el tránsito de personas y, muy puritanamente, las cantinas y los lenocinios. Dudo, además, que el Gobierno en 2008 notificara el estado de sitio al Secretario General de la ONU y a su par de la OEA, cumpliendo el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el de San José.

Pero, más que los meandros jurídicos, me intriga el efecto deseado del proyecto. En principio, nadie defiende la violencia, aunque sea más fácil juzgar la ejercida formalmente y con responsables identificables, que la paramilitar.

Los proyectistas se inspiraron, aparentemente, en las muertes de Senkata y Sacaba. Es una motivación loable, pero no que su desvelo no alcance a las muertes en Montero, en octubre de 2019, originadas en acciones irregulares. O, para ir más atrás, que la muerte de los cooperativistas o la de un viceministro en 2016 tampoco les diga nada.

Este proyecto seguro inmovilizaría al Estado en el límite, pero a los proyectistas no parece perturbarlos el problema mayor que es la creciente informalización de la violencia política. Ya en Cochabamba, en 2000, un oficial en traje de paisano actuó como francotirador con un arma no regular. Los caídos en 2016, entre los cooperativistas y el viceministro, tuvieron un sello semejante. Este proyecto de ley se abanica en esa oscura tendencia a obviar la fuerza institucional, dado que la violencia irregular permite mejor moverse impunemente entre las sombras.

Quizá los proyectistas piensan que si el MAS fuera gobierno la fuerza regular sería innecesaria. O comparten, como dijo Evo aunque se retractara, que con milicias bastaría, sin complicarse por leyes o tratados. Tal vez, bajo un manto de sensibilidad aparente, se trata de castrar al Estado cuando no se lo controla. O de que, si el MAS lo retomara, habría otros medios para la “repre”. La represión que asomó en octubre y a inicios de noviembre de 2019 en Montero o La Paz no fue de uniforme. No se pudo constatar quién la digitó, aunque lo supongamos.

De ahí que este proyecto de ley pueda también entenderse, con malicia, como la aspiración de dejar que la sociedad se arregle sola en casos extremos y venza el más fuerte, el que instaure mejores escuadras en la calle.

A ese panorama, por un tic conservador prefiero el Estado como mal menor. Al menos deja rastros y responsables, incluso cuando se excede, si es democrático y abierto. Es que no digiero bien esa confusión moral que solloza por los derechos humanos, pero ignora los espantos de la violencia paramilitar. O, quién sabe, no los ignora tanto.

Gonzalo Mendieta Romero es abogado.