¿Está el MAS a la altura del desafío?

En los dramáticos momentos que estamos viviendo ya no hay espacio para sofismas y falsas sensibilidades con las que se pretende justificar medidas de hecho contra el Estado de derecho. La realidad es que las lapidarias conclusiones vinculantes de la auditoría de la OEA al proceso electoral expusieron internacionalmente los alcances y la gran magnitud del fraude (ampliamente anticipado por la gente) que además, ahora sabemos, Evo Morales en persona trató de evitar que se conozcan “porque incendiarían al país”.

Un fraude de esta magnitud habría sido imposible sin la participación directa del OEP, del Órgano Ejecutivo, de la Asamblea Legislativa y de la estructura nacional del MAS. El fraude conlleva responsabilidades penales, civiles y administrativas para todos quienes lo apañaron y para la tienda política beneficiada, porque rompe el pacto social de confianza sobre el que se asienta la institucionalidad.

La mayoría de la población boliviana, liderada por sus jóvenes, frenó la consumación del fraude; ante esta (inédita) reacción social, la respuesta oficial ha sido particularmente desprolija y grosera. Puso en marcha otra “estrategia envolvente”: una seguidilla de renuncias de actores políticos clave para crear un vacío de poder, al que acompañó en las calles con una fuerte presión destinada a crear caos y atemorizar a la gente a fin de justificar la vuelta de “Evo presidente para poner orden”; pero descuidaron la salida constitucional de la sucesión por ausencia y abandono, que anuló esa estrategia.

En un intento (¿final?) por mejorar su posición de fuerza relativa, ahora recurren al juego de las dilaciones y de la conflictividad forzada con demandas injustificadas e impertinentes. Parafraseando al Secretario General de la OEA, “no se puede pedir a un pueblo que se deje robar una elección”. Por ello, antes de demandar que las FFAA vuelvan a sus cuarteles y antes de bloquear caminos y vandalizar ciudades para lograr la renuncia de la Presidenta Jeanine Añez, el MAS le debe a Bolivia reconocer el fraude –expresa y públicamente– y pedir disculpas por ello, en especial a sus adherentes que creyeron en la honestidad de su dirigencia y que hoy se movilizan porque no se les dice la verdad sobre la salida de Morales.

Reconocer el fraude es la condición que permitiría conformar el escenario de diálogo pacificador –transparente, abierto y proactivo– que ponga fin a la vorágine de irracionalidad que nos envuelve y que cobra cada vez más vidas. El fraude ha erosionado la credibilidad del MAS y así como no se puede pedir a un pueblo que se deje robar una elección, tampoco es razonable pedirle que acepte imposiciones de quienes estructuraron ese fraude, trataron de taparlo renunciando a sus cargos públicamente con denuncias de “golpe” y hoy se retractan porque “no se leyó la carta” de renuncia. Con estas actitudes, el MAS está a punto de pasar a la historia como la tienda política cuya dirigencia no respetó la vida, nunca honró su palabra, ni actuó con ética, moral o valor civil.

El cerco a las ciudades, las amenazas a las personas para forzarlas a masificar las marchas y el uso demencial de la violencia no reproducirán la victoria del MAS en 2005; al contrario, su creciente irracionalidad está mermando el apoyo interno y externo a ese partido. El Alto, ciudad en la que 70% de la población sobrevive con el comercio y los servicios y que solía apoyar al MAS, ahora está fuertemente afectada por ese partido.

La realidad es que Evo Morales ya no tiene futuro en la democracia boliviana. Cuando menos, no en el futuro inmediato: que retorne pronto a la presidencia del Estado es constitucional, social, geopolítica y legalmente imposible; poner a Morales de candidato en las nuevas elecciones es inaceptable por varios antecedentes directos: el 21F, el forzado fallo habilitante del TPC y el fraude. Y hasta su simple retorno a Bolivia incomodará a todos porque, más temprano que tarde, las responsabilidades por tantos hechos irregulares llegarán hasta él.

Hoy, la patria necesita decisiones, no dilaciones. Pero las decisiones serán las correctas si, y solo si, las prioridades son las de la patria, no la de las tiendas políticas, de grupos de interés ni, mucho menos, de personas. ¿Está el MAS a la altura del desafío? Probablemente no.

Enrique Velazco es director de Inaset, experto en temas laborales y de desarrollo económico.