Errores premeditados

El gobierno de Luis Arce Catacora ha mostrado incapacidad en su intento por Reactivar la Economía a través de la “Reanudación” del Modelo Económico Social Productivo Comunitario (MESPC), la sustitución de importaciones y el constante incentivo a la demanda a cuenta del dinero de los contribuyentes.

En la última semana se han hecho anuncios, tan improvisados y confusos que pueden interpretarse como una muestra de las fisuras del gabinete, en las que cada ministro dispara por su lado sin ninguna hoja de ruta en común que unifique sus esfuerzos. Sin embargo, en el caos muchos expertos ven una torpeza bastante sistemática, Arce puede tener todos los defectos del mundo, pero si se trata de responder a órdenes “superiores” sin hesitación es un experto.

Cuando el Estado se queda sin soluciones para problemas urgentes, crea nuevos problemas diseñados y ajustados a sus soluciones iniciales descartadas, con todos sus pecados. ¿Por qué tomar la puerta principal si podemos utilizar la puerta trasera?

Exactamente, la incoherencia de las cortas explicaciones en torno a:  Nuevas Condiciones para envió y recepción de divisas mediante entidades financieras (20.000 dólares como límite superior), Empréstitos a la Exportación de Carne (10% de la producción total de carne a exportación, saldo al mercado interno) o lanzar un posible Impuesto a los Servicios Digitales se ven así a propósito, porque el problema urgente esta camuflado bajo la superficie: El caída en espiral de las Reservas Internacionales y mantener intocable el Gasto Público.

Las teorías que se fueron lanzando en torno a las dos primeras políticas, directamente relacionadas al Agro del Oriente boliviano, como sector exportador aún en pie tras la crisis de balanza comercial arrastrada desde el año 2014 donde gas y minerales sufrieron reveses consecuencia de una nivelación de los precios internacionales.

¿Estrangular el Oriente?, ejercer un control estricto a las divisas generadas por el sector agro de exportación en Santa Cruz, parecería una estrategia más política que económica. Hacerse de un control de los ingresos y salidas de capitales desde el oriente, para evitar una fuga de capitales hacia destinos más seguros, fuera del acoso gubernamental, no total, pero por lo menos a un punto de incomodar los intereses del empresariado privado en el sector.

Suena a una extorsión que utilizaría el Gobierno bajo la lógica “mirar para otro lado” para “liberar un poco la presión y acoso gubernamental de la “aorta de crecimiento” en la matriz productiva oriental. Forzar una coincidencia de objetivos entre Gobierno y Empresa Privada del Oriente, enmascarando las oscuras intenciones del Aparato Público bajo la consigna: “Sí al Desarrollo, pero en nuestros términos”. Una suerte de Aliados forzosos, obligados a convivir con el secuestrador ante el riesgo de perecer como sector privado perjudicado por los obstáculos de la burocracia y la ausencia de administradores de justicia válidos que puedan dirimir conflictos entre privados o frente al propio Estado.

Aquel que ose levantar la voz frente al Gobierno, seria blanco de Avasallamientos, Disputa Permanente por la Titularidad de la Tierra como propiedad privada frente a sectores afines como los Interculturales, el solo hecho de contemplar una nueva ampliación de la Frontera Agrícola estaría sujeta a la voluntad política, no del ente regulador pertinente conforme a norma, solo por citar algunos ejemplos.

El Poder Político falló no obstante el Poder Institucional Económico está facultado de doblegar a la principal autoridad del departamento de Santa Cruz, Pando y Beni a través de sus sectores empresariales, poniéndolos de rodillas y cuadrándolos bajo una sola línea a partir de los mecanismos antes descritos.

Pero ¿Cuáles serán los Efectos Colaterales desestimados?

Encarecer el acceso a Servicios Digitales que hoy favorecen a emprendimientos pequeños y medianos que buscan sobrevivir en el mercado, a través de la publicidad a costes ínfimos en comparación al alcance generado. Los servicios y actividades complementarias que giran en torno a los servicios de redes sociales, consultoras y empresas de marketing serán alcanzados.

La educación que tiene en las plataformas extranjeras una alternativa para continuar con sus actividades, a pesar de los acuerdos preferenciales con las entidades educativas a nivel primario, secundario y universitaria pueden verse afectados al tratarse también de un servicio digital.

Las empresas que brindan el servicio de aplicativos de “delivery”, son en su mayoría extranjeras, un medio por el cual muchos negocios han logrado terciar perfectamente sus entregas a domicilio, teniendo una presencia variada de aplicativos las alternativas de inversión para estos establecimientos se hacen costeables por el proveedor, sin embargo un impuesto a este nivel encarecería el acceso a este servicio en todos los aplicativos, que no podría ser reemplazado en el corto plazo por empresas nacionales.

Para las empresas extranjeras Bolivia no es per se un mercado del cual dependen sus ganancias, o el cual descoloque sus estados de resultados sin embargo el consumidor boliviano ha encontrado en estos servicios una oportunidad de lucrar, ya sea como sector terciario que vincule aquella parte de la demanda aún sin acceso directo a los servicios digitales mediante “personeros” de carne y hueso con los cuales concretar transacciones.

En ese sentido ni Netflix, Amazon, Google o Microsoft sentirían el nuevo impuesto en Bolivia como un riesgo real, simplemente transferirían el valor de este impuesto a los consumidores a través de un precio que contemple este nuevo impuesto ni más ni menos. Al final el consumidor podrá decidir entre las alternativas disponibles que precio es el más asequible y aún representa sus gustos y preferencias o necesidades priorizadas a ser satisfechas.

La apuesta es clara: el Poder. Ya no tienen posibilidades de saquear a manos llenas y “retirarse” en el exilio de la impunidad, ahora se trata solamente de Prevalecer, más allá de los próximos 5 años. Estructuras hechas de roca sólida, políticas públicas aparentemente aisladas y sin una explicación racional que las justifique, que distraen al ciudadano de lo que sucede bajo la superficie: la construcción del Poder, la catedral que perdurará aún por encima de sus arquitectos.

Carlos Armando Cardozo Lozada es Economista, Máster en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Especialidad en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, Presidente de Fundación Lozanía