Endeudarse para patear todo para adelante

Entre los contratos de préstamos otorgados por los organismos internacionales al Gobierno nacional sobresale uno en particular por su elevado monto. Hace poco, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desembolsó 500 millones de dólares para financiar el “Programa de apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por coronavirus II”. Las condiciones del préstamo establecen un periodo de 10 años de gracia, un plazo de amortización de 23 años y una tasa de interés variable (tasa SOFR). En otras palabras, Bolivia deberá comenzar a pagar el préstamo hacia el año 2035 y liquidar para el año 2058.

El financiamiento está destinado para dos gastos específicos. El primero es el llamado “Bono contra el Hambre” de 1.000 bolivianos, aprobado durante el primer año del gobierno de Luis Arce. El segundo es para la Renta Dignidad que beneficia a personas mayores de 60 años. Los pormenores de esta deuda son por demás llamativos y ayudan a entender la situación delicada de la economía nacional y el rol de los organismos internacionales.

Primero, el BID financia un gasto ejecutado antes de la firma del contrato. El decreto 4392 que aprueba el bono contra el hambre fue firmado el 13 de noviembre de 2020 y los gastos se ejecutaron en el primer semestre de 2021. Aunque esta norma, efectivamente, señala que el financiamiento será tramitado ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial y el BID, lo cierto es que el pago del bono se realizó a cuenta de los fondos públicos. Al parecer, el Gobierno no habría incurrido en un hecho irregular al prestarse dinero para un gasto cerrado porque, al final de cuentas, el BID autorizó el pago retroactivo al momento de suscribir el convenio. El problema está en si es correcto endeudarse para reponer un gasto ejecutado y si está bien financiarlo. ¿Por qué se utiliza el disfraz de un programa social y reembolso cuando en realidad los fondos son de libre disponibilidad?

Segundo, la otra mitad del financiamiento (250 millones de dólares) destinado para la Renta Dignidad equivale solamente a la tercera parte del presupuesto anual que el gobierno necesita para cumplir con esta obligación. Originalmente, la ley establece como fuentes de financiamiento del bono el 30% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y los dividendos de las empresas públicas. Pero sucede que el IDH está de caída, las empresas públicas son deficitarias (excepto uno o dos) y la población beneficiaria no para de crecer. La ley no prevé pagar la renta con endeudamiento externo. Además, el BID tendría que financiar cada año un monto similar si la intención fuese sostener el Fondo de la Renta Universal de Vejez. 

Estos hechos explican por qué crece la protesta ciudadana en contra de las políticas económicas del Gobierno. Muchos reprochamos el uso de los fondos públicos para cumplir promesas electorales como lo fue el bono contra el hambre, pero también perdemos de vista que los organismos internacionales tienen igual o mayor responsabilidad al aprobar créditos para pagar promesas electorales. Se sobreentiende que los organismos internacionales existen para promover programas de desarrollo y no para auxiliar a los políticos en apuros por haber prometido gastos sin respaldo real. En papel, los procesos de evaluación y aprobación de los créditos lucen impecables, por lo que uno pensaría que existen filtros y controles de calidad para detectar cualquier conflicto de intereses. El problema de fondo está en que financiar las medidas económicas vigentes es alimentar el agravamiento de la crisis económica boliviana.

Como es de conocimiento público, el Gobierno está más que desesperado por firmar más y nuevos contratos de créditos con los organismos internacionales. Obviamente, su propósito es sostener lo insostenible: la subvención a los combustibles, el tipo de cambio congelado, la caída de la renta petrolera, la escasez del dólar; en suma, el déficit fiscal.

En consecuencia, los financiamientos otorgados por los organismos internacionales están respaldando la vigencia de estas políticas, cuyas consecuencias negativas solo están siendo aplazadas en el tiempo. Patear todo para adelante no es la mejor opción para Bolivia, pero el gobierno obviamente prefiere mil veces eso, porque no está dispuesto a pagar el costo político que implicaría cualquier reajuste económico.

Endeudarse para cubrir gastos pasados ya es un problema en sí mismo; el otro radica en financiar el aplazamiento y agravamiento de la crisis económica.