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22/08/2021
Articulista Invitado

Encrucijada ¿estar o no estar muertos?

Carlos Armando Cardozo
Carlos Armando Cardozo

“En el largo plazo todos estaremos muertos” con esta frase John Maynard Keynes trataba de menospreciar la legitima preocupación acerca del futuro por parte de los teóricos clásicos. Hoy esta frase describe el más puro sentido del keynesianismo, ya no como escuela sino más bien como dogma.

El gobierno de Arce logró la tan ansiada ley que viabilice la devolución parcial de los aportes de las AFPs, con el objetivo de aliviar la precaria situación económica de los aportantes en situación de desempleo.

Lamentablemente el desconocimiento de los propios trabajadores, consecuencia del oscurantismo con el que el Gobierno desea mantener un tema tan delicado como la jubilación, los lleva a repetir exactamente el libreto que los gobernantes desean difundir. Por un lado, la disposición inmediata de recursos frescos en el mejor de los casos 15.000 Bs. permitiría sortear unos cuantos meses (el equivalente a 6,9 salarios mínimos) a las familias golpeadas por el desempleo y la acelerada merma en sus reservas o ahorros. Por otro lado, el Gobierno sediento por continuar con su inclaudicable incentivo a la demanda agregada ve con buenos ojos que los propios trabajadores soliciten retirar sus recursos para hacer frente a una crisis por encima de las capacidades del Gobierno y la voluntad política de los pequeños círculos de poder oficialista.

Negocio redondo, Arce tiene para “bicicletear” o patear el problema un par de meses más adelante, recordemos que hasta la fecha no fue capaz de implementar el bono electoralista ofertado en campaña, así de mal estamos.

Para empezar, el ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, afirma que se tienen 3.900 millones de bolivianos (560,34 millones de dólares) con un potencial de atender 4.000 millones de beneficiarios del Sistema Integral de Pensiones (SIP). Sin embargo, las cifras publicadas por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) dan cuenta que al 31 de mayo 2021- última actualización - se tiene tan solo 427,74 millones de dólares americanos en recursos de alta liquidez, por ende, es necesaria una descapitalización para convertir inversiones por un monto de 132,6 millones de dólares americanos siguiendo las declaraciones de Montenegro. En relación al número de beneficiarios, según el informe de inversionistas institucionales de la Bolsa de Valores Boliviana (BVB) se tiene 2.446.462 participantes activos, es decir aportantes que trabajan o están en situación de paro actualmente, debiéndose descartar a los jubilados con pago de pensiones en curso que ascienden a 174.354 personas (APS), muy por debajo de las cifras del ministro.

Por otro lado, si el objetivo es beneficiar a 4 millones de personas con la devolución parcial de sus aportes, el ministro está lejos de lograrlo a partir de esos 560,34 millones de dólares americanos con los que ya se contaría. Siendo optimistas se podría beneficiar a tan solo 290.000 trabajadores: 100.000 de estos con un capital acumulado menor a los 100.000 Bs, otros 100.000 de estos con un capital acumulado superior a los 100.000 Bs. que tienen como tope el retiro de 15.000 Bs y finalmente 90.000 de estos accederían a una devolución íntegra por tener un capital menor a los 10.000 Bs.

¿Por qué priorizar en este escenario los niveles superiores? Sencillamente porque movilizan más recursos, por ende, la capacidad de consumo será mayor y el multiplicador keynesiano se encargará en filtrar esos recursos hacia gran parte de la economía (Consumo y Ahorro simultáneamente). Un escenario con la actual disponibilidad de liquidez en el SIP (427,74 millones de dólares) tan solo podría beneficiar a 217.704 trabajadores: 80.000 de estos que cuenten con un capital acumulado mayor a los 100.000 bolivianos, 80.000 de estos que cuenten con un capital acumulado menor a los 100.000 y solo 57.704 recibirían devoluciones integras de su capital acumulado al ser este menor a los 10.000 bolivianos. Nuevamente lejísimos de las cifras que el ministro maneja.

Ahora bien, suponer alegremente que los recursos serán utilizados para invertir en lugar del gasto es una falacia propia de la burocracia de escritorio ajena a la realidad. Estamos hablando de capitales entre 1.436,78 - 2.155,17 dólares americanos que solo cobrarían sentido como inversiones en el sector comercial informal, escapando a toda esa presión tributaria que esfumaría ese pequeño capital en trámites, licencias, permisos y papeleo propio del infierno fiscal boliviano.

¿Queda alguna duda que este es otro intento para quemar ahorros en la demanda agregada?

Finalmente, es importante mencionar que la cartera del SIP esta invertida en un 94.28% en el mercado local boliviano. Nuestros miedos se terminan por confirmar cuando tan solo 7 tipos de activos representan el 88,14%: DPFs con y sin cupones (en Moneda Local) por 4,997 millones de dólares americanos y 4.656 millones de dólares americanos, Bonos del Tesoro General de la Nación no Obligatorios por 2.452 millones de dólares americanos, Cuota de Fondos Cerrados (en Moneda Local) por 1.546 millones de dólares americanos, Bono a Largo Plazo (en Moneda Local) por 1.118 millones de dólares americanos, Cupones del Tesoro General de la Nación (en Moneda Local) por 1.195 millones de dólares americanos y Bonos Bancarios Bursátiles por 485 millones de dólares americanos.

Los recursos giran en circuitos cortos dentro del Sistema Financiero (DPFs) o bien giran en circuitos largos mediante la inversión en Fondos instrumentalizados para financiar por ellos en:  PYMEs, Sectores Productivos como la Quinua o en definitiva Unidades Empresariales. Los sendos préstamos realizados al TGN son recursos cuyo cumplimiento se va dilatando alargando la deuda pública interna y dejando a las AFPs con papelitos más no utilidades, dividendos e intereses sobre el capital.

Apostar a un colapso del sistema económico boliviano se perfila como una opción más que probable, debilitamiento del sistema financiero producto de los diferimientos de créditos y las cuotas de crédito exigidas desde la Administración Pública sin considerarse la presión sobre la liquidez del mismo. La impresión de masa monetaria inorgánica parece ser la única forma de responder ante la falta de alternativas disponibles, inflación-deterioro inmediato de los activos financieros cotizados en moneda local, duro golpe a la riqueza de los trabajadores en manos de las AFPs.

Última Advertencia, la muerte es inminente a menos que burlemos la tentación del corto plazo.

Carlos Armando Cardozo Lozada es Economista, Máster en Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Especialidad en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, Presidente de Fundación Lozanía



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