La segunda ola del coronavirus parece ser más letal que la
primera, con la agravante de que, aquí y en cochinchina, la gente ya no aguanta
cuarentena alguna y, para peor, muchos no quieren cumplir ni las mínimas normas
de seguridad como el uso de barbijo y alcohol, la distancia social y el lavado
permanente de manos.
Adicionalmente, los administradores del Estado, especialmente en el nivel central, incurren cotidianamente en negligencia criminal, pues están más preocupados en denigrar a sus predecesores, copar los espacios de trabajo con sus militantes y pedir a la ciudadanía “aguantar” que enfrentar la epidemia. En muchos casos, están botando a un personal que adquirió experiencia en el combate al coronavirus en su primera etapa.
Consecuencia de esa actitud es que hay retraso en la llegada de las vacunas que se han lanzado al mercado y los estamentos burocráticos tardan en autorizar medicamentos que en otras regiones del mundo ya se usan para paliar los efectos del coronavirus. Mientras tanto, los contagios y muertes aumentan y están por colapsar, de nuevo, los hospitales públicos y privados del país.
Además, esa actitud negligente les quita autoridad para liderar campañas de educación y, más aún, sancionar a quienes infringen las normas que emiten los municipios y las gobernaciones.
Los ciudadanos, hombre y mujeres, tenemos también nuestra parte de culpa porque actuamos, en muchas ocasiones, con absoluta irresponsabilidad. Por ejemplo, parte del incremento de los contagios se debe a los viajes de promoción y fiestas de graduación que se realizaron al concluir la gestión pasada. Padres y madres de familia, estudiantes, directores de establecimiento educativos, así como ejecutivos de agencias de viaje, aportaron en niveles importantes a que la segunda ola nos esté afectando con tanta virulencia.
También lo hacen quienes incumplen las normas básicas de seguridad y, al hacerlo, no sólo se exponen a contraer el virus, sino a diseminarlo y contagiar a quienes los rodean. Peor quienes por consignas de orden ideológico o religioso realizan actos públicos en contra, por ejemplo, del uso del barbijo. Y todos gozan de absoluta impunidad.
En los medios de comunicación el coronavirus también nos somete a pruebas. Sin duda, la responsabilidad de estar presentes en el desarrollo de los sucesos ha hecho que muchos colegas mueran afectados por el coronavirus y otros tantos se encuentren contagiados. Esa disposición al trabajo exige que nuestro homenaje se traduzca en acciones concretas que ayuden a que más temprano que tarde se pueda controlar la pandemia.
En ese sentido, además de que los colegas que cubren las noticias deben extremar el cumplimiento de las normas de seguridad, es necesario que, a la hora de difundir noticias, testimonios y análisis, se dé prioridad a aquello que ayuda a evitar situaciones de pánico. Sin embargo, muchas veces nos gana la tentación de lo espectacular. Utilizando el ejemplo de un periódico argentino, se informa en el titular y el lead que 23 personas fallecieron luego de recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik… obviamente, es una noticia alarmante, pero, si se lee la nota completa, se ve que se trata de 23 personas de las más de 100.000 que vacunaron.
Desde otro enfoque, los medios, sobre todo los audiovisuales, son utilizados como agencias de quejas, y los colegas, seguramente por la presión que reciben, asumen un papel de dignatarios que instruyen a autoridades y ciudadanos qué hacer sin que importen las leyes. Esto se observa, por ejemplo, en las quejas por el corte de servicios como agua, gas o internet por falta de pago. Problema que el conductor de algún programa considera inadecuado e instruye a alguna autoridad relacionada con el área prohibir dichos cortes. Ni qué decir en estos tiempos de inscripciones escolares, cuando luego de difundir las quejas de presuntos dirigentes de padres de familia instruyen a las autoridades del Ministerio de Educación reducir el monto las pensiones mensuales. Obviamente, uno siempre tiende a ser generoso con dinero ajeno.
En fin, en esta etapa de la pandemia no nos cansemos de exigir a las autoridades de gobierno actuar con responsabilidad y no en función de sus intereses de corto plazo y sectarios, advirtiéndoles de que dependerá de cómo actúan en estas circunstancias su proyección o su defenestración. Y, por nuestra parte, asumamos la responsabilidad ciudadana de cuidarnos y cuidar a quienes nos rodean.
Juan Cristóbal Soruco es periodista.