El MAS tiene otra vez 2/3 en el Parlamento

La elección de Roger Mariaca como Fiscal General del Estado Plurinacional, el 21 de octubre pasado, marca un hito de importancia política ya que se logró con el apoyo de las alas evista y arcista del MAS, junto con los disidentes de las bancadas de Creemos y Comunidad Ciudadana.

El MAS tuvo mayoría en la Asamblea entre 2006 y 2009. Para la elección general de 2020, si bien Luis Arce obtuvo una votación del 55% de los votos, su fuerza política se materializó en una representación parlamentaria del 58%.

El logro de la mayoría absoluta para la elección del Fiscal muestra a un MAS dispuesto a unirse en temas de interés común, pero además de poder sumar a diputados y senadores desgajados de la oposición.

Un segundo aspecto que da mayor relieve a esta “articulación” es la notable capacidad territorial que ha logrado el bloqueo de los seguidores de Evo Morales, bloqueos localizados en Cochabamba y con un impacto hacia el oriente y occidente del país. La presencia de gente armada en el puente de Ichilo, los disparos realizados a policías en cercanías de Challapata y las amenazas de actuar con violencia desde el Chapare, perfilan la presencia de una organización territorializada que cuenta con el absoluto beneplácito de la Policía y las Fuerzas Armadas, es decir de sus mandos, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Gobierno. Esta capacidad de movilización de las organizaciones masistas las denominamos con mucha precisión como “golpes de calle” en octubre y noviembre de 2019 y que hoy se repiten.

Dicho esto, puedo afirmar que el MAS no es solo una organización política, sino una estructura criminal con capacidad de generar violencia en espacios geográficos específicos.

Otro elemento que se acumula a los anteriores componentes de la coyuntura boliviana descrita son las elecciones judiciales del próximo 1 de diciembre, para la que se observa que la tendencia mayoritaria del voto favorecerá a los de progubernamental. La forma de acceder a las propuestas de los candidatos es limitada, de manera que la elección no será de calidad.

La elección judicial viola el derecho a la libre expresión de los candidatos. No existe debate debido a las limitaciones constitucionales y electorales que existen y que dificultan una verdadera competencia electoral.

Las presentaciones de los candidatos limitadas a tres preguntas con un tiempo extremadamente corto de respuesta, organizadas por influencers de redes sociales, no llenan el espacio de difusión de historias de vida, ideas y propuestas de los futuros máximos operadores de justicia.

Creo que en este terreno las posibilidades de continuidad son mayores a la elección de nuevos perfiles que lleven adelante la reforma de la justicia y una trascendental administración del Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional.

El escenario analizado se completa con las elecciones generales del 17 de agosto de 2025, en las que las posibilidades de triunfo mayoritario del MAS son escasos, pero no imposibles, debido a la ausencia de un fuerte contrincante opositor.

Si bien la alternativa al MAS debería recoger toda la vitalidad política de la ciudadanía democrática expresada en un voto compacto en casi todos los departamentos del país, las posibilidades de triunfo de una fracción opositora introducen más dudas que certezas respecto del futuro de un nuevo gobierno, de un cambio en la economía y la profundización de la democracia.

Puedo concluir que el MAS puede volver a ganarnos si vemos por una parte el bloqueo territorializado y cuasi armado del evismo; la articulación de 2/3 en el Parlamento para pactar la elección de un nuevo Fiscal General; las mayores probabilidades de éxito de los candidatos azules en las elecciones judiciales y la articulación de una candidatura del MAS que no cede un milímetro de su voto duro y vaya por el voto dubitativo de la gente frente a los tímidos esfuerzos opositores por organizarse y asistir divididos a la contienda electoral.