El mal mayor

Un Estado que no controla toda la extensión de su territorio, es un Estado no solamente débil y fallido, sino también cómplice de poderes paralelos ilegales que controlan territorios donde las fuerzas de orden público no tienen siquiera pisada.

Sucedió eso durante muchos años en Colombia, cuando la alianza entre la guerrilla de las FARC y el narcotráfico controlaba una parte sustancial del territorio por donde se establecieron los corredores de trasiego de la droga. Todo esto estuvo cubierto de un discurso político de impostura: las FARC seguían hablando del “pueblo” mientras protegían al narcotráfico y se beneficiaban económicamente para comprar armas, vehículos, medios de información, parlamentarios, policías, etc.

Lo mismo sucede en el Chapare bajo la conducción del cacique Evo Morales, que protege a narcotraficantes bolivianos, brasileños, mexicanos o colombianos en una zona inexpugnable. Morales está pertrechado detrás de barricadas de gente que sabe que el negocio de la droga puede acabarse si penetra el ejército. Recordemos que Morales es autor intelectual directo de la tortura y el asesinato del teniente de Policía David Andrade (26 años), de su esposa Graciela Alfaro (19 años), y de los sargentos Silvano Arroyo y Gabriel Chambi asesinados después de haber sido secuestrados por cocaleros comandados por Evo Morales y su pareja Margarita Terán. Toda la familia Terán ha estado involucrada en narcotráfico.

A nadie en Bolivia le queda la menor duda (hay datos oficiales de Naciones Unidas) de que el Chapare es la zona de mayor producción y tráfico de cocaína en Bolivia. Ahí ha construido su imperio Evo Morales, que cuenta con la red de emisoras Kawsachun Coca (financiada por el Estado, es decir por todos nosotros), un aeropuerto de nivel internacional (también financiado por el Estado), y otras instalaciones que garantizan la autonomía de esa zona frente a los intentos de intervención del gobierno, que sin embargo ha logrado asestar algunos golpes en años recientes: varios centenares de fábricas de cocaína destruidas, decomiso de toneladas de droga y precursores, incautación y destrucción de pistas clandestinas, etc. Apenas se ha rasmillado un poco.

Ni un solo “pez gordo” del narcotráfico ha sido apresado en el Chapare, apenas unos cuantos empleados de bajo rango, y algún traficante pequeño o piloto de avioneta colombiano, brasileño o paraguayo. Es como si existiera un “pacto de no agresión” entre el gobierno de Arce y Evo Morales. Y las consecuencias de no haber actuado a tiempo las estamos viviendo ahora, porque con el dinero del narcotráfico y con la impunidad territorial, Morales está golpeando en varios lugares del país al mismo tiempo y el gobierno de Arce solo acierta a poner en evidencia su carácter pusilánime.

La descomposición social que ha vivido Bolivia en la segunda semana de junio está directamente relacionada al intento desesperado del cacique del Chapare de mantener su impunidad en su zona de seguridad, con el argumento de que su candidatura presidencial ha sido vetada.

Llallagua es el ejemplo más cercano y emblemático en estas semanas: cuatro oficiales de policía asesinados (tres con disparos y uno masacrado a golpes), dos muertos en la población civil, numerosos heridos, asaltos a comercios, casas e instituciones del Estado. La población de esa ciudad está amenazada y aterrorizada por campesinos violentos con armas de fuego, que siguen consignas de Evo Morales. Cuando llegó finalmente el ejército el jueves, la gente aplaudía. Pero no es sólo esa ciudad minera. En todo el país, pero sobre todo en zonas que controla Evo Morales, hay bloqueos de carreteras y grupos peligrosamente armados, que pretenden impedir que arribemos en paz social al día de las elecciones generales.

Todos los bolivianos saben que Evo Morales está legalmente inhabilitado, y no por una sola razón, sino por varias. Para empezar, no tiene sigla partidaria porque Pan-Bol (la que compró) obtuvo menos del 3% de la votación en las anteriores elecciones generales. Segundo, porque el tribunal constitucional falló claramente en contra de una nueva reelección de este sujeto. Tercero, porque Morales tiene sentencia y mandamiento de apremio por pederasta.

A lo anterior deberían sumarse, de una vez, procesos por uso indebido de bienes del Estado, cooperación con el narcotráfico, malversación de fondos cuando era presidente, asesinato de los esposos Andrade, encubrimiento de corrupción (Fondo Indígena y otros), y más de un centenar de causas absolutamente probables y probadas, que son las mismas por las que se aferra al último resquicio de poder que tiene. Al igual que Cristina Fernández de Kirchner, que quería ser nuevamente candidata a la presidencia de Argentina para liberarse de las sentencias por enriquecimiento ilícito, Evo Morales quiere forzar su candidatura para conseguir unos años más de impunidad. No tiene otra motivación.

Con la cara de cemento de siempre, Evo Morales dice en su radio Kawsachun Coca que él no está alentando la violencia que ya ha causado muertes, destrozos y daños económicos. Niega que sea su voz la que se escucha en la grabación de WhatsApp que fue difundida por uno de sus propios acólitos, el dirigente Rudy Capquique, donde instruye bloquear rutas para la “batalla final”. Varias instituciones verificadoras han comprobado que no se trata de una fabricación con inteligencia artificial, como afirman sus vasallos, sino de la voz de Evo Morales. Lo mismo sucedió en 2019, cuando se reveló el audio y video donde instruyó “cercar las ciudades” después de haber digitado el fraude original: Morales se negó cobardemente, pero tres diferentes peritajes, el último de ellos en la fiscalía de Colombia, probaron la autenticidad de su voz. Traje personalmente ese peritaje desde Bogotá para entregarlo a la canciller Karen Longaric. Lamentablemente el ex fiscal general, Juan Lanchipa, escondió los peritajes que le fueron entregados. ¿Dónde está Lanchipa ahora y cuándo pagará sus culpas?

Morales tiene costumbre de dar instrucciones por teléfono, y las dos que he mencionado arriba no son sino una pequeña muestra de su discurso de odio. Hay centenares de grabaciones que no han sido todavía reveladas, pero ya saldrán a la luz cuando las últimas ratas abandonen el barco del evismo.

Mientras el cacique cobarde no sea apresado y encarcelado en cumplimiento de la sentencia y del mandamiento de apremio que pesa sobre él, el país seguirá convulsionado, con un costo muy alto de víctimas y daño económico. Y peor aún, el riesgo de sabotear las elecciones.

@AlfonsoGumucio es escritor y cineasta