El público ha acogido los datos del censo con gran escepticismo. Algunos líderes políticos y cívicos han manifestado su incredulidad y, sobre todo, su decepción porque esperaban que con mayor población tendrían también más recursos por coparticipación y más chambas de diputados para los amigos. ¿No se habrán precipitado en sus apreciaciones?
No nos referiremos a las varias anécdotas divertidas, compartidas entre amigos y familiares, acerca del día del censo. En todos los censos, aquí y en otros países, hay siempre un margen de error, con habitantes que no han sido censados. Lo que se espera es que el error sea tolerable.
Varios controles cruzados deben ser aplicados a los datos del censo para validarlo. Tanto la consistencia interna, apoyada en las respuestas a la boleta censal, como la consistencia externa, cotejando con otras fuentes de datos como las del SERECI, deben ser verificadas. Las explicaciones del ministro Cusicanqui de una caída en la natalidad, de un aumento en la mortandad y la emigración son plausibles, pero deben ser sometidos a un test riguroso con los datos.
El argumento, frecuentemente empleado para restarle validez al censo, es el de que sus datos no corresponden a las proyecciones, que había hecho con anterioridad el INE. Las proyecciones se calcularon con extrapolaciones basadas en el censo anterior, que pueden haber estado muy alejadas de una estimación precisa. Es muy conocido por los econometristas (yo pertenezco a esa cofradía) la crítica de Robert Luces, profesor de la Universidad de Chicago, que advierte que estudios basados en el pasado no siempre proporcionan una buena predicción del futuro, porque no toman en cuenta el comportamiento optimizador de los agentes económicos. Por otra parte, las proyecciones basadas en datos históricos capturan muy mal los efectos de shocks exógenos de magnitud, como los causados por la pandemia del Covid19. Son las proyecciones las que están equivocadas y puede ser que el censo no lo esté.
La caída en la natalidad es un fenómeno universal. Los jóvenes tratan de optimizar el tamaño de sus familias, tomando en cuenta los costos directos e indirectos de un niño adicional. Mayor educación, mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, anticonceptivos accesibles para las familias, aún de bajos ingresos, explican también este descenso de la natalidad.
Los datos oficiales de mortandad tienen un problema de subregistro, mayor que para los nacimientos. Tenemos la experiencia con los decesos causados por el Covid19 que fueron groseramente subestimados, como ha sido la experiencia de muchos países y no solamente del nuestro.
En cuanto a la emigración se sabe muy poco. Informaciones anecdóticas nos dicen que municipios enteros de Potosí y Oruro se han vaciado porque sus habitantes se han ido a Argentina y Chile. Con los datos del censo se podrá verificar si esta conjetura es correcta. El número de bolivianos en Estados Unidos y en Europa, especialmente en España, ha estado también en aumento, como lo revelan las manifestaciones televisadas. En las clases medias, prácticamente todas las familias tienen al menos un miembro en el extranjero.
Más importante que las cifras absolutas del censo es tratar de entender las razones de la emigración. ¿Es la situación económica la que está causando la expulsión de nuestros conciudadanos? ¿Hay factores políticos y sociales que están incitando la salida fuera del país?
Las objeciones al censo se basan en razones equivocadas y no son necesariamente técnicas. Recibir menos transferencias por coparticipación que las esperadas no es necesariamente malo. Obliga a los gobiernos subnacionales a atenuar la pereza fiscal, haciendo un esfuerzo para hacer tributar más. ¿Cuáles de las cuatro ciudades del eje troncal tienen catastros actualizados que les permitirían recaudar más por impuesto a los inmuebles? ¿Cuánto están recaudando por impuesto a los rodados, habida cuenta de la gran expansión del parque automotor?
En cuanto al número de diputados, no hay que dejar de lado que ellos son representantes nacionales, aún si su elección tiene base departamental. Sus obligaciones son con el país y no solamente con sus campanarios.
Juan Antonio Morales es PhD en economía.