El capital no determina el crecimiento, el empleo sí

La idea respecto a qué determina el crecimiento, orienta las políticas económicas lo que, a su vez, define los efectos sociales, políticos y ambientales del crecimiento. Para el capitalismo industrial, que consideraba que la producción definía el crecimiento, el nivel de empleo era un indicador fundamental, tanto por su vínculo y aporte directo a los procesos productivos, como por la capacidad de consumo que los salarios otorgan a los hogares (“la causa del desempleo es la falta de demanda”). De ahí que, el pleno empleo, era uno de los objetivos centrales de las políticas económicas.

Desde 1970, el neoliberalismo privilegia el rol del mercado como el ordenador de la economía, y supone que los factores de producción (capital y trabajo) se remuneran por su valor de mercado según la oferta y la demanda; asume que al ser el es el factor escaso, define el nivel de la oferta, y que los precios se ajustan para lograr el óptimo beneficio (al capitalista) del uso del “factor trabajo”. En lugar del pleno empleo, introduce la “tasa natural de desempleo” que debilita a los sindicatos y desmorona la remuneración al trabajo.

El FMI y el BM –militantes promotores del neoliberalismo–, en 2014 estudiaron los efectos de estas políticas en el desarrollo, respecto a las tendencias registradas hasta 1970; encontraron un deterioro en las tasas de crecimiento, en el empleo, y en la concentración de la riqueza como resultado directo de la financiarización de las economías. Pero antes que el FMI/BM realizaran estos estudios, en 2009 presentamos –en las “Tertulias Empresariales de INASET”, un ensayo con el mismo nombre de esta nota, que analiza la existencia o no de una relación directa entre el crecimiento del PIB y el de la inversión (¿todo el capital es inversión?). Dado que la calidad de los datos empleados sería un factor decisivo en otorgar credibilidad a los resultados, utilizamos las cuentas nacionales de los Estados Unidos desde 1929 porque son, muy probablemente, las series de datos más completas y auto consistentes disponibles a nivel mundial, y cubren prácticamente un siglo de historia económica.

Además, y muy relevante para nuestro análisis, la política económica de los sucesivos gobiernos en EEUU, se alinea rápidamente a las ideas económicas dominantes en el ámbito académico. El estudio inicial cubrió 1929-2008, con actualizaciones posteriores al 2012, 2016 y 2023. El lector interesado puede encontrar los detalles técnicos en los documentos de los estudios.

Los resultados son contundentes: las tasas de crecimiento del PIB tienen un comportamiento muy diferente a las de crecimiento de la inversión –total o por puesto de trabajo–, lo que demuestra, primero, que la forma matemática de la supuesta relación teórica entre inversión y crecimiento no es correcta, y, segundo, que, en general, en la economía real no hay una relación funcional directa entre las tasas de crecimiento del PIB y las de la inversión. La inversión influye en el PIB, pero es secundaria y está condicionada por muchos factores del contexto.

Lo novedoso, es que crecimiento del PIB, puede ser calculado exactamente como la suma de las tasas de crecimiento del empleo, de la remuneración promedio al trabajo, y a la distribución primaria del ingreso. Este resultado es particularmente relevante porque la magnitud de cada uno de estos indicadores tiene “influencias” diferentes desde ámbitos no económicos: el contexto internacional, la política social, los intereses sectoriales, etc., factores que son (y están) totalmente ignorados por los modelos académicos. Más aún, explica de manera racional y coherente, las “anomalías” en el comportamiento de la economía estadounidense, que la teoría vigente no puede explicar.

Aplicar esos conceptos centrales (empleo, producción, productividad, remuneración, consumo) a la realidad boliviana, resulta muy ilustrativo. Veamos un ejemplo. En 2017 las series de datos del PIB y la encuesta de empleo del INE, indican que ese año había 495.500 personas ocupadas en la industria manufacturera; su aporte al PIB fue de 3.908 millones de dólares y la productividad laboral 7.886 dólares por empleado. Por su parte, la Encuesta Empresarial INE/CNI para ese año (solo empresas matriculadas en Fundempresa), contabiliza 88.300 trabajadores, 3.356 millones de dólares al PIB, y productividad de 38.005 dólares. Por diferencia, los cuentapropistas que trabajan en manufactura, serían 407.200, aportan al PIB 552 millones de dólares, y su productividad 1.355 dólares ($110/mes) es de apenas el 3,6% de la productividad de las empresas matriculadas.

El drama de esta realidad, es que, salvo muy contadas excepciones, los “forzados emprendedores” –que serían el 80% de los ocupados en la industria, y el 85% de la población ocupada total, ocultan un masivo subempleo empobrecedor, porque generan ingresos comparables a la línea de pobreza. Ningún proyecto extractivista –mutún, litio, gas, oro, etc., podrá cambiar esta realidad porque no son intensivas en empleo y no crean riqueza, simplemente generan rentas. En general, pone en evidencia que, el drama de Bolivia, es que desprecia su activo más valioso: su gente.

La productividad laboral media de América Latina está entre 20.000 y 30.000 dólares; en Bolivia, son apenas 6.000 dólares. Anualmente, alrededor de 140.000 jóvenes ingresan al mercado laboral, pero menos de 30.000 encuentran empleo formal. De ahí que, la economía real, aporta unos 700 millones de dólares cada año, que inciden en 1,5% al crecimiento, si el PIB son 42.000 millones de dólares.

Creando anualmente 60.000 empleos con la productividad media de América Latina (25.000 dólares, aprox.), el valor agregado y el consecuente crecimiento de la demanda aportarían 2.250 millones de dólares, que, respecto a nuestra economía de 2024, sería un crecimiento real del 5.3%. Son metas totalmente accesibles en sectores ampliamente citados como la industria, turismo y gastronomía en términos de capacidad y potencialidad, pero será necesario eliminar, por ejemplo, los impuestos que se trasladan al precio de los productos (encarecen los productos nacionales en 35%) de manera que los paga la gente, pero a costa de recortar su capacidad de consumo en más de 6.000 millones de dólares al año: en un mercado tan pequeño, la obsesiva presión recaudadora del SIN es absurda (añade el déficit a la lista de temas); terminar el tipo de cambio fijo; rediseñar todas las competencias autonómicas para que “lo local” sea co-responsable del desarrollo productivo; despertar a las “casas superiores de estudio”; formalizar un nuevo pacto entre Estado, Empleados y Empresas (E3) que, en general, reconozca y premie la creación de empleo digno y la generación de valor en un marco institucional blindado de los excesos de la “buro-tecno-parasito-cracia”, y, sobre todo, blindado de la putrefacta justicia (García Linera dixit), en tanto avanza su reforma estructural. Y la lista sigue.

Nunca antes tuvo tanto sentido eso de que toda crisis es una oportunidad: la que se inicia, será una gran crisis, pero nos ofrece la mejor oportunidad porque ahora sabemos que la respuesta es dar a nuestra gente, en cada punto de nuestra geografía, las oportunidades y las garantías que tienen en el resto de Latinoamérica, EEUU, Asia o Europa, pero superando esas realidades al tener metas coherentes de equidad (así sea por interés de alimentar la demanda). Tenemos la gente y tenemos los recursos para sacar a Bolivia de la profunda crisis a la nos llevaron los “políticos”, pero debemos esforzarnos por entender la economía como es, así contradiga a la teoría, partiendo de la idea que el dinero no hace al emprendedor, “el dinero sigue al emprendimiento”.

Desarrollaremos estos y otros aspectos relevantes en una serie de notas, mostrando que ya no hay espacio ni oportunidad para medidas parche, menos para discursos, vacíos de compromisos reales con el desarrollo productivo y con el bienestar de los hogares.

Enrique Velazco Reckling, Ph.D., es Director Ejecutivo de INASET