En Bolivia las sospechas de corrupción lo abarcan todo,
desde la compra de un tornillo hasta la construcción de una Casa del Pueblo.
Nadie se libra. Las denuncias tocan lo mismo a neoliberales que a socialistas e
incluso a indigenistas. El Ama Sua es solo un saludo a la Wiphala, que ni el
más originario de los originarios practica.
Y así nos va. Cuando apareció en el horizonte la candidatura de Evo Morales, allá por el año 2002, primero, y luego el 2005, la esperanza estaba centrada en que, posiblemente, un hombre de origen humilde, aunque de actitud soberbia, y que además pregonaba los sabios principios de las culturas originarias, podía convertirse en la solución a ese “problema más importante del país” –la corrupción– que aparecía siempre como señal de alarma en las encuestas.
Pero más tardó Morales en entrar que en salir la primera denuncia, con todo y un asesinato que hasta ahora permanece entre sombras: el famoso caso Catler, que en 2009 no solo sacudió al gobierno, sino que llevó a la cárcel a uno de los principales dirigentes y, eventualmente, herederos del liderazgo en el Movimiento al Socialismo.
Lo que sigue es un recuento de nuevos casos. El de la inefable Gabriela Zapata, amante, novia, supuesta madre, contacto y vaya uno a saber cuántas cosas más, que apareció repentinamente en el radar de la información y provocó el que sin duda fue uno de los escándalos más sonados de la gestión de Evo Morales, el novio.
Aunque las románticas “pruebas de amor” y del más mundano “tráfico de influencias” fueron evidentes, en esta historia, hasta donde se sabe, solo salió perdiendo la novia, que pasó de exhibir los fajos de billetes mal habidos en sus conocidos mensajes por el chat y aparecer en las portadas de las publicaciones reservadas para la reducida elite de “celebridades” del país, a un espacio -posiblemente privilegiado – en uno de los centros de detención femenina de la ciudad de La Paz.
Ni qué decir de doña Nemesia Achacollo, indígena ella, que fue responsable de un desfalco multimillonario nada menos que en el sacrosanto Fondo de Desarrollo Indígena, el famoso FONDIOC, donde supuestamente todo debía realizarse conforme a esos mismos principios del Ama Sua y demás, que fueron incorporados incluso por la Organización de Naciones Unidas a solicitud del gobierno que no los puso en práctica ni siquiera para canalizar recursos hacia obras de impacto social en comunidades nativas.
Ya en los primeros años, algunos mandos intermedios como Abel Mamani, quien había desarrollado su carrera sindical como un imperturbable dirigente en la ciudad de El Alto, había tenido un primer desliz, de esos que otros también tuvieron, pero que no se reportaron, cuando siendo Ministro de Aguas, aprovechó una misión oficial a Europa, para oficializar sus amoríos viajeros con la asesora legal de su despacho. De los resultados de la misión se conoce muy poco. Lo que se sabe es que la pareja la pasó muy bien con el uso de fondos públicos.
La enumeración de casos investigados de corrupción o abuso podría llegar a tranquilamente a 20, más de uno por año en la larga gestión del MAS y Evo Morales en el gobierno, entre los que ocupa un lugar no menor el del convoy de 33 camiones que el 2008 evadió un puesto de control fronterizo de Pando. Nada sabe cuál era la carga de los camiones, aunque todos sospechan que entre los interesados figuraba un tal Juan Ramón Quintana, ex ministro y hombre poderoso en el esquema masista, actualmente asilado en la residencia de la Embajada de México en La Paz.
Dicen que el ejercicio abusivo del poder es una forma de corrupción y vaya que en los catorce años pasados hay innumerables muestras de aquello. En los extremos, la construcción de la Casa del Pueblo, un espantoso bloque de cemento y vidrio –aunque dicen que con algunos motivos tihuanacotas– impuesto en el mero centro histórico de la sede de gobierno.
Casi 40 millones de dólares invertidos en una edificación absolutamente innecesaria y, hay que decirlo, de pésimo gusto. Mientras fue un espacio reservado exclusivamente para Evo Morales, no se conocían mucho los interiores de esta mole digna de figurar en alguna página vergonzosa de la historia de la arquitectura boliviana, pero una vez que su primer morador salió huyendo, todo mundo pudo comprobar que no solo era fea por fuera, sino también y mucho más por dentro.
A lo sumo, esta construcción que desgraciadamente no se podrá demoler, sirvió para el desplazamiento diario de su majestad, el Presidente, a bordo del helicóptero que, a las cinco de la madrugada lo aerotransportaba de la residencia oficial, ubicada a menos de tres kilómetros del centro del poder, por la módica suma de unos 400 dólares –gasto en combustible– a su despacho faraónico. Después se explicó, aunque obviamente de manera no muy convincente, que el helicóptero servía para evitar un inexistente el “congestionamiento vehicular” en la madrugada y para garantizar la seguridad –nunca amenazada– del mandatario.
Del lujo tihuanacota al “persa” hay unas cuantas cuadras. Basta descender por las empinadas arterias paceñas, desde la Plaza Murillo hasta la esquina de las calles Loayza y Mariscal Santa Cruz, para encontrarse con otro Palacio, el del heredero al trono, Luis Arce Catacora, que seguramente pensó en quedarse muchos años más al mando de las finanzas públicas del país y que, precisamente por eso, mandó a comprar alfombras persas para su despacho y muebles en los que se invirtió realmente una fortuna.
Pero el ahora candidato del MAS a la presidencia no solo gastó plata que no era suya en lujos que sí eran suyos, sino que al menos tiene una historia más que sospechosa de corrupción en su paso, también muy largo, por la cartera de Hacienda.
Durante su gestión en Hacienda, Arce quiso reemplazar a las administradoras de pensiones por una gestora pública –por suerte no lo consiguió porque a estas alturas los fondos de jubilación de los bolivianos habrían tenido seguramente otro destino– y para ello invirtió un montón de dinero en consultorías, en compras que presuntamente no se concretaron y en la contratación de sistemas de software con sobreprecio.
La denuncia es reciente y va camino de convertirse en una enorme mancha sobre la trayectoria del hombre que ejercía presión sobre publicaciones internacionales para figurar como el mejor ministro de Finanzas de la región.
Pero ahora son otros tiempos y, por lo que se sabe, tendrá que rendir cuentas por haber aprobado la compra en 10,9 millones de dólares, por el alquiler –¡alquiler, no compra!– de un sistema de software que inicialmente le había sido ofertado a la mitad de precio. Arce habría autorizado concretar una operación con un sobreprecio de más de cinco millones de dólares, porque en una primera, la misma empresa ofreció el software en la mitad de precio.
Con certeza, Arce no figurará nunca en el primer lugar del ranking regional de ministros de Economía, pero si todo en el caso citado se demuestra –como parece claro– estaría cerca de aparecer en la lista de los presuntamente más corruptos.
A menos de ocho semanas de la fecha probable de las elecciones, es bueno que la población sepa por quiénes va a votar y cuál fue su verdadera trayectoria o prontuario, según el caso, para no repetir errores, ni encubrir responsabilidades y mucho menos mantener vivos mitos como ese de que los socialistas habitan el castillo de la pureza y no en palacio de la soberbia y los abusos, o el de que por el solo hecho de ser indígena se es respetuoso del Ama Sua.
Hernán Terrazas es periodista.