Despojo de tierras y marcha indígena

La XI “Gran marcha por la defensa de nuestro territorio, identidad y cultura de nuestros pueblos”, que en el momento de la publicación de este artículo ya habrá llegado a Santa Cruz, expresa la protesta de los pueblos indígenas de las tierras bajas que, a poco tiempo de haber iniciado el proceso de recuperación de una parte de lo que fueran sus territorios —y a partir de ello conservar su identidad y su cultura—, constata que están en serio peligro de perderlos.

Durante el proceso de discusión de la Ley INRA (Ley 1715), a mediados de la década de 1990, las organizaciones indígenas de tierras bajas plantearon la demanda de “territorio”, entendiendo por tal la posibilidad de ejercer derechos sobre el suelo, subsuelo y vuelo en la perspectiva de lograr el control efectivo de todos los recursos naturales —incluidos los no renovables—, reivindicando, a la vez, que dichos territorios se rijan por sus propias normas y costumbres.

Para el gobierno de entonces, este planteamiento era inadmisible pues se orientaba a lograr el reconocimiento de “naciones dentro de la nación boliviana”; por lo que, finalmente, la Ley INRA no reconoció el concepto de “territorio indígena” antes mencionado, sino que incorporó el concepto de “tierras comunitarias de origen”(TCO), como un derecho de tierras de propiedad colectiva, pero sin derecho absoluto sobre la totalidad de las tierras demandadas, y menos, derecho pleno a la propiedad de los recursos naturales renovables y no renovables.

De esta manera, el neoliberalismo reconoció los derechos legalmente adquiridos por propietarios particulares (agrícolas, ganaderos y forestales) cuyos predios se encontraban en las TCO, así como los derechos de explotación de los recursos no renovables mineros e hidrocarburíferos por parte de “terceros”, situación que el gobierno del MAS —que se considera o es considerado como indígena y antineoliberal— no cambió.

En efecto, si bien la Constitución Política del Estado (CPE) aprobada en 2009 incorpora el denominativo de “territorio indígena originario campesino” (TIOC), éste sigue restringiendo la propiedad de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales no renovables y constitucionaliza los derechos legalmente adquiridos por propietarios de predios en los TIOC. En este sentido, la denominada “integralidad” del “territorio indígena originario campesino”, pregonada por la CPE, queda limitada al derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley (es decir, con las restricciones que ésta determina o determine a futuro), a la consulta previa e informada, y a la participación de beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios.

El cambio de nombre de “tierra comunitaria de origen” a “territorio indígena originario campesino” no ha significado cambio alguno en relación con la demanda histórica de los pueblos indígenas de las tierras bajas sobre derechos en relación a propiedad del suelo, subsuelo y vuelo, en la perspectiva de lograr el control efectivo de todos los recursos naturales —incluidos los no renovables— en sus territorios. En otras palabras, no existen cambios encaminados hacia una real y efectiva autodeterminación de estos pueblos indígenas.

La conformación de TCO en las tierras bajas dio rienda suelta a planteamientos orientados a señalar que en éstas se podría reproducir una suerte de “economía indígena” o un particular “modo de producción indígena”, pues estos territorios se convertirían en una suerte de “murallas chinas” capaces de evitar la presencia de la economía de mercado en los mismos. Las denuncias de los pueblos indígenas de las tierras bajas en relación al “avasallamiento” de sus territorios demuestran lo contario, puesto que reflejan las distintas formas de avance de la economía mercantil y del propio capitalismo en sus territorios, las mismas que son promovidas por el gobierno del MAS a través de sus políticas en el ámbito agrario, minero, hidrocarburífero y energético. 

La constante expansión de pequeñas, medianas y grandes unidades productivas agropecuarias de propiedad de “terceros”, que cohabitan en las TCO de las tierras bajas, y de las actividades agrícolas y ganaderas del entorno de los territorios indígenas, está induciendo a un proceso paulatino de pérdida de territorio, sea a través de mecanismos extraeconómicos de avasallamiento violento o mediante el mercado de tierras (arriendo o venta de tierras).

Una reciente investigación señala, por ejemplo, que muchas comunidades indígenas, cercadas por la expansión de cultivos de soya, han terminado alquilando prácticamente casi la totalidad de sus tierras a pequeños, medianos y grandes productores capitalistas, recibiendo a cambio rentas miserables, como consecuencia de la ausencia total de apoyo al desarrollo de los pueblos indígenas de las tierras bajas por parte del denominado “Estado Plurinacional”.

Pero, además, estos procesos de desposesión de tierras de comunidades indígenas los promueve el gobierno del MAS de manera directa, a través de la dotación de tierras a falsos campesinos disfrazados de interculturales en tierras de las TCO o en áreas aledañas a las mismas. Buena parte de estas tierras dotadas por el INRA terminan siendo incorporadas, como se sabe, al mercado, produciéndose nuevos frentes de presión sobre los territorios indígenas.

Estas son, en parte, las razones por la cuales los pueblos indígenas de las tierras bajas se han visto obligados a movilizarse, reivindicando nuevamente en las carreteras su territorio, su identidad y su cultura.

Enrique Ormachea Saavedra es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).