Daño ambiental y reparación: la demanda contra REPSOL

El jueves 11 de enero pasado, una firma de abogados, que representa a la Fundación Holandesa de Derechos Ambientales y Fundamentales, interpuso una demanda por mil millones de dólares contra la empresa petrolera REPSOL, a la que responsabiliza por el derrame de petróleo en las costas peruanas que se produjo el 15 de enero de 2022.

En la prensa internacional de hace dos años se informó que durante el proceso de descarga de crudo del barco italiano “Mare Doricum”, procedente de Brasil y que atracó en una de las terminales de la refinería La Pampilla (operada por REPSOL), se había producido la rotura de mangueras submarinas de gran volumen y después de varios días se detectó que millones de litros de petróleo crudo se habían vertido al mar y no al complejo industrial refinero.

La noticia causó impacto en Perú por el inmenso daño ambiental que generó ese accidente. El ingeniero Ian Vásquez Rowe, docente de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica de Lima, afirmó en un documento publicado que en el derrame se produjo el mayor vertimiento de barriles de crudo en la costa del Perú: “… unos 12.000 barriles se comenzaron a extender lentamente por las playas e islotes de las provincias de Lima, Callao, Chancay y Huaral. Cientos de mamíferos y aves marinas fueron afectados, cuatro especies de la zona han dado un peligroso paso hacia la extinción y miles de familias, principalmente dependientes del sector turístico y pesquero, perdieron sus sustentos de vida”.

El Congreso peruano, a través de una Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres, emitió en abril de 2022 un informe oficial que transcribe la postura del Ministerio del Ambiente que afirma que “desde la ocurrencia de la emergencia generada por el derrame de hidrocarburos, el ministerio intervino con sus organismos adscritos en la atención del desastre ambiental”; y que “desde un inicio se interpusieron medidas administrativas para que la empresa REPSOL cumpla sus obligaciones ambientales y que también se iniciaron los procedimientos sancionadores para el cobro de las multas respectivas por el delito de contaminación tipificado en el Código Penal”, a lo que se sumó una demanda civil planteada contra la empresa por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pidiendo la indemnización por el daño ambiental generado.

Esos acontecimientos desembocaron en la presentación de una demanda ante un tribunal de La Haya; la firma de abogados fue Pogust Goodhead, especializada en derecho ambiental, en representación de la fundación holandesa, que reunió miles de firmas de los afectados, entre ellos pescadores, vendedores, guías de turismo, y en general, habitantes del distrito de Ventanilla donde se encuentra la mencionada refinería.

Dicha firma, que mediante un comunicado público aseveró representar a unos 34.000 damnificados, con anterioridad, el año 2015, presentó demanda contra la empresa británica BHP por la rotura del dique en Minas Gerais (Brasil) que derramó 40 millones de metros cúbicos de residuos minerales, representando en aquella ocasión a más de 200.000 personas damnificadas.

Para el caso que involucra a REPSOL se prevé una primera audiencia en el mes de junio de este año en La Haya donde se determinará si la demanda procede en dicha jurisdicción; los demandantes asumen que la empresa REPSOL Perú B.V tiene su domicilio y registro legal en Países Bajos (Holanda). Según información de prensa digital, el bufete de abogados espera que la empresa demandada opte por la conciliación con las víctimas antes de un largo y costoso proceso judicial.

Por su parte, REPSOL emitió un comunicado indicando su desacuerdo con la demanda interpuesta fuera de la jurisdicción peruana; destaca haber destinado más de 1.000 millones de soles (unos 269 millones de dólares) en tareas de limpieza, remediación ambiental y compensaciones a los afectados y agrega que el mar y las playas aledañas han retornado a condiciones óptimas.

Como se sabe, en los últimos años la visión protectora del medio ambiente ha ido creciendo. Activistas como la joven de nacionalidad sueca Greta Thunberg y organizaciones como Greenpeace o WWF reclaman contra las grandes corporaciones que realizan actividades industriales con efectos nocivos contra el medioambiente y sus protestas se extienden muchas veces contra los gobiernos, a los que se acusa de ser complacientes con esas actividades.

Ahora son también los bufetes de abogados especializados los que ponen énfasis en demandar –por cuenta de sus representados– a las grandes corporaciones cuando se producen daños ambientales de consideración, como es el caso que comentamos. También es evidente que en todo el mundo el derecho ambiental ha tenido un amplio desarrollo. Bolivia no es la excepción desde que se promulgara la Ley de Medio Ambiente (1992) y una serie de reglamentos ambientales aplicables a diversos sectores económicos.

Lo sucedido en las costas peruanas en enero del 2022 nos debe convocar a ajustar la regulación y control de actividades industriales que pueden afectar al medio ambiente y a numerosas poblaciones que soportan y sufren efectos nocivos contra su hábitat. Es pertinente también anotar que en nuestro país se deben erigir tribunales especializados para conocer y resolver reclamos por daños al ecosistema. En lo sucesivo, en Bolivia y en el mundo entero cobrará mayor importancia que nunca el derecho ambiental pues para nadie es desconocido que el cambio climático produce efectos dramáticos que el planeta ya está viviendo.

Walker San Miguel R. es abogado.