Cuando la celebración sustituye a la gestión

En las postrimerías de un gobierno, lo esperable es la presentación de informes, balances y evaluaciones serias de gestión. Sin embargo, la administración diplomática actual parece haber optado por otro camino; el de los gestos vistosos, los reconocimientos innecesarios y los anuncios tardíos de proyectos bilaterales que llevan casi una década en el olvido. Mientras las burbujas del champagne inundan los salones de la Cancillería, en el altiplano boliviano las aguas del Suches se desvían, los bofedales se cercan y los comunarios fronterizos quedan desamparados.

La frontera boliviano–peruana, con sus 1.173 kilómetros, es la segunda más extensa que tiene Bolivia. De ese total, 697 kilómetros corresponden a lo que los especialistas llaman “límite húmedo”: ríos, lagunas y humedales que requieren atención constante y trabajo técnico delicado. Allí se encuentra uno de los puntos siempre sensibles: el bofedal al que llega el río Suches y donde, a la altura del hito 14, su cauce se bifurca en dos brazos conocidos como Raya o Cololo. Este cuerpo de agua ha sido objeto de debate y negociación desde principios del siglo pasado, pero en los últimos años la parsimonia de la Cancillería boliviana ha sido preocupante.

En diciembre de 2017, las comisiones mixtas de Bolivia y Perú acordaron avanzar hacia un manejo conjunto e integrado de ese recurso natural. Fue un paso prometedor pues se planteó realizar estudios hidrográficos, definir parámetros técnicos y comprometerse, incluso, a evitar nuevas ocupaciones o enmallados en la zona en controversia. Pero lo que vino después fue la nada. La parte boliviana dejó que el acuerdo se disolviera en la rutina burocrática, sin dar continuidad al proceso ni exigir cumplimiento de los compromisos. Desde entonces, los pobladores de Pelechucho (Bolivia), los ubicados cerca del bofedal, observan cómo sus pares de Cojata (Perú) avanzan sobre el bofedal, con alambrados y modificaciones del curso del agua; mientras la Cancillería apenas envía tímidas notas verbales, muchas veces extraviadas en la demora de las respuestas.

La Ley 404, de 18 de septiembre de 2013, declara de prioridad del Estado la conservación y uso sustentable de los bofedales. Sin embargo, en la práctica, esa obligación se ignora. Las denuncias de comunarios bolivianos sobre agresiones, incursiones armadas y enmallados ilegales se acumulan en los archivos ministeriales, pero rara vez se traducen en acciones diplomáticas firmes.

A esta negligencia se suma la virtual ausencia de coordinación interna entre la Cancillería y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que trabaja en diagnósticos técnicos sobre la cuenca sin articular con quienes deberían canalizar esos hallazgos en la mesa bilateral.

La fragmentación institucional debilita aún más la posición boliviana, dejando campo libre para que informes peruanos presenten al brazo occidental del Suches como límite arcifinio, lo que, paradójicamente, podría resultar más favorable a Bolivia que al Perú. Pero ni siquiera esa ventaja es aprovechada, porque la Cancillería carece de estrategia, constancia y diplomáticos al frente de las negociaciones.

Los antecedentes históricos y técnicos son claros. Expertos peruanos, en 2018, reconocieron que el brazo occidental del Suches es el cauce principal por razones geomorfológicas, lo que fortalece la posición boliviana. A ello se suman planos oficiales de 1912–1913 que, interpretados con rigor, también favorecen a Bolivia. Sin embargo, en lugar de consolidar esa ventaja, la diplomacia nacional ha permitido que la narrativa peruana avance, dejando la impresión de que los comunarios bolivianos son los agresores, mientras el enmallado crece y el bofedal se reduce.

La Cancillería tiene la obligación de articular la buena vecindad, la convivencia pacífica y la defensa de los recursos hídricos compartidos. Pero el contraste entre lo urgente y lo accesorio es cada vez más visible. Por un lado, se organizan homenajes, reanudaciones protocolares y eventos que buscan visibilidad mediática. Por otro, se posterga indefinidamente la resolución de problemas concretos en la frontera, donde el silencio diplomático se traduce en un retroceso en la presencia del Estado y en la indefensión de los propios ciudadanos.

No se trata de negar la importancia del ceremonial diplomático ni de la cortesía protocolar, pero cuando el adorno sustituye a la gestión y el acto social ocupa el lugar del trabajo técnico, la política exterior deja de ser un instrumento de defensa de intereses y se convierte en un espectáculo. Y mientras tanto, en el bofedal del Raya o Cololo, las aguas siguen corriendo, los cercos siguen levantándose y los campesinos bolivianos continúan esperando que alguien en La Paz levante la voz más allá de los brindis.

Javier Viscarra es diplomático y periodista.