Censo: Incompetencia impune y manipulación discursiva

Hasta hace un par de semanas el Gobierno afirmaba que el censo era prioridad nacional y que el INE garantizaba su realización en noviembre de 2022. De pronto, el Concejo de Autonomías “sugiere” la postergación y horas después el Gobierno decreta que el censo debe realizarse “entre mayo y junio de 2024” aunque, según algunos, significa “hasta” esa fecha.

En los hechos, a pesar de las voces de rechazo a la técnicamente injustificada postergación de casi dos años, el Gobierno da por definido que el censo será en junio de 2024 usando, como argumento central que, la Comisión Internacional de Alto Nivel (CIAN) “recomendó que lo mejor para garantizar las buenas prácticas y resultados es que el censo tenga más tiempo y que se realice en 2024”. 

Los voceros del Gobierno, encabezados por el portavoz presidencial, toman la recomendación de la CIAN como base para abundar en detalles sobre la complejidad de las tareas a realizar en la fase precensal y que justificarían plenamente la postergación: levantamiento cartográfico, boleta censal, límites territoriales municipales, censo de prueba, socialización, etc.

Pero la CIAN es una comisión creada en 2021 para acompañamiento al censo y no tiene ninguna responsabilidad operativa o técnica: su tarea es velar por la transparencia, calidad e idoneidad del empadronamiento “mediante el seguimiento a las actividades realizadas en todas sus fases para detectar necesidades de apoyo que puedan presentarse en el camino”. 

Entonces, la forma correcta de interpretar la recomendación de la CIAN es que el Gobierno no cumplió las actividades del calendario censal presentado a esta instancia el 2021 y por ello estima que, en esas condiciones, el INE no podía realizar –en 2022– un censo que pase los niveles mínimos de calidad. Más aún, el que considere razonable postergarlo por casi dos años, es una clara señal adicional que, para la Comisión, el Gobierno (INE) no tiene la capacidad de realizar las tareas pendientes en un tiempo menor.

Pero a diferencia del mensaje comunicacional del oficialismo, que busca imponer la idea que las tareas necesarias obligan a los nuevos plazos, la realidad pura y dura es que el Gobierno (INE) ha tenido 10 años para planificar, concertar y realizar el censo 2022; ni siquiera la crisis del COVID-19 en 2020, que podría haber paralizado ciertos trabajos de campo, puede haber afectado todas las tareas de gabinete que hubieran sido planificadas. 

En consecuencia, en relación al censo, hay al menos dos hechos punibles cometidos por las autoridades. Primero, ocultar el incumplimiento de las tareas asignadas, bajo minuciosos detalles de los contenidos y problemas o de los resultados esperados, es una acción que constituye una irrespetuosa manipulación discursiva para ocultar la evidente incapacidad e incompetencia para sacar adelante un censo “pertinente y oportuno”. 

Segundo, se conocen todas las personas que, desde 2013, tuvieron responsabilidades políticas y técnico-operativas en la planificación, coordinación, dirección y ejecución del censo 2022. Llegamos a la situación actual porque algunos de ellos fueron incompetentes para planificar y asignar responsabilidades y tareas y otros fueron incompetentes para cumplir con las tareas asignadas; al final del día, los políticos electos que designaron a funcionarios incompetentes, son también directamente responsables. Todos ellos son corresponsables de daño económico, además de las otras responsabilidades específicas que una rápida auditoria a las decisiones vinculadas al censo 2022 (o la falta de ellas desde 2013), podría identificar.

Es decir, en este tema, tenemos todas las herramientas para exigir conocer cómo, por qué y por quiénes llegamos a la situación actual. Después de todo, en 2021 el director del INE ya dijo que el censo se realizaría en 2024 y por las experiencias de abusos legales y electorales sería ingenuo ignorar que es muy posible que la postergación del censo tenga algún grado de interés en retrasar hasta 2030 los ajustes políticos y fiscales que implican los resultados del censo.

“No puedo entender” por qué toleramos la incompetencia impune de quienes usan y abusan el Estado para beneficios particulares: ¿alguien recuerda cuál fue el castigo (si lo hubo) para quienes causaron la crisis del agua en La Paz el 2016? ¿Quién es responsable de los varios cientos de millones de dólares gastados en piscinas de evaporación para el litio que ahora serán inútiles con los procesos de extracción directa? ¿Las pérdidas en arbitrajes? ¿FONDIOC? ¿Los resultados financieros de las empresas públicas frente a los esperados en los respectivos estudios de factibilidad? En fin, circula una lista con varias decenas de casos de corrupción con daño económico al Estado que, desde 2006, suma ya miles de millones de dólares: ¿cuántos responsables siguen impunes?

Ni frente a casos de derroches multimillonarios o a medallas con oro que los diputados tienen el cuero de regalarse porque “nos debemos al pueblo boliviano” (Freddy Mamani dixit), la ciudadanía ha tenido la capacidad de cumplir su deber de “hacer cumplir” la Constitución Política del Estado, señalando a los incompetentes e imponiendo que se apliquen los castigos establecidos en la ley contra quienes han causado daños sociales y económicos por su incompetencia, y contra quienes han permitido que esos incompetentes asuman cargos públicos.

La disyuntiva: o eres parte de la solución o eres el problema. Permitir la incompetencia impune facilita la manipulación discursiva; quien controla el discurso, controla los acontecimientos.

Enrique Velazco Reckling, Ph.D., es investigador en desarrollo productivo