Burguesía azul y querella por la acumulación estatal de capital

Las contradicciones ideológicas y políticas entre el ala evista y arcista dentro del MAS son mínimas pues la batalla fundamental es por el “poder”, es decir por quién se queda con la sigla para competir por el gobierno en las elecciones del 2025 y acceder a la acumulación estatal de capital. Mientras tanto, se han alternado entre estos grupos para hacerse de los recursos económicos de los que dispone el gobierno en estos 18 años.

La economía boliviana es pequeña y endeble, tiene en los precios de exportación de las materias primas su principal ingreso, junto a la recaudación tributaria y aduanera, empero, es un botín significativo para los grupos políticos.

Los ingresos y la inversión pública están centralizadas, la formación del excedente es convergente, el déficit fiscal negativo es neutralizado con la contratación de deuda externa e interna, es decir, hay una acumulación estatal de capital disponible y cuyo uso se convierte en el “botín” a ser administrado. Cuando se elude a tener el poder se alude a controlar este proceso de acumulación y disposición de recursos económicos para beneficio propio.

Por lo anterior se puede explicar la vigencia de una burguesía de Estado, un grupo de funcionarios públicos que disponen de la acumulación estatal de capital y cuya dirección ha cambiado de manos, en tres oportunidades durante estos 18 años. De 2006 a 2019 Evo Morales, 2019 a 2020 Jeanine Añez y 2020 a 2023 Luis Arce.

El gobierno de Jeanine Añez, en su faceta económica, merece un estudio muy detallado, sin embargo, dio continuidad al modelo del MAS, a sus políticas económicas, limitadas por el tema de la pandemia del Covid-19. El gobierno de Luis Arce está constituido por otro núcleo humano que ha segregado de los puestos estatales de dirección al grupo de Evo Morales.

Durante 14 años se formó en Bolivia una nueva élite azul, del “vivir bien”, compuesta por el círculo íntimo de colaboradores de Evo Morales, que dispuso de una acumulación de capital nunca antes administrada por gobierno boliviano alguno. Por ejemplo, en 13 años el Producto Interno Bruto (PIB) nominal del país creció 327% y llegó a 44.885 millones de dólares en 2018. Su “colchón financiero” (reservas internacionales, depósitos y aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones AFP), subieron a 53.269 millones de dólares. La renta petrolera global en el período 2006-2019 fue de 38.343 millones de dólares.

A la sombra de esta bonanza económica se realizaron inversiones que no dieron resultados positivos para la economía del país; se utilizaron bienes y servicios de forma permanente y dispendiosa; se generaron nuevas fortunas; nuevas alianzas con sectores empresariales; se fortalecieron los acuerdos corporativos con cooperativistas mineros, agronegociantes, sectores cocaleros, contrabandistas e informales.

Durante estos años no importaron los resultados y beneficios, sino los gastos y ejecuciones de proyectos. Ahí tienen el caso del Fondo Indígena que consistió en la transferencia de recursos fiscales a privados, disponiendo cada año el 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH en un monto acumulado de más de 700 millones de dólares destinado a la producción de alimentos. Evidentemente se hicieron los desembolsos de recursos para los proyectos demandados por los dirigentes campesinos, interculturales, indígenas, afros y bartolinas, generando una gran estafa al grado de que la producción campesina año tras año se contrae y el sector representa apenas el 1% del PIB. No se invirtió en la producción de alimentos sino en la corrupción del sector.

Y ahora, el gobierno de Arce planea la inversión en 150 plantas productivas, base de su proyecto de “industrialización”. En realidad, se trata de un puñado de proyectos para dar soporte a la explotación del litio (Industria Boliviana Química); incrementar las capacidades de EMAPA para contrarrestar el alza de precios de la industria privada soyera; y fundamentalmente para sustituir la importación de combustibles mediante la producción estatal de aceite de palma africana para mezclarlo con diésel, lo que conllevará a los primeros cultivos masivos en tierras fiscales de la región amazónica.

Lo que genera incertidumbres y dudas acerca de la viabilidad de estas 150 plantas productivas es la falta de estudios de pre y factibilidad, transparencia en las inversiones e información sobre contratos, como los del litio.

En el caso del biodiesel que el gobierno pretende producir, los costos son un interrogante, por ejemplo el proceso Hydrotreated Vegetal Oil HVO tiene un precio elevado de producción. O en el caso de compra de aceite de soya, el mismo es producido en Bolivia demandando una cantidad significativa de diésel subvencionado para las maquinarias que intervienen en el complejo oleaginoso privado: ¿con cuánto diésel se subvencionaría la producción de aceite de soya para la mescla con diésel? ¿Es rentable y relevante?

La inversión estatal en las 150 plantas de la supuesta industrialización será el alimento de esta burguesía estatal que se apropia del excedente estatal de capital para gastos e inversiones que les sirven primero a ellos y luego al interés del bien común y de la nación.

La estafa a través de las inversiones públicas y las responsabilidades por sus resultados son dos procesos que bien los gobernantes han sabido separar en la vida económica y jurídica del país. Cuando esta brecha se cierre definitivamente, tendremos la seguridad de que los proyectos e inversiones estatales estarán orientados al bien común, mientras tanto la certeza de que hay una apropiación espúrea de los dineros públicos por parte de esta burguesía estatal y parasitaria está plenamente justificada.