El título de este artículo es una traducción libre de la recomendación neoliberal en inglés “Get your prices right”. No por ser neoliberal deja de tener pertinencia. Los combustibles y la mayor parte de los alimentos son comercializables en el comercio exterior, lo que quiere decir que pueden ser importados o exportados. El precio correcto para estos bienes es el precio internacional, corregido, cuando corresponde, por los costos de transporte y otros costos locales para tranzarlos en el mercado interno. Si es importable se le añaden los costos de transporte y los otros costos locales. Si es exportable se le reducen los costos de transporte y los otros costos locales.
Nuestras autoridades tratan de que los precios en el mercado interno, sean “precios justos”. Precio justo no es un concepto económico, es más bien de la teología medioeval. Se está retornando, sin saberlo, a un concepto de la Summa Theologica de Santo Tomás de Aquino (1225-1274). Peor, la definición de precio justo viene, en las circunstancias actuales, de arbitrariedades burocráticas, basadas en la muy elusiva e inútil contabilidad de costos.
Prohibir la exportación de aceite comestible, como se lo hizo hasta hace unos pocos días, medida que ha sido felizmente levantada, así como secuestrar arroz con el pretexto de precio justo, conduce solo a desabastecimientos y a una mayor informalización del comercio exterior. Los desabastecimientos originan expectativas de alza de precios y mayor especulación. Tienen un efecto contrario al buscado. Solamente los consumidores mejor informados o más musculosos, como se ha visto en las peleas recientes por el aceite en las puertas de EMAPA, se benefician. El resto de la población queda racionada u obtiene los alimentos a precios muy superiores al precio “justo” o aún al precio internacional. Los grandes ganadores son los contrabandistas, que habiendo obtenido con malas artes los alimentos con precios subsidiados, los sacan a los mercados extranjeros por más policías y militares que traten de impedirlo. Tenemos una larga experiencia de fracasos en el control del contrabando, sea para importaciones o para evitar la salida de productos nacionales.
Si se liberara el mercado de bienes, los precios libres asignarían bien los recursos. Se resolverían los desabastecimientos y los precios internos, corregidos por los costos de transporte y los costos locales, tenderían a alinearse con los precios internacionales.
Un precio clave que necesita sincerarse es el tipo de cambio. He argüido en artículos anteriores qué caminos se puede seguir para ese fin y por eso no vale la pena repetirlos para no aburrir a mis lectores.
La inflación se combate con instrumentos monetarios y no con medidas administrativas, menos aún con medidas policiales. El amague inflacionario de 2007-2008 se controló revaluando el tipo de cambio (devaluando el dólar, como se decía popular e incorrectamente) y sin controles administrativos de precios. Esa herramienta ya no está disponible ahora, inmersos como estamos en una crisis cambiaria.
Es ya tiempo de formular una política monetaria sensata, que privilegie el control de los grandes agregados monetarios y que haga hincapié en la tasa de interés como uno de los instrumentos. No más créditos del BCB para financiar los déficit fiscales ni a las empresas públicas. Ellos son inflacionarios.
La inflación penaliza a los más pobres y menos informados. Produce también distribuciones del ingreso perversas y, por lo tanto, indeseables. Tiene también altos costos políticos, como se lo ha visto a través del mundo. Una de las causas para que el Partido Demócrata estadounidense perdiera la elección reciente fue la inflación de 2021-2023. Por la alta inflación, los trabajadores industriales, baluarte tradicional del partido demócrata, no votaron por él. En sentido contrario, en Argentina el éxito político de Milei se explica, en gran parte, por la reducción de la inflación.
Sin duda, hay que proteger al poder adquisitivo de la población, pero no con medidas administrativas y policiales, sino con políticas monetarias y fiscales bien pensadas. Es donde tienen que hacer crujir sus meninges los altos funcionarios del área de economía.
Juan Antonio Morales es PhD en economía.