Banco Mundial: el ciego guiando tuertos

En su reporte de octubre sobre perspectivas económicas para América Latina y el Caribe (Tecnologías digitales para la inclusión y el crecimiento), el Banco Mundial dice que, a pesar de los importantes avances en resiliencia macroeconómica regional, “el crecimiento sigue siendo insuficiente para reducir la pobreza y crear empleos”. En síntesis, el reporte propone gobiernos digitales que alienten las inversiones necesarias para un crecimiento regional mayor, mediante “mayor conectividad digital, las inversiones complementarias necesarias, y sistemas para experimentación y evaluación”. 

Otra vez el BM parte de un diagnóstico (¿intencionalmente?) equivocado: ¿el crecimiento es insuficiente para reducir pobreza y crear empleos? No. Siempre fue al revés: el empleo productivo determina el crecimiento. Basta revisar la economía boliviana entre 2006 y 2019 o América Latina desde 1990 para demostrar que el crecimiento no es condición suficiente para crear empleo digno y reducir estructuralmente la pobreza. El crecimiento sostenido se origina en el valor agregado; su magnitud depende del equilibrio entre oferta y demanda por lo que la cantidad y el valor de los bienes y servicios producidos debe ser comparable a la capacidad de consumo de los hogares que, a su vez, la determina la distribución del ingreso (el valor agregado) a través de la justa remuneración al trabajo.

Con la premisa que el capital es el bien escaso, el BM “ningunea” el rol del empleo a favor de favorecer la neoliberal teoría del goteo: la “re-distribución” de (migajas de) la riqueza que acumulan los privados o los gobiernos. Por este enfoque alerté desde hace más de 30 años que las políticas que promueve el BM generan nuevos problemas –económicos y sociales– que, regularmente, el propio Banco ofrece remediar promoviendo “soluciones incorrectas a problemas equivocados”. Este puede ser es el caso con las nuevas tecnologías y la digitalización de la gestión pública: sin duda, aunque tienen un potencial transformador innegable, éste puede pasar de administrativamente positivo a socialmente negativo.

Por ejemplo, hacia 1990 el Banco promovía la microempresa y el microcrédito que la nutre con el argumento que este sector era central para el crecimiento y para reducir la pobreza y la desigualdad. Cuestioné la propuesta anticipando efectos negativos en la creación de valor agregado y el empleo, además de otros complejos problemas sociales que traería el cuentapropismo obligado, hábilmente velado por el eufemismo de “emprendedurismo”: el comercio hormiga como canal de distribución del contrabando corporativo (ropa usada, alimentos), el descontrol del transporte urbano, etc.

En 2014, Faris Hadad, entonces representante del BM en Bolivia, al descartar lo “micro” como relevante para el crecimiento con valor agregado porque, “si bien genera trabajo, no genera innovación ni tecnología”, nos dio la razón; reconoció que no tiene capacidad real para competir en mercados abiertos y que, desde 2000, el empleo formal cayó mientras el informal (microempresa) se duplicó: hoy significa 85% de la población ocupada.

A fines de los 90, haciendo notar que “el financiamiento sigue al emprendimiento, pero no hace al emprendedor” cuestioné que el BM promoviera financiarizar la economía por sobre el desarrollo de estructuras de servicios de desarrollo empresarial. El 2013, con datos ASFI, anunciamos que el aumento anual de la cartera de crédito al sector privado superaba al incremento del valor agregado (PIB) generado por la economía no extractiva: el bienestar ya estaba siendo financiado por endeudamiento, no por mayor ingreso (hace pocos días, las evaluadoras internacionales de riesgo notan esta realidad).

Desde 2014, la UE, el FMI y el propio BM publicaron estudios que nos volvieron a dar la razón: la sobrebancarización reduce el crecimiento y la profundización financiera, sin antes atacar la desigualdad, la acentúa: en 2008, el patrimonio de los bancos era el doble que los desembolsos anuales en “bonos”, pero al 2018 era cinco veces mayor.

Pero volvamos al tema de la nota. Hoy, ENTEL, lejos de democratizar la nube, se concentra en “generar excedentes” para el gobierno ofreciendo un caro y lento servicio de internet; el Covid-19 mostró que modernizar la educación o la salud está muy lejos de ser una prioridad, menos estratégica, para la empresa.

En ese marco, el Estado ya está recurriendo a tecnologías digitales, pero no lo hace para inclusión con crecimiento: el “servicio” de Impuestos puede acosar al contribuyente por WhatsApp, pero el afectado no le puede responder; tener un certificado de nacimiento toma minutos, pero solo “vale” tres meses; los trámites notariales están digitalizados, pero un poder notarial debe ser redactado tan específicamente que, en la práctica, cada trámite requiere un poder especial. Para hacer la historia corta, mientras el ciudadano continúa condenado a presentar fotocopia del C.I. en cada instancia, pero con más frecuencia y mayor costo, el Estado acumula –peligrosamente y sin controles– una enorme cantidad de datos e información sobre las personas.

Si con o sin BM, la digitalización va, para ser útil, lo que el Banco debe ofrecer son las estrategias y mecanismos para que eso no suceda a costa de libertad, bienestar o dignidad.

En síntesis, vamos hacia 40 años de anticipar errores que la ceguera (¿?) del Banco Mundial le impide ver. Que los tuertos en los gobiernos lo sigan puede ser el resultado de afinidades ideológicas. Pero “no puedo entender” (Evo dixit) por qué la gran mayoría de profesionales se niega a ver esta realidad.

Siendo positivo, si todo sigue como en los últimos 40 años, dentro de 10 años tendré nuevo material para otra nota sobre el poderoso Banco Mundial (a menos que, para entonces, el gobierno tenga la estructura de inteligencia artificial –financiada por el BM– que me censure los pensamientos).

Enrique Velazco Reckling, Ph.D., es un investigador de temas de desarrollo productivo.