Armarnos de coraje

Cada nuevo episodio de la confrontación entre los “evistas” y los “arcistas” del MAS es más grosero y craso que el anterior, lo que podría ser un síntoma positivo para quienes quisiéramos que, como los militares en 1980, ahora los masistas se retiren a sus carteles de invierno y dejen de vapulear a una ciudadanía cansada de tanta agresión sostenida. Pero es precisamente su afán de prorrogarse en el poder lo que hace que la gente deba soportar sus rencillas y perjudicarse por ellas.

Ahora los evistas del Chapare han amenazado con paralizar y hacer arder al país si el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como corresponde, inhabilita a su caudillo para seguir candidateando a la presidencia del Estado. Esto, debido a que un magistrado de ese cuerpo, ahora afín al mandatario en funciones, declaró que, a diferencia de la actuación del tribunal en el pasado inmediato, ahora sí podría revisarse la sentencia que permitió la reelección indefinida del exmandatario fugado basándose en que se trataría de un derecho humano desconocido en la reforma constitucional de 2009, extremo que ya fue explícitamente negado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) pues esa prohibición constitucional no vulnera ningún derecho humano.

La posibilidad de que finalmente el TCP acate la norma internacional aumenta una vez que el abogado Wilfredo Chávez, exprocurador que durante sus funciones no ganó ningún juicio en contra del Estado y se metió en áreas que no le correspondían, anunció que tomará a su cargo la defensa del derecho del exmandatario de postular en 2025.

A ese conflicto “in crescendo” se debe sumar que la probabilidad de que el Órgano Judicial y el TCP queden acéfalos porque el sector arcista de la Cámara de Diputados (probablemente por instrucciones emanadas desde el Ejecutivo) ha evitado que la última propuesta de ley de elección de los magistrados de ese poder sea tratada y aprobada.

Esta situación nos conduce al imperio del desgobierno que abre cauce a la incertidumbre y la desconfianza, ingredientes suficientes para que se desaten procesos de confrontación.

Más aún si se observa, en el plano interno, la injerencia del narcotráfico en las altas esferas del poder, la impunidad de la que gozan autoridades y militantes del partido de gobierno, la sui generis demanda de inconstitucionalidad del recurso de censura que tiene la Asamblea Legislativa porque afectaría al derecho al trabajo de los ministros que sean censurados, la indigna entrega de la conducción de la política internacional del país a los intereses de los gobiernos del socialismo del Siglo XXI, el incremento de la inseguridad ciudadana y una policía seriamente cuestionada por incapacidad y corrupción, por citar los temas más sobresalientes internamente. 

Y, en el plano externo, los efectos de la crisis climática (se anuncia una severa sequía), la incertidumbre económica mundial, la situación de conflicto que viven varios países de la región y la nueva organización del poder mundial.

De ahí que caminar hacia el 2025 nos exige armarnos de coraje y paciencia para mantener, pese a todo el pesimismo que se pueda albergar, la esperanza de que ese año el país pueda recobrar básicos niveles de democracia para mirar el futuro con optimismo.

Si lo hemos hecho en el pasado, ¿por qué no ahora?

Juan Cristóbal Soruco es periodista.