Evo Morales ha dicho que será candidato presidencial de su partido para las elecciones de 2025 “a las buenas o a las malas”, durante un mensaje a sus seguidores en la región de Cochabamba, el 4 de mayo pasado. Continuando con esa línea política y de conducta personal, el 10 de junio de 2024 se convocó a un congreso del MAS en Villa Tunari, que terminó convertido en un “gran encuentro nacional” donde Evo Morales volvió a ser proclamado candidato a la Presidencia. En varias oportunidades anteriores también fue proclamado candidato.
El cambio de congreso a encuentro marca la decisión de no esperar más por el acompañamiento y supervisión del Tribunal Supremo Electoral, toda vez que ya emplazó al partido azul a respetar la convocatoria establecida en sus estatutos, aspecto que nuevamente fue incumplido.
Llama la atención que dentro del evento se hubieran mencionado en los discursos la proscripción del MAS como un hecho ya casi inevitable, lo mismos que la inhabilitación de la candidatura de Evo Morales. Que se sepa, a ciencia cierta, el Movimiento Al Socialismo MAS no está proscrito, es decir, no es una organización política prohibida y sin reconocimiento jurídico.
Días después del encuentro, a través de la palabra de su equipo jurídico se declara: el MAS evista está en “indefensión” por el TSE y dice que la “proscripción está en curso”. Con estas afirmaciones se pretende dar inicio a las movilizaciones para –supuestamente– defender al partido y al líder, en una espiral de violencia que puede tener impredecibles consecuencias.
Si se deja de lado las acciones “a las buenas”, por supuesto únicamente quedan las acciones “a las malas”.
Creo que el plan evista consiste en convulsionar el país, con el pretexto interno de su proscripción y con el argumento externo de la falta de dólares, la crisis alimentaria, la escases de carburantes y el uso de los dineros de los trabajadores aportantes a la gestora en la compra de bonos.
El 6 de junio del presente año, Andrónico Rodríguez dirigió la Asamblea Legislativa Plurinacional, con el apoyo de las bancadas parlamentarias de Creemos y Comunidad Ciudadana. Este hecho transcendental va más allá de las normas aprobadas a la espera de su promulgación (o no) por parte del Ejecutivo (Ley Nº 75), sino que materializa la potencia de la sucesión constitucional, en la que la renuncia de Luis Arce y David Choquehuanca habilitaría al presidente del Senado como primer mandatario interino para acortar el proceso democrático, convocar a elecciones y habilitar a Evo Morales en el marco de la que seguramente sería una profunda crisis política e institucional.
Este mecanismo de convulsión social tendría varios efectos y en varias direcciones. En primer lugar, se postergaría las elecciones judiciales, algo anhelado por la fracción arcista del MAS.
Lo más perverso y antidemocrático es la cancelación de la reasignación de escaños parlamentarios a realizarse con los datos del Censo de Población y Vivienda 2024, proceso regulado por la CPE y la Ley Nº 1492 que dispondría una profunda modificación de la representación política entre los departamentos, que es uno de los puntos pendientes de la agenda democrática boliviana. Para mí es vital tener elecciones generales con una nueva representación parlamentaria que recogería la presencia masiva de diputados uninominales urbanos acordes al crecimiento poblacional. Ya no se puede posponer más esta situación adversa a la democracia.
Con esta operación política se mantendría vigente la Ley Nº 421, que regiría, junto a otras normas el proceso electoral, de amplio beneficio al MAS.
Debe quedar claro que este camino “a las malas” sortearía la sentencia constitucional plurinacional 1010/2023 y Morales sería habilitado como candidato.
Este análisis no garantiza el triunfo en las urnas del ala evista del MAS, el voto ciudadano mayoritario podría darle la espalda a Morales en las ciudades.
Considero que es importante cumplir con la agenda democrática: elecciones judiciales, primarias abiertas, reasignación de escaños parlamentarios y nuevas circunscripciones especiales indígenas definidas por el Tribunal Supremo Electoral; recién entonces se deberían realizar las elecciones generales de 2025.
Debe quedar claro que Evo Morales no puede ser habilitado como candidato Presidencial por la deuda que tiene con la democracia (violación al referendo del 21-F, fraude electoral), y finalmente, lo que haga el presidente Luis Arce (terminar o no su mandato) es decisión del mismo.