Las contrataciones nacionales e internacionales que realiza la Procuraduría son secretas y directas

Brújula Digital |20|07|2022|

Las contrataciones de consorcios jurídicos, abogados y otros servicios que realiza la Procuraduría General del Estado (PGE) son confidenciales y directas.

El dato toma fuerza después de que la entidad gubernamental dirigida por el exabogado de Evo Morales, Wilfredo Chávez, perdió un arbitraje en la CIADI frente a la BBVA y ahora el Estado boliviano debe pagar $us 105 millones al demandante.

Arce anuló un decreto de Añez

El presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 4447 el 13 de enero de 2021 para abrogar el Decreto Supremo 4156 aprobado por la expresidenta Jeanine Añez y que prohibía las contrataciones directas.

"El presente Decreto Supremo tiene por objeto autorizar a la Procuraduría General del Estado, la Contratación Directa de Servicios Especializados de Consorcios Jurídicos, Abogados, y otros Servicios Especializados, sean nacionales o extranjeros, para la defensa legal del Estado" se lee en el artículo 1 de dicha norma.

Después autoriza a la Procuraduría la "contratación directa" de "servicios especializados de consorcios jurídicos, abogados, y otros servicios especializados, sean nacionales o extranjeros, para la defensa legal del Estado".

También establece que la misma Procuraduría reglamentará "el procedimiento para la contratación" mediante una "resolución expresa".

Los contratos, señala el decreto, podrán ser suscritos "por el tiempo que dure el proceso, sujetos a la aprobación del presupuesto de cada gestión fiscal" y serán confidenciales.

"Se establece la confidencialidad de la información generada en las contrataciones realizadas en el marco del presente Decreto Supremo, por la naturaleza estratégica de la defensa legal de los intereses del Estado" señala el parágrafo I de la mencionada norma.

La responsabilidad de los contratos desde el inicio hasta la conclusión, se lee en el documento, serán atribuidas a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) que ahora está a cargo o Wilfredo Chávez.

Una vez realizadas las contrataciones directas, la Procuraduría debe remitir los contratos firmados a la Contraloría y una vez finalizado el periodo de confidencialidad debe registrar las contrataciones directas en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).

El silencio del Procurador

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dictó el 12 de julio un fallo del arbitraje internacional y ordena indemnizar al Estado boliviano con $us 105 millones al banco español BBVA por la estatización, en 2009, de la administradora de pensiones Previsión, que gestionaba.

Desde entonces, el Procurador General del Estado guardó silencio y no dio explicaciones sobre las razones de esta nueva derrota boliviana en centros de arbitraje internacional.

Desde su oficina emitieron un comunicado que indica que se ha tomado conocimiento sobre el laudo y que "entidades competentes del Estado coordinan responsablemente las acciones de defensa en la siguiente etapa del proceso en instancias internacionales".

Los que dieron la cara hasta ahora fueron el vocero presidencial, Jorge Richter, y la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

El primero dijo que el Gobierno alista la respuesta al fallo para que el Ciadi valore de forma adecuada las pruebas presentadas.

"Esa es una respuesta que específicamente la va a asumir el Procurador (Wilfredo Chávez) en las siguientes horas porque no deja de ser un tema sensible a los intereses del Estado, y en esa perspectiva el Estado va a continuar con su defensa para que se puedan tomar en cuenta nuestros argumentos y las pruebas presentadas", señaló el fin de semana.

Alcón anunció que Bolivia solicitará la anulación del fallo. "Como han visto el comunicado (de la Procuraduría), se van a tomar las acciones en el tema de la defensa y a partir de ello se va a pedir la anulación, no es que no existan más procesos y eso se va a comunicar de manera oficial como corresponde desde el Ejecutivo. Vamos a asumir defensa", manifestó.

Frente al silencio y los más de 11 procesos perdidos hasta ahora, aumentaron voces que piden la renuncia de Chávez, otrora abogado del jefe del MAS.

¿"Gastos reservados"?

Todas las contrataciones del Estado deben estar registradas en el Sicoes; sin embargo, las que realiza la Contraloría serían la excepción.

El argumento del presidente Arce para anular el decreto de Añez fue que una disposición adicional de esa norma autoriza a la Procuraduría la contratación por comparación de ofertas, en territorio nacional o extranjero, de servicios especializados para la defensa legal del Estado, provistos por nacionales o extranjeros, ya sea de consorcios jurídicos, abogados y otros, "dejando en desventaja la defensa legal del Estado y los intereses de su población, toda vez que este procedimiento obliga a la Procuraduría develar los antecedentes e información confidencial, permitiendo a actores externos al proceso obtener información del caso y utilizarla indebidamente".

Desde la oposición sospechan que detrás de esta confidencialidad pueden presentarse casos de corrupción.

El diputado Marcelo Pedrazas lamentó que la Procuraduría ponga en reserva datos que deberían ser de conocimiento público.

"¿Cuánto pagan a los abogados de bufetes extranjeros por perder?", cuestionó.

Los cuestionamientos al tratamiento discrecional de los contratos que realiza la Procuraduría hicieron recordar a los llamados "gastos reservados" de los gobiernos llamados "neoliberales" y que fueron duramente criticados desde el MAS.

BD/JCV