Brújula Digital|14|04|25|
Rolando Kempff
Al finalizar la primera semana de este mes, el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) instalaron una mesa de trabajo para analizar cuál será el incremento salarial para esta gestión.
A mediados del mes pasado, la COB presentó su pliego petitorio que, entre otros temas, platea un aumento salarial de 15% al salario mínimo nacional y 20% al básico.
Los empresarios consideramos que el aumento salarial que pide la COB es completamente irracional, que solo generará despidos masivos y el cierre definitivo de empresas que hoy en día mantienen operaciones con mucho esfuerzo.
La inflación, la recesión y la incertidumbre económica global están afectando negativamente las finanzas no solamente en el sector público, sino también en las empresas del país.
Pese a los esfuerzos del empresariado por optimizar recursos y reducir costos, no se pudo evitar el impacto de los factores internos y externos que debilitan la economía nacional.
Insistiremos en recordar que la OIT dispone que esta medida debe ser analizada por un equipo tripartito (gobierno, trabajadores y empresarios). En reiteradas oportunidades pedimos al Gobierno que el aumento salarial sea, por lo menos, regionalizado, y tomando en cuenta la productividad. Es por eso, que este trabajo conjunto es vital para establecer políticas y normas que beneficien a todos.
La gestión 2024 finalizó, según datos del INE, con una inflación acumulada del 9,97%, el más alto en 16 años; un déficit fiscal que superó el 10% del PIB; un moderado crecimiento de la economía, de solo 2,14%. Pese a esa realidad, el Gobierno conjuntamente la Central Obrera Boliviana, dispuso un aumento al salario mínimo nacional de 5,85% y al haber básico de 3%.
Pero el incremento salarial del 2024 tenía una excepción: las empresas estatales aplicaran el aumento de acuerdo a sus estados financieros, por lo que muchas no dieron este aumento. Pero, el sector privado no tuvo este tratamiento a pesar de los problemas de nuestra economía.
El aumento salarial no solo debe tomar en cuenta la inflación que registró el país. Las autoridades y los trabajadores deben analizar aspectos como el crecimiento de la economía en la gestión pasada, que representa solo la mitad de la prevista por el Gobierno; la escasez de dólares que se traduce en que el mercado paralelo ofrece esta divisa en casi el doble del precio oficial y otros problemas que dificultan la producción y reducen la competitividad de las empresas. Se debe mencionar que, durante la pasada gestión, el crecimiento de nuestra economía se ralentizó debido a los bloqueos en las carreteras y el difícil abastecimiento de gasolina y diésel durante meses.
Para Fernando Romero, analista y presidente del Colegio de Economistas de Tarija, uno de los problemas centrales que agrava la situación económica es la falta de colaboración entre el sector público y privado, para implementar leyes que promuevan el empleo formal, a lo que se añade la elevada presión tributaria. Un empresario en Bolivia enfrenta una carga tributaria muy alta, pues de cada 100 dólares que genera de utilidad bruta, el 85% es destinado a impuestos establecidos por el Gobierno Nacional.
Un documento del BID, elaborado por Manuel Urquidi, Horacio Valencia y Guillaume Durand, publicado en años anteriores remarca que, en los últimos años, el gobierno boliviano puso en vigencia una de las medidas más controversiales y que ha afectado al mercado laboral urbano: el incremento del salario mínimo, que pasó de Bs 440 ($us 63) en 2005 a Bs 2.060 ($us 298) en 2018.
Este documento estudia el impacto del incremento del salario mínimo sobre el ingreso, empleo y formalidad en Bolivia y sostiene que el incremento del salario mínimo debería reducir la pobreza e incrementar la satisfacción de las necesidades de los trabajadores, porque mayores ingresos permiten un incremento en el gasto de las familias y consecuentemente en su bienestar. Pero, en un contexto donde una gran proporción de las personas trabaja en el sector informal, se puede argumentar que el salario mínimo contribuye a mejorar únicamente las condiciones de los trabajadores en el sector formal, sin considerar beneficios para los trabajadores del sector informal.
Un incremento como el solicitado por la COB, afectará directamente en las futuras contrataciones, así como en el despido de trabajadores por parte del sector empresarial para el presente año. Asimismo, el incremento salarial es retroactivo a enero del presente año por lo que, si el gobierno accede al pedido del ente obrero, el país estará en riesgo de sufrir una contracción económica y una inflación más alta.
Los empresarios expresamos nuestra predisposición para analizar esta realidad junto con el Gobierno y trabajadores, pensando en el bienestar de la economía nacional. Necesitamos una mesa de trabajo tripartita que permita garantizar un salario digno, fundamental para el desarrollo económico y social, así como para reducir la pobreza y desigualdad.
Rolando Kempff Bacigalupo es economista, PhD en Relaciones Internacionales. Es presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz.