Recordando la fallida negociación con la Lithco

Brújula Digital|17|02|25|

Eduardo Salamanca Chulver

Tuve el privilegio y la responsabilidad, como líder cívico, de ser actor, junto a nuestro entrañable y fallecido Presidente de COMCIPO, Facundo Gómez Loredo, y otros notables dirigentes cívicos, del proceso que finalmente, derivó en la decisión del Presidente Jaime Paz Zamora de anular la contratación directa con la Lithium Corporation of America (Lithco) en 1990.

Hoy, apelando a la memoria, ya que no tengo en mi poder los documentos de aquella época, se puede afirmar que, al parecer, lo que pretende el gobierno del MAS es tanto o más perjudicial que lo que originalmente se ofrecía a la Lithco.

En 1989, el Ministerio de Minería convocó a una reunión en Uyuni para presentarnos los alcances del contrato directo con la Lithco. Lo que expusieron fue un resumen de apenas unas páginas, y no el contrato completo. Tuve la suerte de acceder, unos minutos antes, al contenido de ese resumen. Tras leerlo, pudimos plantear una serie de objeciones, y en nuestra intervención, expresamos que no aceptaríamos un contrato basado en un simple resumen. Exigimos que el contrato fuera analizado en su totalidad por las instituciones que conforman el Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni –CIRESU–, bajo la dirección de COMCIPO. Tras una evidente resistencia del gobierno y luego de dos días de discusiones, se determinó que nos entregaran el contrato completo.

A partir de ese momento, el Comité Cívico Potosinista convocó a diversas entidades, como la Universidad "Tomás Frías", y a profesionales de distintas áreas para realizar un análisis exhaustivo del contrato. Abogados de renombre como Kenny y Dhery Prieto, entre otros, concluyeron que el contrato era “leonino” e incurría en flagrante vulneración de la Constitución y de nuestras leyes.

Convocamos un Consejo Consultivo y, bajo el principio inquebrantable de que el pueblo potosino no permitiría que la historia de la plata y del estaño, que enriqueció a otros pero solo dejó pobreza y socavones vacíos en nuestra tierra se repitiera, se decidió lo siguiente: 1. Declarar que el contrato con la Lithco es anticonstitucional, ilegal y lesivo a la soberanía e intereses departamentales y nacionales. 2. Aplicar sustanciales modificaciones de fondo y de forma, como única manera de dar viabilidad a tal contrato. 3. En caso contrario, exigir el cumplimiento a la Ley 719 del CIRESU y convocar a licitación pública internacional para la explotación de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni.      

Esa fue nuestra “hoja de ruta” y los dirigentes del Comité Cívico, actuamos con absoluto apego y lealtad a esa determinación.

Realizamos incontables reuniones, recorrimos lugares como Uyuni, Colcha K, Llica y otros destinos, en los que exponíamos nuestras observaciones y socializábamos la urgente necesidad de una postura unitaria para defender tan valioso recurso natural.

Sostuvimos también reuniones con el Ministerio de Minería y actores gubernamentales. Trabajamos para que el Directorio del CIRESU comenzara a operar.

Se conformó una Comisión para proponer modificaciones al contrato Lithco, cuya presidencia se me encomendó, integrada por el Ministro de Minería y representantes gubernamentales y cívico-regionales. El resultado del trabajo de esa Comisión, permitió plantear varias sugerencias de modificación del contrato, las mismas que luego se trasladaron, mediante una comisión integrada por personeros de gobierno y parlamentarios, a los representantes de la Lithco,. 

Algunas de las observaciones al contrato que aún permanecen en mi memoria son las siguientes:

- El contrato contemplaba una vigencia de 40 años o hasta la explotación de 400,000 toneladas métricas de litio, lo que ocurriera primero. Si bien el Salar tenía una reserva probada de 8.9 millones de TM, las mayores concentraciones se encontraban en el delta del Río Grande y justamente esa zona se entregaría a la multinacional. Es decir, que se llevarían el “corazón del Salar”. Por eso propusimos que la explotación en el delta del Río Grande se limitara a 200,000 toneladas métricas de litio.

- Establecía que, durante los primeros 20 años, el 60% de lo extraído sería materia prima no refinada, y solo el 40% sería carbonato de litio. Después del año 21, el 50% sería carbonato de litio. Propusimos que el 100% fuera carbonato de litio.

- Preveía que los primeros ingresos para Bolivia serían en el séptimo año del proyecto, por aproximadamente 437,000 dólares, suma irrisoria. Si bien, a partir del año 30, estos ingresos se elevaban y al final del contrato, podían ser más de 100 millones de dólares, estos montos no estaban calculados en términos de Valor Actual Neto (VAN). Propusimos que los ingresos se calcularan en términos de VAN.

- Confería exclusividad a Lithco por 40 años, lo que equivalía a un monopolio. La Constitución de 1967 prohibía los monopolios privados, por lo que se violaba claramente nuestra CPE, debiendo ajustarse a la normativa constitucional.

- No se contemplaba transferencia tecnológica, ya que la mayor parte de la explotación sería de materia prima no refinada. La producción de litio metálico y la fabricación de baterías de litio estaba ausente, lo que convertía a Bolivia en un simple proveedor de materias primas sin generar valor agregado.

La comisión de negociadores gubernamentales con la Lithco, no logró los resultados esperados y, por tanto, cumplimos el mandato del Consejo Consultivo: “exigir el cumplimiento a la Ley 719 del CIRESU y convocar a licitación pública internacional para la explotación de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni.” El gobierno intentó deslegitimar nuestras propuestas y pretendió hacer aprobar el contrato en el Poder Legislativo. 

Ante ello, convocamos a la Marcha por la Defensa de los Recursos Naturales. El 26 de mayo de 1990, más de 30,000 potosinos respondieron masivamente a nuestra convocatoria. Recuerdo que, con Facundo, coincidimos en que al final de la marcha, ésta se convierta en un cabildo y en el capó del automóvil que encabezaba siempre nuestras marchas cívicas, escribimos las 2 decisiones que nuestro Presidente cívico expondría en su discurso: 1. Iniciar una huelga de hambre en la ciudad de La Paz y 2. Declarar huelga general indefinida del pueblo potosino.

El 27 de abril de 1990, salieron de Potosí, aproximadamente 20 dirigentes de COMCIPO y de instituciones afiliadas, en un bus de EMTA. Ya en La Paz, logramos que la Federación de Maestros Urbanos de La Paz nos reciba en sus ambientes para instalar la huelga, que empezó el 28 de abril. Cerca de la medianoche, la policía allanó el inmueble de la Federación de Maestros y, por la fuerza, nos sacaron del mismo, trasladándonos al Hotel Ritz, que por alguna razón era administrado por el Estado.

Reinstalamos la huelga de hambre en la recepción del hotel. Entre tanto, se gestionó ante la Federación de la Prensa que nos permitan instalar la huelga de hambre en sus ambientes, solicitud que fue aceptada. Por tanto, al día siguiente muy temprano, en el vehículo del fallecido senador Jaime Villegas, trasladamos a Facundo Gómez y a otras 4 personas a la Federación de la Prensa. En un segundo viaje, llevamos a un número similar de huelguistas. Sin embargo al retorno al Hotel, éste estaba rodeado de policías y agentes de civil, por lo que ya no pudimos sacar a nadie más, aunque yo pude volver a ingresar. Desde ese momento, tuvimos 2 piquetes de huelga de hambre en La Paz, uno a la cabeza de Facundo Gómez en la Federación de la Prensa y otro, a mi cargo, en el Hall del Hotel Ritz.

Un día después se inició la huelga general indefinida en Potosí. En las siguientes jornadas, la huelga de hambre en La Paz se mantuvo con firmeza. La lucha fue dura, pero el respaldo del pueblo potosino, que sostuvo la huelga general durante más de una semana, nos dio la fuerza necesaria para seguir adelante. La solidaridad de los comités cívicos del país, de los periodistas, y de los potosinos residentes en La Paz, fue invaluable, pues fue la primera huelga de hambre de un Comité Cívico del interior, en la Sede De Gobierno, lo que generó una alta simpatía y adhesión.

Finalmente, después de 9 días de huelga de hambre, el Presidente Jaime Paz Zamora anunció su decisión: desestimar el contrato directo con Lithco y convocar a una licitación internacional para la explotación de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni.

En Potosí, se celebró con una alegría inmensa e histórica. Regresamos a nuestra tierra y fuimos recibidos como héroes, pero sabíamos que la verdadera victoria fue del pueblo, que se mantuvo firme en defensa de sus recursos.

La situación actual

Hoy, en relación a los contratos con empresas de Rusia y China, expertos sobre el tema, afirman que el país deberá pagar a estas compañías más de 2.000 millones de dólares, además de intereses por 12% y compensación por inflación de 2,5%. Ambas empresas gozarán de preferencias en la comercialización del carbonato de litio que producirá el Estado boliviano. Incluso, las firmas recibirán el pago de patentes. La rentabilidad es cuestionada dado que se proyectan ingresos con precio de 30.000 dólares por tonelada, cuando el precio de este producto está a 10.000 en el mercado global y se espera que llegue a 17.000 dólares en 2030. El país concede a la empresa rusa el control sobre la zona de mayor concentración de litio en el suroeste del Salar de Uyuni por 22 años (prorrogables), a cambio de una inversión 1.000 millones de dólares (que se devolverá con intereses); no existe transferencia tecnológica y se ha excluido totalmente a los potosinos de todo este proceso; y tanto o más grave, la regalía para Potosí es ridícula; solamente de 3%.

En suma, la historia del saqueo de la plata y el estaño, se repite; ese ciclo extractivista de recursos naturales contra el que luchamos en 1990, amenaza nuevamente a Potosí y a Bolivia.

Y no es que los potosinos nos oponemos a todo: anhelamos que nuestros recursos naturales se exploten, pero para beneficio de Potosí y de Bolivia; para lograr realmente la tan ansiada industrialización con valor agregado. Nos oponemos, eso sí, a seguir dando todo a cambio de nada.

Eduardo Salamanca Chulver es abogado.