|OPINIÓN|Renta Dignidad Vs. subsidios|Roberto Laserna|

Brújula Digital|15|02|25|

Roberto Laserna

Uno de los mayores desafíos para enfrentar la crisis económica actual se encuentra en los subsidios a los hidrocarburos. Levantarlos implicará reducir el déficit fiscal pero con un fuerte impacto en el sistema de precios y en la capacidad adquisitiva de la gente. Todo el ajuste necesitará algún mecanismo de protección social. No hace falta inventar algo nuevo, tenemos la Renta Dignidad, pero es necesario ampliarla. 

La Renta Dignidad fue creada en reemplazo del Bonosol, como recuerda un reciente artículo, con la promesa de ampliar sus alcances y mantenerlo de forma permanente. El Bonosol de Sánchez de Lozada tenía el respaldo económico de las empresas con cuyas acciones se formó Fondo de Capitalización Colectiva entregado en administración a las AFP. Representaban el derecho de los ciudadanos sobre su propiedad.  

La “nacionalización” del MAS expropió ese Fondo, afectando de hecho a los ciudadanos bolivianos y para compensar el daño se amplió el beneficio a los mayores comprendidos entre los 60 y 65 años.

En los últimos 25 años este mecanismo transfirió a los adultos mayores un monto cercano a los 7.000 millones de dólares. Ningún otro programa gubernamental llegó directamente a la gente con tan pocas filtraciones de corrupción. Si se lo considerara un programa social, sería sin duda el de mayor alcance y el más limpio que se registra nuestra historia. Compararlo con Karachipampa, Bulo Bulo, San Buenaventura, el litio y muchos otros proyectos que absorbieron recursos públicos debería bastar para apreciarlo.

La ley de presupuesto del año 2025 contempla en su disposición transitoria quinta el recorte de la Renta Dignidad y convierte un derecho participativo en una limosna que el gobierno “concede” a quienes cree más o menos necesitados. 

Este recorte demuestra el grado de extrema necesidad de las arcas fiscales. Pero los recortes deberían reducir los daños a la gente por lo que deberían comenzar por bajar la inversión pública que destruye recursos en empresas públicas deficitarias. 

Sabemos ya que es inevitable un ajuste integral que corrija los desequilibrios económicos, algo que solo puede hacerse si la gente tiene mayor capacidad y libertad para adaptarse al cambio. En vez de recortar la Renta Dignidad, debe ser ampliada para asegurar que al menos una parte de los recursos nacionales lleguen efectivamente a manos de la gente. En estos momentos de crisis no es sólo justo y necesario ampliar la Renta Dignidad, ¡es urgente!

Eliminar el subsidio a los carburantes es una clave del ajuste. Es un subsidio que agrava las inequidades y distorsiona los mercados, alentando el desperdicio y el contrabando y premiando a los que tienen mayor capacidad de consumo. 

Resolvamos ambos temas. Primero, ampliando la cobertura de la Renta Dignidad haciendo llegar el dinero a los hogares a través de las mujeres mayores de 25 años. Frente a la crisis es fundamental dotar a los hogares de recursos que los hagan más resilientes y el rol de las mujeres es esencial. Ellas tienen tareas de alta relevancia en la economía pero son además los canales más eficientes y directos para impactar en los hogares. Los ingresos que reciben las mujeres favorecen también a los niños, a la educación, a la salud. 

Ampliar la Renta Dignidad llevaría a los hogares unos 820 millones de dólares adicionales. Este “costo” adicional representará una transferencia a los ciudadanos como legítimos propietarios de los recursos nacionales, y es además inferior a la que se destina al subsidio de los carburantes. Se lo podría eliminar a cambio de la ampliación de la Renta Dignidad. Un mecanismo sencillo: dar tres meses a todas las mujeres de ese grupo de edad para que abran cuentas en el banco de su preferencia, y en ese periodo, a medida que abren las cuentas, comenzar a depositarles mensualmente una parte de su Renta Dignidad de manera que puedan verla en su saldo de cuenta pero sin poder retirar ese dinero hasta el momento en que se levanten los subsidios a los carburantes. En poco tiempo, retirar ese subsidio no será rechazado sino demandado!

Así será posible reducir una parte enorme del gasto fiscal al mismo tiempo que se generan mecanismo de protección social que viabilizan el ajuste. Y podría argumentarse además que ayudarían a reactivar la economía por el efecto multiplicador que tiene el consumo popular. No es cuestión de benevolencia ni de clientelismo, sino de dignidad.