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Sociedad | 17/04/2022

San José de Chiquitos: donde el 70% del agua para la población proviene de pozos

San José de Chiquitos: donde el 70% del agua para la población proviene de pozos

Texto: Jimena Mercado | Imágenes: Wara Vargas

Brújula Digital - ANA

De cargar agua en una tinaja sobre la cabeza desde río, hasta abrir el grifo en la casa, Irma Selene, una mujer de 87 años, recuerda en la plenitud de su vejez, lo duro que fue criar a sus ocho hijos en San José de Chiquitos, una población que bordea la temperatura por encima de los 36 grados y que ahora debe vivir bajo el asedio de varias presiones. 

“Todo pues es moderno, hasta la cooperativa que da agua, en aquellos tiempos no había grifo, era traer en la cabeza en tinaja. Cuando hay fiestas falta el agua porque viene harta gente, se baña”, relata risueña mientras trata de refrescarse en una salita llena de santos en la casona que se hizo con su esposo, frente a la plaza principal del pueblo. 


Recuerda que el año pasado los barrios bajos de San José tuvieron que proveerse de agua de cisternas entre los meses de agosto, septiembre y octubre por una sequía fuerte que hubo en la zona. Con 20 nietos, 20 bisnietos y una tátara nieta, Selene solo espera que el legado que dejó sea conservado.

Echarle mano al agua subterránea

San José de Chiquitos, el municipio que alberga a la única iglesia de piedra de la misión jesuita a 274 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, tuvo que echarle mano al agua subterránea de pozos para cubrir el 70% de su demanda. La solución temporal ha salvado a este pueblo de la mayor crisis hídrica que ha sufrido en los últimos años.

Conseguir agua en San José, en plena Chiquitanía, se ha convertido en un verdadero desafío debido a que el municipio no cuenta con fuentes de agua superficiales como lo tiene Roboré, por ejemplo.

Así lo hace saber Gabriel Rojas, gerente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 1 de Mayo, más conocida como “Comayo R.L”. Alerta de una acelerada deforestación en el municipio, con fuertes impactos en el ciclo hídrico y un imparable proceso de asentamiento de nuevas comunidades campesinas e interculturales, como parte de las presiones.

“¿Qué ha hecho San José para abastecer a una población que constantemente crece, y más aún cuando es un destino turístico?”, lanza la pregunta y responde casi de inmediato: como solución rápida es echarle mano a lo disponible que tenemos ahora que es el agua acuífera o subterránea.

Y es que San José de Chiquitos se abastece de un sistema mixto de provisión de agua; es decir, de una vertiente natural llamada Sutó - donde históricamente se fundó Santa Cruz-  a orillas del entonces río, y que con el pasar del tiempo se convirtió en un arroyo que ofrece no más de 13 litros por segundo. Este caudal abastece solo al 13% de la población.


El río más cercano está a 45 kilómetros, el Quimone, camino a Santa Cruz, el cual se alimenta de la cuenca del Parapetí y maneja un caudal muy importante, pero aun así está distante y en un nivel bajo de referencia a la misma población.

Por eso, Comayo, evalúa la posibilidad de represar el agua de Quimone y llevarlo hasta San José. Otra posibilidad es el río San Miguel que está a 65 kilómetros. En ambos casos, las fuentes de aguas son superficiales y están distantes a la mancha urbana de San José.

“Si queremos darle una solución pronta tenemos que perforar hasta donde se nos permita, hasta los 100 metros donde alcanzamos a los acuíferos semiprofundos, que dependen mucho de cuánto estemos cuidando nuestros bosques”, explica.

Pero con el pasar del tiempo, los hechos jugaron en contra de San José, donde entre el 2019 y el 2021 se incrementaron 42 las comunidades campesinas y de interculturales en el municipio, lo que implicó deforestación.


“Si consideramos que San José es un municipio seco, más que todos los otros municipios que están a nuestro alrededor ¿qué hacemos con el agua?, es perforar y sacar agua de los acuíferos que se tengan, y la otra, comenzar a llevar agua del área urbana para atender las necesidades de estas comunidades mientras se asientan”, manifiesta.

El desafío es mantener la distribución del agua en cantidad y en presión, para la cual se adoptaron varias medidas. “El 2020 fue uno de los años más complicados, este 2021 logramos regularizar”, señala.

A pesar que no se interrumpió el suministro de agua, se tuvo que apelar a campañas de concientización para dar un uso más eficiente de lo poco que se tenía a disposición y cuidar las áreas de recargas hídrica.

Se formó un comité interinstitucional para llegar a una cumbre del agua buscando una solución definitiva. Se acudió a información técnica de la Escuela Militar de Ingeniería, la Universidad Católica Boliviana, organizaciones no gubernamentales que trabajan en la zona, como Fundación Amigos de la Naturaleza, Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC)  y otras para encarar el proceso de concientización.

“El 2020 la cooperativa registró una de las sequías no vistas hace diez años, que fue cuando todo empezó a fallar. Nuestros acuíferos dependen de las lluvias, pero con la deforestación, se empezaron a atentar en contra del área de recarga hídrica y lastimosamente San José de Chiquitos fue el campeón en deforestación”, menciona Rojas.

Un año antes, el 2019, el expresidente Evo Morales promulgó el decreto supremo 3973 el 9 de julio, poco antes de que se descontrolaran los incendios forestales en la Chiquitanía. Con la norma se dio luz verde para que en los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autorice el desmonte y quema “controlada” de bosques, para las actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias.

La norma claramente fue en contra del Plan de Uso de Suelos (PLUS) que establece que en la Chiquitanía sus suelos no son de aptitud agrícola, sino forestal y mucho más las zonas de Roboré, Tucavaca, San Matías y San José de Chiquitos.

Del 2012 al 2019, en Santa Cruz se deforestó 1.070.151 hectáreas de bosque, según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). Los registros muestran que el 64% de ese desmonte fue hecho de forma ilegal.

Según la Fundación Tierra, entre el 2003 y 2019, el INRA departamental Santa Cruz aprobó 1.300 resoluciones de nuevos asentamientos en la Chiquitanía. Según datos oficiales, reconocen 900 autorizaciones en ese periodo.

“En tal sentido somos un municipio que abastece su área urbana con una batería de 15 pozos perforados alrededor de San José de Chiquitos y una vertiente de agua para el consumo humano”, señala.

Rojas hace notar que al igual de Roboré, San José se encuentra sobre una formación rocosa del precámbrico brasilero, la que no permite perforaciones más allá de los 100 metros, pues se requeriría de maquinaria de uso petrolero para penetrar.

Por un censo propio realizado por la Cooperativa, se contabilizaron aproximadamente 20 mil personas en la mancha urbana de San José, distribuidas en 4.000 conexiones de agua potable.

Un árbol menos, son dos gotas menos –asegura Rojas a modo de graficar- quien asegura que la deforestación ha repercutido mucho en la corriente del agua subterránea.


“A esto adicionemos que al no tener río, la gente empieza a perforar sin un control, donde ya nos ha pasado, si estamos operando con 15  pozospara  abastecer al área urbana, tenemos otros 13 pozos de privados dentro de la misma área. Nada nos garantiza que el pozo de Juan Pérez no vaya a perjudicar al resto de la población”, se lamenta.

A pesar que el municipio de San José de Chiquitos se declaró el 2019 en desastre por las sequías e incendios forestales, los pozos de privados van proliferando sin una licencia ambiental.


En los últimos años los incendios forestales en Bolivia han sido devastadores. Sólo el 2019, el fuego arrasó más de 5 millones de hectáreas a nivel nacional, de las cuales 2 millones estuvieron concentradas en Santa Cruz; mientras que el 2020 cuatro millones de hectáreas de bosques y arbustos se consumieron por el fuego.

“Toda el agua de San José viene del norte, y si vemos el registro histórico de la deforestación del lado norte el 70% del bosque ya está tumbado por los menonitas, por las comunidades que empiezan asentarse, es desastroso”, sostiene.

Al momento de identificar a los causantes del desastre en San José, Rojas apunta no la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a la Gobernación de Santa Cruz y al propio municipio. “Hay un desconocimiento total de todos los niveles del Estado de lo sensible que es el recurso hídrico, de que está afectando brutalmente al sistema hídrico”, asegura.

“El año pasado casi se agarran a machetazos en San José porque un privado empezó a represar el agua para priorizar a su ganado dejando a la población sin agua”, dice.

Los 15 pozos en funcionamientos garantizan actualmente 2 millones 800 mil litros, frente a una demanda de 2 millones 500 mil litros. “Entonces podemos decir que estamos respirando, pero nada nos puede garantizar que los acuíferos sigan produciendo la misma cantidad”, advierte el Gerente de la cooperativa.

Reconoce sin embargo que la tarifa del agua potable en San José es más cara en relación a sus vecinos. “Por ejemplo, en Roboré el 100% de su agua es superficial, en cambio en San José el 30% viene de manera superficial y el 70% hay que bombear”, señala.

Por ende, San José es el tercer consumidor de energía eléctrica del municipio, pues por cada bomba que usa para sacar el agua del pozo consume el equivalente a 17 hogares.

Parque Santa Cruz la Vieja

Para tener mayor claridad sobre el Sutó en la vida de los josesanos, nos dirigimos hasta el Parque Nacional Histórico Arqueológico Santa Cruz la Vieja, a dos kilómetros del pueblo, donde su responsable la bióloga, María Elsa Sierra se encuentra dispuesta a conversar.


“Uno de nuestros principales objetivos de creación es justamente la protección de este arroyo que es uno de los afluentes principales de agua para la población de San José de Chiquitos. Entendemos que conservar esta área, es proteger lo esencial”, señala a tiempo de mostrar  una pequeña quebrada de agua cristalina que recorre embovedada por medio del área protegida.

El Parque no solo reviste importancia histórica por ser el sitio donde se fundó Santa Cruz de la Sierra,  sino sobre todo, por ser un bosque de transición. En una especie de cañón es donde está el Sutó, la humedad penetra la ropa por la exuberante vegetación y una llovizna delicada que cae sin parar.

“Estamos entre el Bosque Seco Chiquitano y el Cerrado Chaqueño; toda esta zona desde la laguna Concepción pasando por el Parque Kaa Iya, juntamente con la Reserva de vida silvestre Tucabaca forman parte de un corredor, no solo para proteger la flora, sino también la fauna que es muy específica de la zona”, explica.

La bióloga señala que actualmente muchos factores influyen en la presión sobre las áreas protegidas. “En nuestro caso es el crecimiento demográfico con los nuevos asentamientos, el crecimiento de la mancha urbana, y a pesar que todavía el bosque está bastante protegido no deja de ser una amenaza y lógicamente en el tema hídrico”, dice.


Los periodos de sequías se hacen más largos y los periodos de lluvias son muy intensos –explica la especialista- lo cual hace que el agua se vaya por el correntía y no logre penetrar en la capa freática (acumulación de agua subterránea).

“Y por mucho que hagamos pozos buscando agua, si el agua no vuelve y no sigue su ciclo natural, lo único que estamos haciendo es desgastar el suelo, porque el agua puede tener mucha furia para correr y es agua que la perdemos”, explica.

Presiones hídricas

El presidente Cívico de San José de Chiquitos, Darling Méndez, resume la situación: “Somos el municipio más golpeado y afectado por la escasez del recurso natural”.

El cívico no es muy entusiasta sobre el futuro cercano de San José pues de 20 pozos perforados, cinco ya se secaron, por lo que está convencido que la solución del agua no pasa por ahí.

“Conforme va pasando el tiempo los pozos se van secando (…). Se han hecho las gestiones mediante el municipio y la Gobernación, pero venimos de una zona sin ríos, tenemos un bosque seco chiquitano, hace más de una década estamos sufriendo por el agua”, señala.

Ante esta realidad señala que se ha visto como posibles soluciones: construir una represa para el agua, bajo estudio a diseño final a cargo de una consultora independiente y/o conseguir maquinaria con la posibilidad de poder perforar el escudo brasilero para llegar a más de 100 metros de profundidad y conseguir agua de mejor calidad.

Presiones migratorias

Darling Méndez al momento de clasificar a las comunidades se refiera a dos tipos: “tenemos nuestras comunidades indígenas que son 23 y aparte las 400 comunidades campesinas de migrantes”.

Cada comunidad campesina e intercultural señala que cuenta entre 20 a 25 comunarios, de los cuales solo dos son los “propietarios”, mientras que el resto es “palo blanco”.

“El tema de la tierra es la pelea de todos los días y tratan de confundir. No estamos en contra de la gente que venga a trabajar, lo que no estamos de acuerdo es que traigan tanta gente y no den los recursos para soportar este crecimiento poblacional que necesita agua, medicamentos, salud”, asegura.

De las 400 comunidades asentadas en San José solo 30 están legalmente constituidas, porque el resto está en proceso de saneamiento, afirma el cívico, quien alerta de un conflicto social muy crítico, que el Gobierno no sabe manejar.

“Las 30 comunidades legales tienen resoluciones de asentamiento y lo más legal que tienen es su personería jurídica proporcionada por la Sub Gobernación. Las otras comunidades ¿qué reclaman?, el proceso de saneamiento de hace 15 años y la falta de servicios”, afirma.

El otro aspecto llamativo tiene que ver con la existencia de 400 comunidades en planos, pero al momento de la verificación, éstas no existen o no cumplen su Función Económica Social (FES).

“Lamentablemente este proceso migratorio es político; hay tráfico de tierras porque una comunidad está conformada por 20 a 25 comunarios, donde dos son dueños, el resto son palos blancos”, asegura.

El crecimiento poblacional está generando presiones hídricas, advierte el cívico quien alerta que los josesanos no pueden reclamar sobre la conservación de sus bosques, pues ven ante sus ojos cómo los árboles se convierten cada día en carbón.

“Aparte de la deforestación para sacar madera de manera ilegal, pirata, se hace carbón que sale en bolsas de yute. Todos los días parte desde San José de Chiquitos siete a ocho camiones llenos de carbón, sale por el norte para llevarlo hacia el occidente. No sé si es para parrilladas, porque es exageradamente la cantidad”, lamenta.

Por eso justifica la molestia entre la población el cívico, porque lejos de frenar esta depredación del bosque, la ABT es la que otorga el aval a las comunidades recientemente asentadas. “Aunque no están constituidas legalmente en la región, tienen permiso para deforestar, quemar, hacer carbón y todo lo que es dañino para la naturaleza”, afirma.

Indígenas bajo asedio

Desde la comunidad Dolores, el presidente de la Central de Comunidades Indígenas de Chiquitos Turubó, Benito Aguilar, señala que actualmente las 23 comunidades indígenas del municipio de San José de Chiquitos ocupan el 6 territorio5 50% del área rural, mientras que la otra mitad es ocupada por propiedades privadas y comunidades con nuevos asentamientos.

“Entre los principales problemas que enfrentan las comunidades indígenas son los avasallamientos que hay día a día. Llega gente del interior del país, muchos con documentaciones que no pasan por nuestro municipio para ser registrados, llegan con documentación del Gobierno y se asientan”, señala desde su hacienda.

Según los datos de la central, se trata de 300 comunidades asentadas, de las cuales 55 han pasado por el municipio para su respectivo, “las demás llegan comunidades se asientan, hacen posesión de la tierra, desmontan, otros trabajan. Causan problemas a nuestro municipio”.

Una vez instaladas, Aguilar afirma que las comunidades nuevas piden educación, salud, servicios, y el municipio no está en condiciones de darles, lo cual causa diferentes problemas.

“Las comunidades no somos afectadas directamente, pero si están ocupando territorios que nos corresponden. Como Central Indígena solicitamos al INRA que haga respetar, tenemos carpetas de nuevos terrenos para nuestros hijos, nuestros nietos, pero no nos responde. Mientras que a gente que no es de San José si los atiende”, denuncia.

El líder indígena, siente que los oriundos de San José no gozan de los privilegios de las comunidades afiliadas a organizaciones campesinas e interculturales afines al Gobierno.

“A las comunidades que queremos desmontar una a cinco hectáreas al año no nos autorizan, tampoco no nos autorizan quemas, pero a las otras comunidades que llegan del interior y que no conocen los sistemas de chaqueo, la ABT les autoriza quemar, y así ocasionan incendios”, asegura.


Sin embargo, las nuevas comunidades no conformes con sus asentamientos, afirma Benito Aguilar, es que quieren imponer su lengua y su cultura en la Chiquitanía.

“Nos quieren opacar, quieren obligar a adaptarnos a su lengua y a sus costumbres, a hablar en quechua, pero yo entiendo que, si yo voy a otro lugar, yo debo adaptarme”, reflexiona. 

Las comunidades que empiezan a invadir las áreas boscosas, no solo llegan con autorización de asentamiento bajo el brazo, permisos de desmontes, sino también recursos que el gobierno y maquinarias para hacer perforaciones de pozos.

“Si logramos entender que el agua subterránea viene por el bosque y hace que haya agua en el subsuelo, y estas comunidades llegan y deforestan entonces no hay el ciclo. Nos quedaremos sin agua”, advierte.


El dirigente afirma que San José ya tiene déficit de agua, incluso subterránea. “Se han hecho más de diez perforaciones y no en todos los pozos han encontrado agua, porque no tienen el caudal suficiente”, afirma.

Darío Arteaga, cacique de la comunidad Dolores, se confiesa muy preocupado por los nuevos asentamientos de comunidades campesinas y de interculturales.

“Es muy preocupante para los oriundos, porque primero deberían venir a socializar con la gente dónde harán sus asentamientos, y no lo hacen. Pero llegan con todas sus resoluciones de asentamientos, porque vienen con venia del INRA”, señala.

Según el cacique las nuevas comunidades llegan al lugar con toda la ayuda del Gobierno. “No tardan mucho en meter maquinaria con permiso de la ABT para hacer desmontes, y nosotros los dejamos nomás porque vienen con permisos desde arriba”.

Cuando necesiten agua las nuevas comunidades, advierte el cacique, terminarán afectando a los pobladores de Dolores que producen maíz, frejol, yuca, caña de azúcar, el sorgo y otras variedades de siembras.

Sin embargo, la tentación de ingresar al agronegocio y la ampliación de la frontera agrícola está latente. “El deseo es producir a lo grande, pero no tenemos esa ayuda, oiga, del Gobierno, y así avanzaríamos a lo grande, producir”.


“Tenemos pozo artesiano para nuestro consumo y atajados para los animales. Solo en tiempo de sequía tenemos mucho cuidado porque se secan los atajados, y debemos sacar agua del pozo para los humanos y los animales, y de tanto sacar sale hasta con microbios y hasta sucia”, afirma.

La comunaria Susana Rucheta asegura que con ayuda de una organización no gubernamental (ONG) lograron sacar a flote un pozo. “El agua está perfectamente bien y nos abastece, podemos hacer huertos, nos da para lavar la ropa también”, dice.

Sin embargo, su mayor preocupación son las deforestaciones y quema de bosques. “Nos azotan fuerte los vientos por falta de bosques, porque estos nuevos asentamientos desmontan, provocan incendios y eso ya ha provocado hasta conjuntivitis a los niños”, señala.

Relata que cuando hay incendios forestales el viento traslada las cenizas a todos los ojos de agua, y hasta el agua que beben los animales de los atajados está contaminada.

Plan de arremetida

Alejandro Quezada, sub gobernador de la provincia Chiquitos señala que la Gobernación de Santa como parte coadyuvante en la solución hídrica de San José ha puesto a disposición su perforadora, sin embargo, admite que no está en condiciones de operar.

“El Gobierno Autónomo Departamental cuenta con tres equipos de perforación de los cuales funciona solo uno y tenemos problemas con los compresores de este único equipo que está funcionando para todo el departamento”, afirma.


En ese marco señala que se realiza las acciones para priorizar las provincias y municipios declarados en zonas de desastre por la falta de agua.

“En esta parte de la provincia Chiquitos es sabido que San José cuenta con déficit en tema de agua, porque el único caudal que abastecía fue del arroyo del Sutó, que de un tiempo a esta parte disminuyó de un 20 a 30% su caudal, pero a eso se añade los pozos artesianos perforados alrededor de San José”, explica.

En lectura de Quezada, hay un plan de arremetida en contra de la Chiquitanía por parte del Gobierno porque “cuando trajo a esta gente, no es que esta gente quería venir, los dueños de esas comunidades no son los 25, sino que hay uno o dos dueños. Pero el plan es cambiar el uso de suelo en nuestra jurisdicción”.

En un parangón dice que, en el caso del departamento de Beni, el cambio de uso de suelo es para ganadería, en cambio en la Chiquitanía es para agricultura. “Para eso utiliza a esta gente. En sequía les dice quemen; se arden los bosques y con eso ya tienen autorización para sembrar”.

Mientras San José de Chiquitos se sumerge en la urgencia de dar respuestas estructurales al déficit hídrico, las presiones externas e internas sobre su bosque son imparables, pues cuentan con el aval del Gobierno y todo el aparato puesto a disposición de un plan.

*Este reportaje ha sido producido con el apoyo del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).





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