Activistas participaron en Cochabamba en encuentro en el que se redactó el proyecto de ley de Fortalecimiento y Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Brújula Digital|01|12|25|
Sumando Voces, Yolanda Salazar
Un encuentro de defensoras y defensores de derechos humanos realizado en Cochabamba demandó garantías para que ellos puedan ejercer su labor de manera libre y segura, sin criminalización ni estigmatización y respaldó, en una declaración, el proyecto de ley elaborado en conjunto para asegurar su protección integral.
Unos 56 activistas participaron en Cochabamba en la redacción de un proyecto de ley de Fortalecimiento y Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos destinada a resguardar a los activistas ante situaciones que vulneran o ponen en riesgo su integridad.
Los defensores de ocho departamentos del país, antes de este encuentro, participaron en reuniones en sus regiones para recolectar las necesidades y compartirlas en esta reunión nacional.
Es así que los participantes, a través de una declaración conjunta, manifestaron su “profunda preocupación por el deterioro de las condiciones” en las que ejercen su labor, por lo que afirman que es relevante contar con este proyecto de ley que los protege de las vulneraciones a su trabajo.
Algunos datos
De acuerdo con los datos del Observatorio de UNITAS, hay un incremento sostenido en las vulneraciones a defensores y defensoras, categoría que en 2022 registró 59 casos, mientras que en 2024 aumentó a 93.
De enero a agosto de este año se registraron 32 vulneraciones contra los defensores de derechos humanos que van desde la criminalización, las agresiones físicas, psicológicas, digitales, la estigmatización e impunidad. Las mujeres suelen ser las más afectadas.
Declaración conjunta
“Alertamos sobre los riesgos que viven las mujeres defensoras, desde agresiones basadas en género e intentos de deslegitimar su liderazgo, hasta estigmatización pública y presiones familiares, comunitarias e institucionales, exigimos medidas específicas que reconozcan estas realidades desde un enfoque interseccional”, señala la declaración conjunta.
De la misma forma, piden que ante la reestructuración gubernamental no haya retrocesos en la protección de derechos humanos, especialmente de las poblaciones en situación de vulnerabilidad y que se cumplan con los compromisos ya establecidos.
También demandan un sistema de justicia “independiente, accesible y transparente” que investigue y sancione los casos “sin discriminación ni intereses políticos”, además observan con “preocupación” que el Estado no cuente con un marco normativo especializado “que permita prevenir riesgos, responder de manera oportuna a amenazas, investigar agresiones y sancionar a los responsables” lo cual impacta directamente en la seguridad de los defensores.
“Recordamos que Bolivia ha asumido compromisos internacionales vinculantes para garantizar nuestra protección. En el Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal, varios Estados recomendaron la creación de un mecanismo especializado de protección, recomendaciones aceptadas por el Estado”, indica la declaración.
Los defensores respaldan la propuesta de ley e instan a que sea analizada con carácter prioritario en las instancias legislativas y reiteran que el Decreto Supremo 5478 que fue aprobado por el gobierno de Luis Arce el pasado 23 de octubre fue realizado “sin consulta, sin independencia y sin los recursos necesarios”, por lo que “no constituye un mecanismo efectivo de protección” e instan a su abrogación y a la construcción “de un instrumento verdaderamente sólido y participativo”.
El proyecto de ley
Los defensores y defensoras en dos jornadas de trabajo validaron la propuesta de Ley de Fortalecimiento de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos. Los participantes escucharon, analizaron, realizaron cambios y aprobaron este proyecto.
Esta propuesta normativa establece los derechos y garantías de los defensores, la protección del ejercicio pleno de las libertades fundamentales, el acceso a la información, medidas de protección, la no criminalización, las obligaciones del Estado, la protección reforzada para mujeres defensoras, la activación de un mecanismo nacional de protección, entre otros.
Además, a tiempo de construir una ruta conjunta de incidencia, se comprometieron a socializar esta propuesta con la sociedad y otros activistas para que conozcan su contenido y esperan que los legisladores reciban su proyecto y que haya un trabajo conjunto.
“Este encuentro nacional concluye con la convicción de que la aprobación de una ley no solo responde a obligaciones internacionales y recomendaciones reiteradas, sino también a la urgente necesidad de salvaguardar la vida, la integridad y la labor de todas las personas que defienden los derechos humanos en Bolivia”, finaliza la declaración.
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