En Bolivia, la población adulta mayor está creciendo rápidamente, representando casi el 10% de la población (alrededor de 1,2 millones) según el censo de 2024; enfrenta diversos desafíos como ingresos insuficientes, pensiones bajas o inexistentes y problemas de salud.
Brújula Digital|26|08|25|
Mirna Quezada Siles
Cada 26 de agosto Bolivia celebra el Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores, una fecha que concentra homenajes y discursos. Pero más allá de los festejos, gran parte de los adultos mayores enfrenta soledad, abandono familiar, carencias económicas y un acceso insuficiente a la salud y la seguridad social.
Celebrar un día para ensalzar su dignidad, pero olvidarlos el resto del año, convierte lo que debería ser un derecho pleno en un gesto simbólico vacío.
En Bolivia, la población adulta mayor está creciendo rápidamente, representando casi el 10% de la población (alrededor de 1,2 millones) según el censo de 2024. Este envejecimiento está asociado a la esperanza de vida, que promedia 72,5 años. La población mayor enfrenta diversos desafíos como ingresos insuficientes, pensiones bajas o inexistentes y problemas de salud.
Muchas personas mayores continúan trabajando bajo condiciones precarias o desempeñan roles de cuidados familiares que afectan su bienestar. Un estudio revela que un 42% del total de esas personas mayores vive en soledad.
Del Bonosol a la Renta Dignidad
La política de transferencias de dinero para adultos mayores en Bolivia comenzó en 1997 con el Bonosol (Bono Solidario), durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Este beneficio se financió mediante la capitalización de empresas estatales y consistía en un pago anual de aproximadamente 248 dólares (equivalente a 1.300 bolivianos en esa época) para mayores de 65 años. Aunque representó un apoyo económico importante, su carácter anual limitaba su efectividad para cubrir gastos cotidianos como alimentos y medicamentos, según datos del Banco Mundial y la CEPAL.
En 2000, bajo el gobierno de Hugo Banzer, se sustituyó el Bonosol por el Bolivida, reduciendo el monto a 395 bolivianos anuales, lo que generó protestas entre los beneficiarios. En 2002, con el retorno de Sánchez de Lozada, se repuso el Bonosol y se aumentó a 1.800 bolivianos anuales, ampliando la cobertura a quienes tenían 21 años en 1995 para que pudieran cobrarlo en el futuro.
En 2007, durante el gobierno de Evo Morales, se creó la Renta Dignidad, que transformó este beneficio en un pago mensual con un monto de 350 bolivianos mensuales para quienes no reciben jubilación contributiva y 300 bolivianos para pensionados. Actualmente, alrededor de 1,2 millones de adultos mayores perciben la Renta Dignidad, con una inversión anual que supera los 5.000 millones de bolivianos.
No obstante, el beneficio se volvió insuficiente frente al costo de vida actual, los 350 bolivianos mensuales no alcanzan para cubrir la canasta básica. Esta situación se agravó con la crisis económica que afecta al país desde 2020 y que se profundizó en 2025, caracterizada por la falta de dólares, así como la escasez de diésel, gasolina y aceite comestible, además del alza generalizada de precios.
Desde el presente año, el gobierno aplicó limitaciones que excluyen a ciertos grupos, como adultos mayores con empleo formal, accionistas o socios de empresas y militares jubilados con pensión completa. Estas medidas dieron lugar a un debate en el país sobre la continuidad de la universalidad de la Renta Dignidad frente a la posibilidad de avanzar hacia un enfoque focalizado hacia los sectores más vulnerables. Dichas restricciones reflejan la dificultad para sostener financieramente el programa en el largo plazo, especialmente si se aspirara a aumentar el monto del beneficio sin modificar la estructura fiscal y administrativa que lo sostiene.
El espejismo de la seguridad social
El sistema previsional boliviano apenas cubre a una minoría. Según datos de 2024, solo 187.000 adultos mayores reciben jubilación contributiva, es decir, 20% de los mayores de 60 años. El resto se encuentra en la informalidad, sin aportes a la seguridad social o con aportes insuficientes. Incluso quienes accedieron a una pensión suelen recibir montos bajos que obligan a seguir trabajando como taxistas, comerciantes o recolectores de basura reciclable, por ejemplo.
Un estudio del Centro de Estudios del Adulto Mayor Bolivia (2024) calculó que el gasto mensual promedio en alimentos y medicamentos para una persona mayor asciende a 1.500 bolivianos. Si la Renta Dignidad apenas llega a 350, la brecha es tan grande que condena a miles de ancianos a la precariedad.
El contraste con los países vecinos es notable. En Uruguay, la jubilación mínima para 2025 es de aproximadamente 20.000 pesos uruguayos mensuales, equivalentes a unos 2.700 bolivianos y existen clubes financiados para adultos mayores; Chile otorga pensiones básicas de alrededor de 1.700 bolivianos y cuenta con Centros de Día municipales que ofrecen talleres y apoyo psicológico; en Argentina, la jubilación mínima es de unos 2.500 bolivianos y existen Centros de Jubilados que proporcionan actividades recreativas y turismo social; en Colombia, el programa Colombia Mayor concede subsidios y promueve Centros Vida que brindan alimentación diaria, atención médica y acompañamiento psicosocial.
El mensaje es claro, no se trata de incrementar un bono que puede generar a futuro problemas serios en la administración de la Gestora Pública. La verdadera protección a la vejez exige políticas integrales que combinen ingresos, salud, cuidado y espacios de participación.
Adicionalmente, Bolivia enfrenta un gran déficit de geriatras, con solo 23 especialistas para más de un millón de adultos mayores, cuando la recomendación internacional es un geriatra por cada 10.000 personas mayores. La falta de especialistas provoca que muchos adultos mayores reciban atención de médicos no especializados, lo que puede causar problemas médicos adicionales y gastos innecesarios, según la Sociedad Boliviana de Geriatría y Gerontología.
Los reportes de UDAPE indican que el sistema público de salud boliviano no tiene cobertura suficiente para medicamentos de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, cáncer y deterioro cognitivo, condiciones comunes en la vejez. Las largas listas de espera en hospitales implican que muchos adultos mayores deban recurrir a servicios privados o abandonar tratamientos, aumentando su vulnerabilidad.
Hogares y centros de acogida: entre la apertura y el secretismo
En Bolivia existen 61 centros de acogida para adultos mayores, según el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional: siete públicos, 12 mixtos, 33 privados y nueve sin información clara. De estos, 24 están administrados por la Iglesia Católica y la mayoría depende de donaciones y voluntariado.
En La Paz, ciudad con más de 287.000 adultos mayores, la oferta es claramente insuficiente. Allí funcionan hogares como el San Ramón, administrado por religiosas y voluntarios, que atiende a más de 200 personas y mantiene las puertas abiertas a la comunidad, permitiendo que cualquier persona ingrese, converse y acompañe. En contraste, el Hogar de Ancianos Quevedo, dependiente del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), aloja a 27 adultos mayores y cuenta con 15 profesionales de planta, pero el acceso es altamente burocrático porque para ingresar se exige carta, autorización y supervisión en cada entrevista. ¿Se trata de proteger o de ocultar lo que pasa dentro?
La Casa de Esparcimiento del Adulto Mayor en la zona Soqueri, gestionada por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ofrece actividades recreativas, pero su alcance es limitado frente a la magnitud de la población. Y casos como el del hogar “Viejito Lindo”, clausurado en 2024 por denuncias de maltrato, demuestran que la vigilancia ciudadana y la transparencia son indispensables.
Mirna Quezada Siles es periodista y comunicadora social.
BD/MQS/RPU
