Brújula Digital|19|07|25|
Sumando Voces
Rodolfo Huallpa
Luego de su reciente visita de trabajo a Bolivia, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe sobre los incendios forestales que afectaron al país en 2024. Una de las 22 recomendaciones insta al Estado boliviano a adoptar marcos normativos específicos que garanticen la protección integral de las personas defensoras del medio ambiente.
La recomendación 20 del informe “Impactos de los incendios forestales en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y la biodiversidad” exhorta al Estado: “Establecer mecanismos efectivos de acceso a la justicia ambiental en el contexto de los incendios forestales, contemplando procedimientos administrativos y judiciales adecuados, y adoptar marcos normativos específicos para la protección de personas defensoras del medio ambiente —en particular liderazgos indígenas y comunitarios—, con garantías de seguridad, reconocimiento público de su labor y su participación activa en políticas ambientales”.
La REDESCA visitó el país entre el 9 y el 11 de diciembre de 2024 para examinar los efectos que los incendios forestales provocaron a los derechos humanos, con especial atención sobre el medio ambiente, la salud, la educación, los medios de vida, el acceso a bienes naturales y los derechos de los pueblos indígenas y comunidades rurales.
Representantes de pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras del medio ambiente fueron algunos de los actores que tuvieron contacto con la REDESCA y compartieron testimonios sobre las barreras estructurales que enfrentan en su labor de protección de los territorios y ecosistemas afectados por los incendios forestales de 2024.
Entre las barreras identificadas en el informe están, por ejemplo, aquellas vinculadas con el acceso público a información ambiental y la participación ciudadana en las decisiones relacionadas con la protección del medio ambiente. Resalta, además, que hubo una proliferación de episodios de desinformación y manipulación de datos durante la emergencia.
“La Relatoría Especial recibió numerosos testimonios que manifestaron preocupación por la falta de información oportuna y accesible durante los incendios forestales de 2024, en particular en relación con los sistemas de alerta temprana, la evolución de los focos de calor y las acciones estatales desplegadas en los territorios afectados. Estos reclamos provinieron de comunidades indígenas, líderes comunitarios, periodistas ambientales y representantes de organizaciones de la sociedad civil”, precisa el organismo.
En 2021, el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas también expresó su preocupación por las “condiciones de seguridad en que los defensores de derechos humanos desarrollan sus actividades” en Bolivia, esto en el marco de sus observaciones finales sobre el tercer informe periódico universal.
En ese sentido, recomendó al Estado: “Adoptar una política integral de protección de los defensores de derechos económicos, sociales y culturales que incluya medidas para prevenir ataques, en particular contra pueblos indígenas”. Además, instó a “combatir la impunidad en dichos ataques, mediante la investigación de las amenazas, actos de acoso y violencia, y se asegure de que sus autores sean sancionados”.
Según el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, en 2024 hubo 93 vulneraciones al derecho a defender derechos en Bolivia, siendo la criminalización de personas defensoras de derechos el tipo de vulneración más frecuente (53 registros, 57%), seguido de la falta de protección en situaciones de riesgo (14 registros, 15%). Además, del total de registros, 75% tienen como actores vulnerados a defensores del medio ambiente.
Los principales perpetradores del derecho a defender derechos son funcionarios o entidades del Estado. Además, el 58% de las vulneraciones se cometen en contra de hombres defensores (54), frente al 18% (17) de casos en los que son mujeres defensoras las actoras vulneradas. El restante 24% (22) se comete en contra de organizaciones o grupos de personas defensoras de derechos.
BD/RED
