Periodistas denuncian ante la ONU y la CIDH una escalada de violencia sistemática contra la prensa en Bolivia

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La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) elevaron una denuncia formal ante organismos internacionales, alertando sobre una preocupante y sistemática escalada de violencia contra periodistas en el país, especialmente entre enero y junio de este año.

La nota fue enviada a la Relatora Especial de la ONU sobre la libertad de expresión, Irene Khan, y al Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, tras una resolución adoptada por más de 50 delegados en la Conferencia Nacional de Asociaciones de Periodistas, realizada el 18 de junio. En el documento se evidencia un incremento de ataques, hostigamientos y restricciones al ejercicio periodístico, en un contexto de tensión electoral y crisis económica.

Según datos del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, al menos 51 casos de vulneraciones a la libertad de prensa ocurrieron durante este primer semestre, muchos vinculados a movilizaciones impulsadas por sectores sociales afines al expresidente Evo Morales. Las agresiones incluyeron golpizas, amenazas, requisamientos de equipos y uso de agentes químicos y balines por parte de la Policía contra reporteros, en lugares como La Paz, El Alto, Sipe Sipe y Llallagua. Incluso corresponsales internacionales resultaron heridos.

El informe también denuncia que entre 2022 y 2024 la libertad de prensa fue el segundo derecho más vulnerado en Bolivia, con 495 registros, solo por detrás de la afectación a la institucionalidad democrática. “No se trata de hechos aislados. Se evidencia una tendencia sistemática de censura, violencia y criminalización del periodismo”, advierte el documento.

Una de las dimensiones más alarmantes señaladas en el informe es la violencia de género contra mujeres periodistas, quienes han sufrido ataques verbales y físicos con contenidos sexistas en ciudades como Desaguadero, Yapacaní y Santa Cruz.

Además, se alerta sobre la participación directa o permisiva de autoridades estatales en la estigmatización del trabajo de la prensa. La narrativa que califica a los medios como “prensa vendida” o “mentirosa”, pronunciada por funcionarios públicos y autoridades locales, ha fomentado un clima de descrédito que alimenta la hostilidad y la impunidad.

Frente a esta situación, la ANPB y la ACPI solicitaron a los relatores de la ONU y de la CIDH realizar un seguimiento constante a la situación de la libertad de prensa en Bolivia. Subrayan que la falta de acciones preventivas, investigativas y sancionatorias por parte del Estado constituye una omisión agravada y una violación al deber de garantía establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Finalmente, las organizaciones periodísticas pidieron a la comunidad internacional mantenerse vigilante. “No puede haber democracia sin libertad de prensa, y no puede haber libertad de prensa sin garantías estatales que protejan su ejercicio”, concluye el pronunciamiento.

BD/RED