Alcaldía de La Paz halla aceite argentino sin registro ni fecha de vencimiento y advierte acaparamiento

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La Alcaldía de La Paz intensificó, este viernes, los operativos de control en los macrodistritos Max Paredes y Cotahuma, en especial la venta de aceite comestible. Detectaron productos sin fecha de vencimiento ni registro sanitario, principalmente de origen argentino, lo que representa un riesgo para la salud pública.

“En todos los negocios por los que pasamos había aceite. Hemos instruido a las vendedoras que deben ofrecerlo a la población y no pueden guardarlo ni especular con los precios”, afirmó la intendenta macrodistrital de Max Paredes, Jhoana Soliz. Alertó que varios de los aceites argentinos incautados no contaban con fecha de expiración, lo cual impide verificar su estado de conservación. “Eso puede ser dañino para la salud, no sabemos cuántos años están almacenados”, advirtió.

En el operativo, las brigadas municipales intervinieron 120 actividades económicas y suspendieron temporalmente 12 por presentar riesgos sanitarios. Se decomisaron 14 botellas de aceite sin registro, 166 bebidas alcohólicas y productos en mal estado o contaminados, incluyendo alimentos con presencia de heces de roedor. En algunos casos, los comercios tampoco contaban con licencia de funcionamiento ni carnet de manipulación de alimentos.

La secretaria municipal de Desarrollo Económico, Sandra Soliz, informó que los controles se realizaron en mercados y calles adyacentes de ambos macrodistritos, como la calle Gallardo. Recordó que semanas anteriores ya se había exigido a las vendedoras que exhiban los precios de sus productos. “Algunas ya tenían sus letreros, pero otras no cumplieron y se les reiteró la disposición”, señaló.

Por la tarde, los controles se extendieron hasta el mercado de Villa Fátima. Ugarte anunció que los operativos continuarán en puntos estratégicos donde se comercializan productos de la canasta familiar, particularmente ante la escasez y el incremento de precios en algunos insumos básicos.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a verificar que los productos que compran cuenten con registro sanitario, fecha de vencimiento vigente y condiciones adecuadas de manipulación. “Es fundamental que las personas revisen bien lo que consumen y denuncien cualquier irregularidad”, reiteró Ugarte.

El Gobierno Municipal recordó que la Ley 453 otorga al nivel central del Estado la competencia exclusiva en derechos y políticas del consumidor. Por su parte, el Decreto Supremo 434 establece que las intervenciones por contrabando, agio o especulación corresponden a las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana y la Aduana Nacional. En tanto, las alcaldías mantienen competencias sobre inocuidad alimentaria y condiciones sanitarias de los espacios de venta.

BD/RED