Gremios periodísticos piden sancionar a operadores de justicia que no atendieron caso de violación de reportera

Brújula Digital |29|03|25|

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz piden sancionar a operadores de justicia y policial que no atendieron el caso de violación de N.A.O, reportera víctima de violación que se quitó la vida el pasado viernes en El Alto.

“Exigimos justicia y la aplicación de sanciones para las y los servidores públicos que menospreciaron la vida y dignidad de la periodista Nadia A.O.”, se lee en un pronunciamiento de los gremios periodísticos.

La joven se quitó la vida luego de haber sido abusada sexualmente por el fotoperiodista Álvaro V. en septiembre de 2024. Según testimonio de sus familiares, la periodista agredida presentó denuncias ante autoridades policiales y jurisdiccionales, pero no encontró ayuda.

Según la carta póstuma que dejó la joven, la suboficial Delia Parra no la colaboró dentro de la denuncia, al igual que el fiscal Luis Alberto Bayón.

Por ello, la ANPB y el Círculo de Mujeres Periodistas de La Paz aseveró que Parra revictimizó y despreció la denuncia que hizo la joven reportera.

“La Suboficial Sgto. 2do Delia Delmira Parra Yapita, al afirmar que la denuncia de Nadia “no procedería porque es su culpa”, no sólo la revictimizó, sino que despreció su dignidad al reducir su sufrimiento a una cuestión de “culpa” personal”, se indica en parte del pronunciamiento.

En el caso del fiscal Bayón, los gremios periodísticos señalaron que “incurrió en grave negligencia al dilatar la imputación del presunto violador Álvaro V. y soslayar la verificación de pruebas, por tanto, no actuó en el marco de las funciones que establece la ley 260 que exige garantizar justicia a las víctimas”.

Por esas razones, exigen “reconocer su responsabilidad en la muerte de Nadia, cuyo peregrinaje por justicia se convirtió en un camino hacia el suicidio por la falta de respuestas, sancionar sin excusas ni dilaciones y con todo el rigor de la ley a quienes le negaron protección exponiéndola a mayor riesgo y menospreciando su vida y capacitar a funcionarios responsables de la atención a víctimas de violencia, garantizando protocolos que eviten la revictimización”.

BD/MC