Otro 8 de marzo sin justicia ni avances reales

Brújula Digital|11|03|25|

Mirna Quezada Siles

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, fue una vez más una jornada de lucha en Bolivia; pero también un recordatorio de que la justicia sigue sin responder a la población femenina. A pesar de los avances en derechos y participación política, la violencia de género y la impunidad continúan siendo una deuda pendiente.

En 2024, según la Fiscalía General del Estado, se registraron 84 feminicidios y 50.325 casos de delitos relacionados con la Ley 348, de los cuales 37.601 correspondieron a violencia familiar o doméstica. Esta norma, denominada Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, fue aprobada el 9 de marzo de 2013 con el objetivo de establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación para mujeres en situación de violencia.

El inicio de este año tampoco fue alentador. Solamente en enero, se reportaron al menos ocho feminicidios a nivel nacional. Entre los casos más estremecedores se encuentran los ocurridos en San Julián (Santa Cruz) y en la ciudad de La Paz, lo que evidencia la urgencia de reforzar las acciones contra la violencia de género.

Si bien existen avances legislativos y políticos, los cambios no han sido suficientes. La Constitución y diversas normativas buscan garantizar los derechos de las mujeres y fomentar su participación en la política; sin embargo, en regiones aisladas y en sectores de escasos recursos o con baja formación, continúan ocurriendo casos que indignan al mundo entero.

En el tema de participación femenina en política, Bolivia tuvo figuras destacadas, como Lidia Gueiler Tejada, la primera mujer en presidir el país. No obstante, el acceso al poder no siempre implicó avances en la lucha por la equidad. Jeanine Áñez, quien asumió la presidencia de forma interina en 2019 tras la crisis político-social y la renuncia de Evo Morales Ayma, terminó condenada a 10 años de prisión por “incumplimiento de deberes” y “resoluciones contrarias a la Constitución”. Su caso, lejos de fortalecer la causa feminista, demostró las contradicciones de la justicia boliviana y cómo ésta puede ser utilizada con fines políticos.

Mientras tanto, las mujeres siguen siendo las principales víctimas de la violencia. Un caso alarmante y estremecedor es el de una mujer estrangulada por su expareja dentro de un recinto penitenciario, un hombre que ya había estado en prisión por intentar matarla antes. Este suceso pone en evidencia las graves fallas del sistema de protección y justicia en Bolivia. ¿Cómo es posible que alguien con antecedentes de violencia pueda acercarse nuevamente a su víctima? ¿Dónde estaban los controles de seguridad en el penal? ¿Existe complicidad de las autoridades dentro del sistema carcelario? Estas preguntas siguen sin respuesta y reflejan la falta de medidas efectivas para prevenir la reincidencia de los agresores.

La Ley 348, que castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, no se aplica con el rigor necesario. Las organizaciones feministas denuncian que la falta de presupuesto y personal capacitado impide una respuesta efectiva ante la crisis de violencia de género. A esto se suma la re victimización en los procesos judiciales, la desconfianza en las instituciones y la escasa protección real para las sobrevivientes de violencia, quienes muchas veces son obligadas a convivir con sus agresores debido a la falta de refugios y apoyo estatal.

Este 8 de marzo, miles de mujeres se movilizaron en Bolivia para exigir justicia. En varias ciudades, activistas pintaron grafitis en las paredes como una forma de protesta contra la impunidad. Las manifestantes corearon consignas como “Nos matan y nos violan y el Estado no hace nada”, “Jueces, fiscales, machistas patriarcales” y “Los pacos (policías) no me cuidan, me cuidan mis amigas”.

En La Paz, distintos colectivos feministas, sindicatos de mujeres trabajadoras y mujeres de todas las edades se unieron en una marcha exigiendo al Estado extremar esfuerzos para garantizar una vida libre de violencia. Sin embargo, la jornada también estuvo marcada por algunos actos vandálicos, como la destrucción de los vitrales de un viaducto, lo que generó controversia y abrió el debate sobre los límites de la protesta. Para algunas personas, estos hechos empañaron la lucha feminista; para otras, fueron una expresión legítima de la rabia e impotencia de una sociedad que no ve respuestas claras por parte del Estado. En todo caso, la discusión se centra en la necesidad de que las autoridades actúen de manera eficaz, evitando que la irritación desemboque en acciones extremas.

La indignación y la impotencia siguen siendo el centro del problema debido a la falta de justicia real para las víctimas de violencia. Por ello, estas manifestaciones no pueden reducirse a simples críticas o ser vistas con prejuicios machistas, como si nadie estuviera exento de vivir una tragedia similar en su propio hogar. La lucha de las mujeres no es una amenaza ni una moda pasajera, sino una exigencia urgente por seguridad, respeto y justicia.

El problema no es la falta de leyes, sino la ausencia de voluntad política para aplicarlas con rigor. Es urgente una reforma judicial que garantice una atención rápida y seria a las denuncias de violencia, la creación de tribunales especializados y un mayor presupuesto para la protección de las víctimas. También es fundamental la capacitación constante de jueces, fiscales y policías para evitar decisiones arbitrarias que pongan en riesgo a las mujeres. Sin un sistema judicial eficiente y comprometido, las agresiones seguirán en aumento y las víctimas continuarán siendo desprotegidas.

Así pasó otro 8 de marzo en Bolivia, con marchas, gritos y discursos. Así avanzaron por calles y avenidas las mujeres, caminaron con rabia y con exigencias que se repiten año tras año. En los hechos no existen progresos reveladores en materia de justicia. La igualdad sigue siendo una promesa lejana y -mientras tanto- las mujeres siguen siendo atacadas, amedrentadas y acosadas. Lo peor: las mujeres siguen siendo asesinadas.

“Nunca tendrán la comodidad de nuestro silencio otra vez”, rezaba un cartel en una manifestación femenina en otra parte del mundo. Este mensaje refleja el rechazo a la complacencia y la pasividad ante la violencia, dejando en claro que quienes luchan no volverán a callar.

Por ello, no sólo las mujeres, sino también los hombres, deben apoyar acciones concretas para mejorar la justicia en casos de violencia de género. Es imprescindible que haya varones comprometidos con los derechos de la población femenina boliviana porque la lucha por la equidad y la justicia es una responsabilidad compartida. La construcción de una sociedad más justa y segura no puede ser una batalla meramente femenina; debe ser un compromiso de todos.

Mirna Quezada Siles es comunicadora social.