84 entidades nacionales e internacionales piden un alto a la violencia en territorios indígenas

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 Sumando Voces
 Yenny Escalante

Un total de 84 organizaciones nacionales e internacionales suscribieron un pronunciamiento en el que demandan el esclarecimiento del asesinato de Francisco Marupa, de la comunidad Torewa, del Pueblo Leco, en la Amazonía boliviana, y exigen medidas urgentes para frenar la violencia criminal en territorios indígenas.

“Demandamos el pronto y pleno esclarecimiento de la verdad histórica (de la muerte de Marupa), aplicar la sanción legal contra los responsables materiales e intelectuales para actuar en justicia y poner un alto a la acción de grupos criminales”, refiere el punto uno del pronunciamiento.

Marupa fue hallado sin vida y con signos de violencia en su chaco, ubicado cerca del río Hondo. Según la denuncia, los agresores huyeron en la lancha del propio comunario. El presunto autor del asesinato, un joven de 20 años, fue detenido preventivamente en la cárcel de San Pedro de La Paz, tras declarar que cometió el crimen.

En el texto señalan que es imperativo que el Estado boliviano, en el marco de los estándares internacionales de derechos humanos y del Acuerdo de Escazú, garantice la protección efectiva de los pueblos y las personas defensoras del territorio y el medio ambiente, ya que hasta la fecha no fueron “ni escuchados ni protegidos”.

Asimismo, advierten que la impunidad solo perpetúa la violencia y debilita el Estado de Derecho. Por ello exigen medidas concretas para frenar el accionar de “grupos criminales” en territorios indígenas.

El caso de Francisco Marupa se suma a una serie de hechos de violencia que han puesto en peligro la vida de líderes indígenas y comunarios que defienden sus territorios de actividades extractivas ilegales, denunciaron locatarios de Torewa.

“La negligencia y desatención estatal, junto a la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, ha convertido a Francisco Marupa en una víctima más de la injusticia estructural. Que el sacrificio de su vida nos ponga en alerta permanente para detener la violencia, la impunidad de grupos ilegales y criminales que pretenden hacer prevalecer sus intereses económicos devastando nuestros bosques, contaminando las aguas, destruyendo los medios de vida y el inmenso patrimonio natural y cultural que es la esencia de nuestra Casa Común”, finaliza el pronunciamiento.

Entre los firmantes se encuentran la Red UNITAS, la Red Eclesial Panamazónica (REPAM Bolivia), el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) y la Red Latinoamericana de Pensamiento Social de la Iglesia (RedLapsi), entre otras. Estas organizaciones han instado al Estado boliviano a cumplir con sus compromisos internacionales, garantizando la seguridad de los pueblos indígenas y defensores del medioambiente.

El Pueblo Leco denunció, mediante diversos pronunciamientos, que ha sido víctima de violencia sistemática de parte de grupos que trafican con la tierra y que operan con la minería ilegal, al punto que les llegaron a quemar sus casas en años pasados.

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