Defensora de derechos y líder indígena: sobre el informe al EPU y la evaluación de los derechos humanos a Bolivia

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 Agencia de Noticias Ambientales (ANA)
 Eloísa Molina

El EPU (Examen Periódico Universal), es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para evaluar la situación del ejercicio de derechos humanos en los 193 países miembros. Esta valoración se realiza cada cuatro años y medio.

Bolivia ha sido examinada por el Consejo de Derechos Humanos en tres ocasiones (2009, 2014 y 2019). Tras cada examen, el Estado se comprometió a cumplir las recomendaciones emanadas por el Consejo.

Durante las pre-sesiones del cuarto periodo del Examen Periódico Universal (EPU) llevado a cabo el 21 de enero de este año, la delegación boliviana liderada por el ministro de Justicia y Transparencia presentó el informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, sobre los derechos de las naciones y pueblos indígenas, en el que afirma “El proceso constituyente boliviano ha cristalizado demandas históricas como el dominio ancestral de sus territorios, su libre determinación, autonomía y autogobierno cultural, el reconocimiento de sus instituciones y la consolidación de sus entidades territoriales así como la ancestralidad sobre sus tierras”.

En una entrevista a Ruth Alipaz -líder, defensora de derechos y coordinadora general de la Contiocap (Coordinadora nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas)- se le preguntó:

ANA: ¿Cuál es su percepción de este informe (del gobierno) y la vivencia que ustedes tienen, respecto a la autodeterminación y el autogobierno de los pueblos indígenas?

RA: Primero, que este discurso se inició y se mantiene desde el gobierno de Evo Morales, pretendiendo atribuirse como un producto de su gobierno la Nueva Constitución Política del Estado NCPE, que reconoce los derechos territoriales, la autonomía y autodeterminación de nuestros Pueblos Indígenas. Pero es bueno aclarar que la NCPE es un logro de las luchas históricas de nuestros pueblos indígenas, que han ido construyendo durante gobiernos anteriores al MAS. Y lamentablemente la Constituyente pasó a instalarse, también con mucha lucha de nuestros pueblos, durante el primer periodo de gobierno de Evo Morales.

Por lo que es imperante desmantelar la gran mentira de los gobiernos del MAS, para que no sigan utilizando estos avances logrados por nuestros pueblos, y no sigan engañando en este tipo de espacios internacionales con discursos falsos de ser los grandes defensores de nuestros derechos como pueblos indígenas, cuando en la realidad, en territorio boliviano, Evo Morales, Luis Arce y David Choquehuanca, son los verdugos mas implacables de nuestros Pueblos Indígenas. Y los Pueblos Indígenas aún no hemos materializado nuestra autonomía, autodeterminación y autogobierno, porque estos gobiernos no nos permiten avanzar en ejercerlos.

ANA: ¿Cuál es el nivel de reconocimiento y respeto del Estado a las organizaciones de pueblos indígenas como la Contiocap u otras organizaciones de la sociedad civil?

RA: Por principio, voluntad y cumplimiento de la CPE por parte del Estado: CERO. Las organizaciones indígenas que representaban a nuestros pueblos tanto de tierras bajas como de tierras altas, han sido destruidas, divididas, absorbidas, cooptadas, sometidas, prebendalizadas, corporativizadas, politizadas y convertidas en serviles a los intereses político partidarios de los gobiernos de turno. Es decir, han anulado por completo a las organizaciones desde la 8va Marcha en Defensa del TIPNIS, con represión, con disciplinamiento, con adoctrinamiento y alineamiento al MAS.

Y las luchas que se han mantenido desde el territorio, en muchos casos desde las autoridades en nuestros pueblos, comunidades, y ayllus, así como organizaciones de base existentes creadas para la defensa de nuestros derechos, son las que le hemos hecho frente a la brutal arremetida de despojo de nuestros territorios, promovidas e impulsadas desde el Estado, las empresas petroleras, mineras, agronegocio, etc.

Y la CONTIOCAP, es producto de esas luchas que persiten y se mantienen en los territorios, porque su creación es por decisión y voluntad (autodeterminación) de esos pueblos en lucha, para hacer visible las violaciones de derechos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y por supuesto, que eso incomoda al Estado, incomoda a los intereses políticos y económicos de las grandes empresas y cooperativas que se apropian de nuestros territorios, incomoda a las organizaciones de la sociedad civil afines al gobierno y a las organizaciones indígenas politizadas, y atacan al rol de defensores de derechos indígenas y del medio ambiente que hemos asumido.

ANA: ¿El gobierno convocó a la Contiocap u otras organizaciones de la sociedad civil para la elaboración del informe que fue presentado el 21 de enero en Ginebra?

RA: El gobierno no convoca a las víctimas, a los afectados, a las organizaciones indígenas o de la sociedad civil que estamos en defensa de nuestros derechos y del medio ambiente. El gobierno utiliza a las organizaciones afines y sometidas a su interés político, para falsear y manipular la información para este tipo de informes, sobre la realidad que vivimos la sociedad civil en Bolivia. Por lo que el gobierno dirá y dice que ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil, que son sus organizaciones sometidas políticamente que les sirven para esos propósitos. Pero a quienes podemos aportar para hacerle ver la realidad, para que contribuyamos con información para mejorar las condiciones de nuestros pueblos, esos somos excluidos y nunca tomados en cuenta.

En noviembre de 2024, la Alianza por los Derechos Humanos y el Medioambiente (ADHMA) a la cabeza   del  Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) y la Contiocap, presentaron informes principalmente sobre los impactos de la minería del oro y el mercurio en territorios indígenas, los incendios forestales, deforestación, la situación de las defensoras y defensores del medioambiente y sus territorios, el Estado de derecho y la democracia que serían tomados en cuenta en el EPU, para la sesión de este 21 de enero.

ANA: ¿Qué incidencia tuvo la participación de la sociedad civil en el EPU, principalmente sobre los impactos de la minería del oro y el mercurio en territorios indígenas, los incendios forestales y la deforestación, luego de la sesión del 21 de enero llevada a cabo en Ginebra?

RA: Los intereses de los países miembros de la ONU pesan a la hora de tener que hablar de esta problemática que ya es humanitaria y con caraterísticas de etnocidio. Porque el hecho de que la minería de oro esté envenenando al 100% de mujeres indígenas que han sido parte de los estudios, es el resultado concreto de las políticas del gobierno de Bolivia que la ampara con Leyes como la 535 de Minería y Metalurgia y la Ley del Oro entre las principales que las incentiva. Y a su vez, los países tienen intereses en el oro como parte de su política económica e industrial, incluso para las falsas soluciones como la transición energética, que demanda más oro y otros metales. Por eso no quieren escuchar ni menos hablar de dónde viene el oro, cómo se extrae, qué impactos está teniendo en los territorios, ríos, áreas protegidas y poblaciones indígenas de la Amazonía. Eso explica las pocas recomendaciones que hubo al respecto de esta problemática en particular.

Ante ello, nosotros la sociedad civil tenemos que enteder que estamos perdiendo el futuro de nuestros hijos, que recogeran la devastación y la falta de agua para su subsistencia, y ese hecho debería movilizarnos a desmantelar también la falacia de estos organismos internacionales, y echarles en cara que su acumulación de riqueza nos está costando la vida a los pueblos indígenas de la Amazonia en Bolivia y el continente.

Exactamente lo mismo pasa con la deforestación y los incendios, que en sí encierra grandes intereses económicos del agro-negocio nacional y transnacional. Las recomendaciones que hubo son de los países que han demostrado algo de ética con su discurso, con su preocupación por la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la gran amenaza de desaparición de la Amazonía.

Y la sociedad civil que ha hecho los esfuerzos por dar a conocer la realidad de nuestro país en esos espacios, creemos que sobre todo es valioso para introducir y posicionar temas de violaciones de derechos de pueblos indígenas y medioambientales. Pero también hacerlo visible en el país, para que no dejemos en manos ajenas las decisiones con las cuales nos afectan,si no que desde nosotros mismos los bolivianos y bolivianas incidamos para exigir políticas que cuiden el agua y la vida de nuestros hijos.

ANA: ¿Qué temáticas de las que se tocaron en este informe del ADHMA, cree usted que tuvo mayor repercusión o causó mayor preocupación en la Comisión y/o en los países miembros?

RA: La sociedad civil boliviana ha llevado diferentes temáticas sobre violaciones de derechos humanos y hemos observado que los temas de trata, tráfico y tortura de personas han tenido mayor repercusión. Y en el caso de trata y tráfico de personas, tiene su vínculo estrecho con la minería aurífera en la Amazonía, específicamente de trata y tráfico de niñas y mujeres según estudios periodísticos, que también fueron parte de nuestro informe.

Y en el caso de pueblos indígenas y medio ambiente, se siguen reiterando las recomendaciones para que por ejemplo el Estado respete nuestro derecho a la Consulta Libre, Previa e Informada. Lo cual indica que es una asignatura que el Estado Boliviano no cumple, y no porque se lo recomienden o no, sino porque está en la Constitución Política del Estado y en Convenios Internacionales que el Estado se obliga a cumplir.

ANA: ¿Qué importancia tiene el EPU, en relación a la vulneración de derechos de los pueblos indígenas?

RA: Muy muy importante, especialmente en un contexto en la cual ciertas organizaciones indígenas afines al partido de gobierno le lavan la cara, nosotros llevamos la versión real, de lo que se vive en los territorios y en el país. Incluso es una oportunidad para hacer visible esas prácticas del gobierno de sometimiento político de los Pueblos Indígenas. Y este mecanismo del EPU, es en realidad la única oportunidad que nos brinda a la sociedad civil de entrar en contacto y diálogo directo con las representaciones de los Estados miembro de la ONU, para también recordarles a ellos que las empresas de sus países deben cumplir y respetar la normativa nacional en nuestro país y los convenios internacionales de las cuales ellos, como Estados miembro, suscribieron.

Ante los altos niveles de contaminación por el uso de mercurio en la minería aurífera, muchos países como España, hicieron recomendaciones al Estado sobre la aplicación de la consulta previa libre e informada a los pueblos indígenas, exhortando además, que se dé cumplimiento a la declaración de Naciones Unidas y la aplicación plena del acuerdo de Escazú sin restricciones.

ANA: ¿Qué trascendencia o qué impacto podrá tener en nuestro país estas recomendaciones realizadas en el marco del EPU?

RA: Este tipo de recomendaciones son una herramienta clave para la sociedad civil, particularmente para los Pueblos Indígenas, porque, primero que queda claro y de conocimiento universal de que Bolivia no está cumpliendo con sus deberes de respetar y garantizar esos derechos según los estándares internacionales, lo cual es vergonzoso. Y segundo, para nosotros que somos la sociedad civil, se convierte en una herramienta de exigencia para que el Estado Boliviano, cualquiera sea el gobierno, deben cumplir, porque son acuerdos, no de palabra, sino suscritos y convertidos en leyes en nuestro país, como el último acuerdo de Escazú que en sí mismo es vinculante.

Y finalmente, las recomendaciones son un voto de apoyo en la defensa de los derechos de nuestros Pueblos Indígenas y de toda la sociedad civil boliviana, que debemos aprovechar para materializar esos derechos que nosotros mismos hemos logrado que estén en la CPE, en las leyes, en los Acuerdos internacionales y en las recomendaciones del EPU.

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