Caso Bajo Llojeta: Fiscalía amplía investigación contra funcionarios municipales

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La Fiscalía amplió la investigación del caso de deslizamiento de tierra ocurrido en Bajo Llojeta, contra seis funcionarios públicos de las subalcaldías de Cotahuma dependiente de La Paz y de la alcaldía de Achocalla como posibles responsables por deficiencias en la gestión de riesgos en la zona afectada.

El director nacional de la FELCC, coronel Walter Sossa, estas personas fueron citadas para prestar declaraciones y se encuentran bajo investigación por los delitos de peligro de estrago  y otros estragos. “Se amplió la investigación contra seis funcionarios públicos encargados de la gestión de riesgos. Ya se emitieron las citaciones y en las próximas horas se conocerán sus declaraciones. Estas personas deben responder por su actuación dentro de este delito, que incluye peligro de estado y otros estragos”, declaró.

El caso involucra a funcionarios técnicos y administrativos encargados de la gestión de riesgos en los municipios de La Paz, Achocalla y sus subalcaldías respectivas. Según el Ministerio Público, su actuación será evaluada para determinar posibles responsabilidades en las decisiones y acciones que contribuyeron al desastre.

Además, la Fiscalía imputó formalmente a Luis Enrique Iturralde Moreno, representante legal de la inmobiliaria Kantutani, por su supuesta responsabilidad en el deslizamiento ocurrido el 23 de noviembre, que dejó 40 viviendas dañadas y causó la muerte de Camila, una niña de cinco años. Según el Ministerio Público, los movimientos de tierra realizados por Kantutani en terrenos inestables acumularon más de 5.000 toneladas de lodo que descendieron con fuerza, provocando el desastre.  

“Existen suficientes elementos de convicción sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo, por lo que se resuelve imputar formalmente a Luis Enrique Gonzalo Iturralde Moreno”, señala la resolución.  

La investigación también involucra al alcalde de Achocalla, Manuel Condori, quien permanece detenido junto a tres empleados de Kantutani. A su vez, dos subalcaldes enfrentan imputaciones por incumplimiento de deberes y lesiones graves y leves.  

Entre los 93 elementos probatorios presentados se incluyen testimonios de vecinos que responsabilizan a Kantutani y a la administración del Cementerio Los Andes. Según la Fiscalía, el deslizamiento fue causado por el embovedado del río Pasajahuira, realizado en terrenos que no cumplían con condiciones de seguridad.  

BD/RED