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La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) aprehendió este viernes a los subalcaldes de Cotahuma, Gonzalo Alberto Gonzales Suxo, y del Distrito 6 de Achocalla, Juan Carlos Aguilar Mendoza, implicados en la investigación por la mazamorra que afectó la urbanización Santa Cecilia en Bajo Llojeta. El desastre, ocurrido el pasado 23 de noviembre, dejó cerca de 40 viviendas destruidas y la trágica muerte de una niña de cinco años.
El director nacional de la FELCC, Walter Sossa, informó que ambos subalcaldes enfrentan acusaciones por los delitos de estragos, peligro de estragos, incumplimiento de deberes y otros agravantes. "Uno (de Achocalla) habría emitido una licencia de funcionamiento y el otro (de Cotahuma) conoció de la fractura de la bóveda, del colapso de esta y no habría tomado ningún tipo de acción”, detalló Sossa.
La orden de aprehensión fue emitida por la comisión de fiscales liderada por Omar Yujra Paucara. Sin embargo, se informó que optaron por abstenerse de declarar y fueron trasladados a celdas policiales, donde permanecerán hasta que se defina su situación jurídica.
Protestas
La detención de los subalcaldes generó movilizaciones de vecinos de Cotahuma, quienes calificaron la medida como injusta y defendieron la inocencia de su autoridad. “Nuestro subalcalde recién está cuatro meses en funciones y estamos acá para decir que es inocente”, expresó uno de los manifestantes.
Por su parte, Eulogio Aruquipa, presidente del Control Social, señaló que la mazamorra fue responsabilidad del municipio de Achocalla. “Este deslizamiento fue ocasionado por Achocalla, por el cementerio Los Andes, y La Paz está afectada”, aseguró.
El alcalde de La Paz, Iván Arias, también acudió a la vigilia organizada en inmediaciones de la FELCC y pidió que Gonzales Suxo pueda defenderse en libertad. Además, mencionó que no se va a “meter a otro municipio”, pese a que el cementerio Los Andes está dentro de la jurisdicción paceña.
La orden de aprehensión contra Gonzales Suxo establece que fue emitida “de conformidad al artículo 226 del Código Penal”, resaltando la necesidad de colaboración de autoridades policiales y administrativas para su cumplimiento.
BD/RED