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Dos empleados de la inmobiliaria Kantutani fueron convocados a declarar por la mazamorra que afectó a alrededor de 40 viviendas de Bajo Llojeta y la justicia ratificó la detención preventiva en contra del alcalde de Achocalla
“A través de sus órganos especializados, la FELCC vino realizando acciones de investigación para esclarecer este hecho. Bajo esa lógica, se procedió a convocar a otras dos personas pertenecientes a la empresa que está siendo investigada. Las mismas ya prestaron su declaración informativa”, explicó Gabriel Neme, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
Hasta la fecha, seis personas ya declararon en relación con este caso, y no se descarta la ampliación de las investigaciones. “En este contexto, no sólo se puede circunscribir a un par de personas, sino a todos los que resulten autores, cómplices y encubridores de este hecho. En base a los actos investigativos, seguramente se ampliará a otras personas más,” añadió.
Además, en una audiencia de apelación realizada este lunes, la justicia ratificó la detención preventiva del alcalde de Achocalla, Manuel Condori, quien permanece recluido en el penal de Patacamaya desde el 6 de diciembre. Esta decisión responde a los riesgos que, según el Ministerio Público, aún persisten en su contra.
“Se ratificó su detención preventiva ya que es una facultad exclusiva de la autoridad judicial emitir este tipo de determinaciones. Sin embargo, el Ministerio Público siempre actuará en el marco de lo que establece la Constitución y las leyes,” declaró el fiscal departamental Luis Carlos Torres.
Por otro lado, el empresario y propietario de Kantutani, Luis Iturralde Moreno, quien actualmente se encuentra en Perú, está programado para declarar de manera virtual. “Se ha solicitado una alerta roja para su extradición a Bolivia. Tras el informe de la comisión de fiscales, se darán detalles de su comparecencia,” señaló el fiscal Torres.
BD/RED