Concejal Dulon sobre Las Loritas: “Hemos solicitado que se nos informe cuál es el estado actual de cada proceso de fiscalización”

Brújula Digital|03|06|24|

En una entrevista con Brújula Digital, el concejal Jorge Dulon de la alianza Por el Bien Común – Somos Pueblo dijo que “hay que transparentar la información” del caso de Las Loritas Edificios, cuyo empresario Harold Lora fue enviado a la cárcel con detención preventiva.

También informa que de las 140 edificaciones fuera de norma, de las cuales 17 son de Las Loritas, en la ciudad de La Paz, “hemos solicitado que se nos informe cuál es el estado actual de cada proceso de fiscalización”.

Dulon es magister en Gestión y Políticas Públicas, además de administrador público y politólogo, y fue presidente del Concejo Municipal de La Paz entre 2021 y 2022. Este el diálogo sostenido:

BD– ¿Qué evaluación tiene del trabajo de la Alcaldía respecto a la fiscalización de construcciones ilegales?

JD–Primero, lo que hay que decir claramente es que este problema de las construcciones fuera de norma sigue siendo un tema complejo y controversial, no solamente para esta gestión, sino también para las anteriores gestiones. ¿Por qué? Porque existe un riesgo inminente que representa para la seguridad de la población, también para la legalidad de las empresas constructoras y, sobre todo, en nuestro caso, como gestión municipal, para el modelo de planificación urbana que debe ser, pues, como corresponde, responsable, tiene que ser transparente y nosotros, como autoridades, estamos llamados a aplicarlo. En este marco hay que actuar con toda la ética, con toda la transparencia y con mucha responsabilidad con la ciudadanía.

Yo creo, bueno, no creo, estoy seguro de que el Ejecutivo ha hecho varias actuaciones administrativas y ha informado que se identificaron 17 construcciones de las Loritas, de las que sólo se tendría autorización para construir dos. Pero lo que hay que recalcar es que estas construcciones están en Irpavi, con autorización de cinco pisos y la otra se encuentra en la calle 15 de Calacoto, con autorización para ocho plantas. Pero nos hemos, anoticiado que, mediante la Secretaría de Planificación y la Dirección de Política Urbana y Territorial, que el proyecto Loritas 10, que es el que está ubicado en la calle 15 de Calacoto, sólo tenía autorización para ocho plantas.

Y lo mismo pasa con el de la zona de Irpavi, sólo se ha dado permiso para levantar cinco plantas, pero la empresa, en su publicidad, sobrepasaba este número. Entonces, eso, desde ya, muestra que la empresa ha estado tratando de utilizar una autorización que, como le digo, refería a dos de los 17 edificios, pero se estaba aprovechando de eso para poder montar más pisos y ofrecer más pisos, cosa que no estaba autorizada.

BD– ¿Qué relación hay entre Harold Lora y Pierre Chaín por el terreno de la calle 15 de Calacoto?

JD–Ha habido gran controversia respecto a este tema. No tengo conocimiento, la verdad. Yo, como usted sabe, me baso en temas de información oficial. Lo demás es especular y ser irresponsable. Yo no quisiera que se utilice mi nombre con especulaciones, como ya se lo ha hecho. Entonces, la verdad, yo no tengo idea qué relación tendrá, si hay alguna relación o no, etc.

Lo que interesa a la gente son las actuaciones que ha hecho el Concejo Municipal y mi concejalía, para fiscalizar este tipo de actuaciones. La gente pone en una sola bolsa a todos los concejales. En nuestra condición de concejal asignado al macrodistrito Sur, durante 2022 - 2024, hemos sustanciado algunos trámites de denuncia a ciudadanos, mejor dicho, que han motivado a que enviemos solicitudes de información y notas de solicitud de información aclaratorias al Ejecutivo.

En respuesta a estas solicitudes, hemos encontrado que desde la Subalcaldía Sur se han iniciado algunos procesos técnicos administrativos para fiscalizar estas denuncias que han existido. Pero también hemos solicitado que se nos informe cuál es el estado actual de cada proceso de fiscalización que se ha iniciado desde la Subalcaldía Sur. Esa es nuestra labor, la fiscalización, para justamente dar información a la gente que estaba preocupada y que había denunciado algunas presuntas irregularidades que, como digo, había identificado.

BD– ¿Hay tareas concretas en el trabajo de fiscalización?

JD–Pero adicionalmente también se ha pedido información sobre observaciones a los predios de la zona Sur que solicitaron acogerse a estas normativas de regularización en el marco de la Ley 467. Pero además de eso, hemos previsto una acción de fiscalización pendiente que se va a realizar, que se ejecutó o se inició, mejor dicho, en abril pasado, para conocer el detalle de todos los procesos iniciados y, además, evidenciar o no, con los respaldos técnicos adecuados, la situación que no ha podido ser aún de conocimiento de la Subalcaldía Sur.

Y ahí hay una cosa fundamental que hay que decir, es que la gente que ha hecho estas denuncias, por supuesto que se ha preocupado porque definitivamente, presuntamente ha sido estafada. Es decir, parece que el modo de operar de algunas constructoras tenía que ver con lo que les ha pasado a ellos, es decir, les han vendido un poco más barato un departamento, ellos por el precio adecuado han accedido a comprar el departamento, y después a la hora ya de tener los papeles y todo lo que correspondía, pues no los han podido obtener porque primero no tenían permiso de la Alcaldía de La Paz.

No había una posibilidad de fraccionamiento, y por lo tanto la gente que ha dado su platita no ha podido recibir en contrapartida los papeles que legalizan su propiedad. Entonces, eso también es importante. También lo que hay que decir, hay que explicar, hay que transparentar la información, reitero, no poner en la misma bolsa a todos los concejales, es que nosotros en una sesión ordinaria de 2022, si no me equivoco en la sesión número 60, en septiembre de ese año, hemos rechazado, no hemos estado de acuerdo con un proyecto de ordenanza municipal de ajuste normativo de actualización por crecimiento y densificación para la administración territorial, mediante el cual se pretendía realizar la modificación de cartillas y patrones de asentamiento.

BD– ¿El proyecto de norma pretendía actualizar las cartillas?

JD–Esto, como es de conocimiento público, tal vez la gente no se acuerda, se aprobó el ingreso por dispensación, es decir, se decidió tratar el trámite, pero en el momento ya de su tratamiento yo no estuve de acuerdo porque no conocía el proyecto y por lo tanto decidí abstenerme en la votación, porque cada votación tiene que ser con conocimiento de causa. Y además remarqué la necesidad de que este tipo de iniciativas cumplan con una ruta crítica formal de procedimiento legislativo y que además sea objeto de consulta con los actores sociales y técnicos que están directamente involucrados.

Esto es muy importante porque en realidad esto de alguna manera tiene que ver o tenía que ver con lo que se pretendía hacer de poder después aprobar algunos lugares que antes tenían riesgo y que se actualicen las cartillas y que se puedan aprobar más construcciones, pero imagínense, se metió ese trámite por dispensación sin conocimiento de algunos concejales. Entonces eso también hay que subrayarlo para que la gente no piense que todos los concejales son responsables. Yo hablo por mí y yo hablo por mis acciones administrativas que hasta el momento han sido totalmente responsables.

BD– En el caso de Calacoto y de otros edificios hay personas afectadas, ¿qué solución sugiere dar?

JD–Miren, como también se ha informado desde el Ejecutivo, creo que es además lo lógico, lamentablemente el Gobierno Municipal en el tema específico de la estafa que ha habido, de la presunta estafa, pues no tiene mucho que ver. Es decir, ha habido personas, reitero, que han confiado en esta constructora y han adelantado un dinero para ser propietarios de un bien inmueble. Entonces, eso, como ya se he mencionado, también tiene que ser solucionado en la justicia ordinaria y ahí me imagino que las personas afectadas tienen que iniciar el proceso correspondiente.

En segundo lugar, lo que también hay que ver, que eso tampoco se muestra en la luz pública, es que, si bien el Gobierno Municipal no ha dado autorización a estas construcciones, hay otros gobiernos municipales que sí lo han hecho. Entonces, ¿por qué no se hace una investigación?, puede ser periodística, también debería ser judicial, para saber qué gobiernos municipales han dado estas autorizaciones.

Y nuevamente aquí hay un problema de límites. Es decir, nuevamente los municipios circundantes utilizan el vacío legal que existe entre municipios como La Paz, Palca, Achocalla, Mecapaca, El Alto, etc. para dar permisos y ganar algún dinero adicional respecto a esos permisos que, desde nuestro punto de vista, son muy cuestionables.

Dan permisos para construcciones en áreas de riesgo, dan licencias de funcionamiento a actividades económicas que no corresponden, creen que su territorio va más allá, incluso imagínense de Calacoto, de la calle ocho de Calacoto, etc. Entonces se basan en estos vacíos que efectivamente son problemas que tiene que resolver la Gobernación de La Paz para establecer en definitiva ya los límites de cada gobierno municipal.

Entonces ese es un problema de fondo y eso hay que preguntar también: ¿por qué hay problemas de derrumbes?, ¿por qué hay problemas de deslizamientos?, ¿cuáles han sido los problemas que han afectado a la ciudad de La Paz? y que han sido causados por otros gobiernos municipales.

La posibilidad de que otros gobiernos municipales den permisos de construcción en territorio, entre comillas, de la ciudad de La Paz, ¿para qué?, para que las empresas boten sus escombros en los ríos y esos escombros después tapen y causen las inundaciones que hemos tenido.

Eso también hay que investigar. Y todo deriva en exactamente un mismo problema, que es el tema de que se aprovechan de los límites, del vacío de límites, para que cada gobierno municipal haga lo que le dé la gana y afecte, después a los ciudadanos que no necesariamente tienen todo el conocimiento de las normas y que después cuestionen la responsabilidad al Gobierno Municipal de La Paz.

Yo creo que son varios problemas de fondo, pero dentro de los cuales también reitero hay responsabilidad privada que también tiene que investigarse, tiene que hacerse una investigación adecuada y objetiva desde la justicia ordinaria y a partir de eso ver las sanciones que seguramente se darán o no, para que la gente que ha confiado ha sido presuntamente estafada o engañada, pueda ser resarcida en términos de sus recursos invertidos.

BD– ¿Recibió denuncias parecidas a la de Las Loritas, con pagos anticipados, pero de otras empresas en La Paz?

JD–Sí, sí, mire, como le digo, hay denuncias de otras empresas también que no tienen permiso de construcción, que incluso sin tener el permiso de construcción han construido, le han metido lo más, como se dice vulgarmente. Hay otras denuncias que justamente establecen lo que decía al inicio, que hay empresas que tenían permiso para cinco pisos y están construyendo 10, es el doble, que están perjudicando además al perímetro y están causando externalidades negativas.

Además, hay denuncias de locales, de actividades económicas que, por ejemplo, están perjudicando la paz de la gente que vive alrededor, por la bulla, por el consumo de bebidas alcohólicas, etc., que no tienen permiso del Gobierno Municipal de La Paz, pero, reitero, sí tienen permiso de otros gobiernos municipales.

Entonces, ese es el gran problema. Y cuando uno va a fiscalizar, va a hacer una inspección, pregunta al lugar dónde está su permiso. Aquí yo tengo permiso de construcción de tal gobierno municipal. Entonces, ahí uno no tiene que hacer nada. Y ahí, para que sirva como ejemplo, para que la gente entienda, ha sucedido algo hace un año y medio, dos años, muy complicado. Han fallecido dos obreros en una construcción de la calle 14 de Calacoto y Costanera, en donde justamente había una empresa que ha sacado permiso de construcción en otro gobierno municipal. Imagínense, la calle 14 de Calacoto. Y ha comenzado a hacer los trabajos.

Y cuando nosotros hemos ido a ver, ya después de la tragedia, quienes han tenido que hacer todo el trabajo para rescatar primero a la gente y después para hacer algunos trabajos que no provoquen mayores problemas, ese trabajo lo ha tenido que hacer el Gobierno Municipal de La Paz. El otro gobierno municipal que supuestamente había dado el permiso no ha hecho nada, ha brillado por su ausencia. Y a los ojos de la ciudadanía, quien tiene la responsabilidad y la culpa de todo, lamentablemente, porque no hay claridad, es el Gobierno Municipal de La Paz.

BD– ¿Se tiene cuantificado a las empresas que operan en La Paz con autorización de otros municipios?

JD– Hay varias, hay varias. Ahorita no tengo la lista, pero son varias. Incluso hay empresas que son cuestionadas, cuestionadas de manera permanente y que igual siguen desarrollando sus labores irresponsables de construcciones. Ya tienen el modus operandi, incluso ellos de alguna manera hacen algunas sociedades accidentales, etc., para trabajar nuevamente de esa manera. Pero ellos están acostumbrados a hacerlo. Entonces, yo reitero, el tema acá es un tema estructural. Es un problema que atinge a varios actores, varios responsables. Es un tema que hay que solucionar y debe ser solucionado, reitero yo, por la Gobernación porque tiene las funciones de poder definir límites entre los gobiernos municipales que están en el departamento. Y eso es lo que no ha hecho históricamente la gobernación.

Tenemos otro problema, no sé si usted recuerda, con el caso de una actividad económica que quedaba en San Miguel, que fue clausurada. Y al ser clausurada, pues esta actividad económica no encontró mejor forma de sacar su licencia de otro municipio. Imagínese, eso pasa. Entonces, es un problema que, bueno, yo creo que tiene que ya obligarnos a todos a sentarnos. Ojalá la Gobernación pueda ponerse la mano al corazón y citar a todas las autoridades de los municipios para que, de una vez por todas, en una mesa de diálogo, establecer límites.

BD– ¿Qué hace la Alcaldía con las construcciones ilegales? Primero notifica y así poco a poco hasta llegar a la demolición, ¿es así?

JD– Sí, efectivamente, hay todo un proceso administrativo que se va desarrollando desde, como usted bien ha dicho, notificar a los presuntos responsables, a la empresa en este caso. La empresa tiene determinado tiempo para responder a esta notificación haciendo sus descargos correspondientes, que son días, no es mucho más que eso.

Una vez que recibe, que el Gobierno Municipal recibe esta respuesta de la empresa o de las empresas, verifica el tema y una vez que se comprueba que efectivamente hay irregularidades, pues corren las multas, que en realidad es lo único que se puede hacer porque ese (demolición) es otro problema.

Está mal hecho el tema de los procedimientos administrativos, que no data de esta gestión, sino de hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cuando uno identifica, por ejemplo, una construcción que está fuera de norma. En este caso desde las subalcaldías, tiene que ir a verificar eso. Entonces, cuando uno va a verificar eso, no solamente a notificar, sino también lo normal es que entre, se compruebe, se saquen fotos, etc.

Cuando uno va, lo que sucede es que les cierran las puertas a los funcionarios y los servidores públicos no pueden ingresar al lugar porque es propiedad privada. Y han sucedido ya casos en el pasado en que era tan grave el caso o eran tan graves los casos que los funcionarios ingresaron, de todas maneras, y se comieron un proceso judicial por invasión a propiedad privada.

Entonces, son estas cositas de interpretación de la norma, estos hechos que hacen que los administrados aprovechen los vacíos normativos o las cosas interpretativas de la norma para que, en vez de que la autoridad pueda fiscalizar de manera adecuada, pues finalmente las víctimas se vuelvan los empresarios que utilizan estas argucias legales para poder salir con las suyas.

No se puede demoler, digamos hay un edificio que tiene permiso para cinco pisos y construye diez, lamentablemente es, y hay que decirlo de manera directa, sincera, transparente, es imposible demoler cinco pisos hacia arriba. O sea, no he visto yo nunca que haya sucedido eso.

Entonces, hay que ver algunos otros mecanismos administrativos, y adicionalmente creo que, esa es una labor pendiente, hay que profundizar los mecanismos de control y de fiscalización desde las subalcaldías, cosa que entiendo yo que ya se comenzó a realizar, antes se centralizaba todo en distintas secretarías, se ha desconcentrado un poco el poder de la administración central para que las subalcaldías puedan efectivizar este seguimiento y control.

BD/AG/