Tratado para el ciclo del agua, seguridad jurídica para los bosques y otras alternativas son planteadas para frenar la depredación amazónica

Brújula Digital|26|05|24

Sumando Voces

El estudio titulado “Amazonía Contrarreloj” establece que entre el 20 y el 25 por ciento de la Amazonía ya ha sufrido una irreversible depredación debido a la deforestación, los incendios y otras actividades humanas. Sin embargo, el mismo estudio plantea alternativas para salvar el otro 80% del denominado pulmón del planeta, entre las que figuran la seguridad jurídica para los bosques, la titulación de tierras en favor de los pueblos indígenas y la ampliación de las áreas protegidas.

Estas alternativas fueron expuestas por la Directora de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), Marlene Quintanilla, durante el programa Sumando Voces en Directo, que se difundió este jueves. El estudio fue desarrollado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) y contiene datos desde 1985,

Pero no son las únicas propuestas. En el mismo programa, el director de la Fundación Solón, Pablo Solón, adelantó que, en el marco del Foro Social Panamazónico (FOSPA), que se desarrollará en junio en Bolivia, se está planteando un tratado para restablecer el ciclo del agua que, a diferencia de otros tratados, no pondrá a los seres humanos como el centro del mismo, sino al agua.

Solón califica esta iniciativa como innovadora porque “rompe el carácter antropocentrista de todos los tratados porque plantea que el objeto del mismo no son los seres humanos, el objeto del Tratado es el agua, porque se busca restablecer el ciclo del agua. Por tanto, el agua tiene que participar en el tratado. Tenemos que dejar de pensar en tratados solo entre Estados, sino que tienen que haber tratados entre Estados, sociedad civil y también la naturaleza, representada por diferentes instancias”.

Quintanilla, por su parte, considera que, así como se protege la propiedad privada de las personas, se debe proteger los bosques. Por eso dice que “una de las medidas importantes tiene que ver con el tema de la seguridad jurídica de los bosques. En los países amazónicos se tiene que ver al bosque como un bien económico, como un bien social y por supuesto como un bien ecológico”.

También sugiere “avanzar en cuanto a la demanda que tienen los pueblos indígenas para la titulación de sus territorios (…), además de la creación de (nuevas) áreas protegidas”.

La propuesta está basada en el diagnóstico citado más arriba, que indica que el 85% de la deforestación ocurre fuera de los territorios indígenas o de las áreas protegidas y, en el caso de Bolivia, el porcentaje se eleva al 95%.

De hecho, según Quintanilla, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) demanda la titulación de 100 millones de hectáreas, pero que no hay respuesta de los gobiernos de Brasil, Bolivia, Ecuador, Perú y otros.

Solón, además, recoge otras iniciativas que se han producido últimamente, como el anuncio del procurador del Estado, Cesar Siles, en sentido de que se revertirán los predios que sean deforestados ilegalmente.

“La función económica social que se aplica a empresas grandes y medianas, implica no deforestar de manera ilegal y le instruye al INRA y a la ABT proceder a hacer la identificación y los procesos para reversión de las propiedades medianas y grandes que han deforestado de manera ilegal”, dice haciendo alusión al anuncio de la Procuraduría. Solón espera que este año, antes de que la época de incendios, se inicien los procesos de reversión de sus tierras por incumplimiento de la normativa.

Al margen de las acciones del Estado, Solón también destaca las iniciativas de los pueblos y organizaciones, como las acción popular planteada por la Central de Pueblos Indígenas del  norte de La Paz (CPILAP) en contra de la minería ilegal o la declaratoria del Municipio de Palos Blancos, como territorio agroecológico libre de minería.

“Queremos discutir acciones para realmente cambiar esta situación (…) El objetivo del FOSPA es, por un lado, apuntalar estas acciones y, por otro, poder hacer planteamientos de políticas nacionales”, señala, en referencia a un posicionamiento en contra de las denominadas “leyes incendiarias”.

Se espera que unas 1.200 personas de nueve países participen del XI FOSPA que tendrá una tónica diferente a los anteriores porque se han planificado 17 visitas a comunidades indígenas para discutir in situ sobre su situación. Algunas de esas comunidades han sido víctimas de incendios el año pasado.

El FOSPA se realizará en Rurrenabaque, San Buenaventura y Reyes entre el 12 y el 15 de junio.