En Mayaya y Guanay, la minería aurífera permite turnos de hasta 12 horas, trabajo “voluntario” y sin protección

Brújula Digital|21|05|24|

La Nube, provincia Larecaja, La Paz

Gabriel Diez Lacunza

A la distancia se distinguen chalecos de color verde fosforescente. Hay varios, pero inmóviles. De más cerca llega la certeza: no son personas, sino una especie de espantapájaros hechos de ramas. Lo más probable es que la intención fue que estas prendas así dispuestas sirvan como señalética para guiar a los conductores de camiones y demás máquinas para que sigan el camino correcto en su rutina diaria, más aún en los turnos de noche. Pero da la impresión de que es una acción improvisada y una muestra de la seriedad con la que se trata a los trabajadores en el lugar. Es una de las áreas de trabajo de minería aurífera en la comunidad Milliscuni, en Mayaya.

En ese lugar y en Guanay no hay contratos escritos, solo acuerdos verbales. No hay trabajo regular de ocho horas; sino, más bien, turnos de hasta 12 horas. No hay trabajadores con seguro de salud. Y si hay algo de lo mencionado, para no caer en generalización, son casos aislados. No hay operadores con equipamiento de protección como cascos, guantes o botas; solo gente con sandalias, un short o un buzo para trabajar con rocas y caminar por lodazales.

Para el especialista en temas mineros Alfredo Zaconeta, esas condiciones demuestran una clara vulneración de leyes y preceptos.

“Esto considerando que las cooperativas —por su esencia— no pueden tener trabajadores asalariados bajo su dependencia. Sin embargo, la concomitancia de este subsector y el gobierno del MAS promulgó el año 2016 el DS 2892 y reconoció los derechos laborales de las personas que prestan servicios en las cooperativas mineras”, afirma este investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).

Pese a ese reconocimiento desde la norma, las vulneraciones continúan y se ven plasmadas en la situación “precaria” de los trabajadores de las cooperativas auríferas asentadas en el norte de La Paz y la Amazonía boliviana, complementa Zaconeta.

Guanay es un municipio ubicado en los Yungas de La Paz. Mayaya es una comunidad del también municipio paceño de Teoponte. Ambos lugares están en la provincia Larecaja. Y en ambos sitios la minería aurífera está instalada hace mucho tiempo. Tanto así que varias comunidades migraron de sus labores agrícolas al estatus “superior” de ser cooperativas, según entienden los pobladores, por el rédito económico que representa.

En los dos espacios, el oro es un tema de qué hablar y una especie de motor económico regional. Pero pese a ello, siendo regiones de tradición minera con supuestos beneficios comunales, no se ve reflejado en el día a día. En Mayaya, por ejemplo, sus calles aún de tierra están llenas de baches que se transforman en pequeños charcos en época de lluvia; ni las vías de la plaza principal están asfaltadas o adoquinadas.

Capitalistas extranjeros con visto bueno para definir contratos y condiciones laborales  

Otra característica de la minería en esta zona es que existe una operación dual entre cooperativas y “empresarios privados” chinos, más que todo.

¿Cómo funciona? Una cooperativa tiene una concesión en determinado lugar, pero no cuenta con recursos suficientes para operar. Un ciudadano chino ofrece maquinaria como retroexcavadoras, excavadora con pala, camiones de tipo volqueta a cambio de compartir ganancias. Cierra el trato con la cooperativa por concepto de alquiler de maquinaria y ese ciudadano chino contrata personal para operar esos equipos y también para otros puestos dentro de la tarea de explotación de oro que implica derribo de árboles, remoción de tierra y lavado y traslado de piedras.

Derivado de ello, en la zona de Mayaya, por ejemplo, los acuerdos verbales son en su mayoría hechos entre un ciudadano chino, dueño de la maquinaria, y trabajadores bolivianos mediante un intérprete. El rango de sueldos varía entre 2.600 bolivianos y puede llegar hasta 12.000 al mes, según distintas fuentes consultadas en campo para este reportaje. Lo único bueno de todo, coinciden varios entrevistados, es que los contratistas asiáticos pagan puntualmente.

Pero eso a veces no es suficiente. El peligro acecha de manera constante. “Una vez ha rebotado (una piedra) del cargueo a la mano del huaycholero, hasta yo mismo me he sentido mal, como si yo le hubiera arrojado la piedra”, cuenta un chofer de volqueta. El huaycholero es un trabajador parado en una plataforma que se encarga de limpiar, con la ayuda de una manguera a chorro, las piedras que descarga una volqueta en el proceso de búsqueda y filtrado de oro.

Turnos de 12 horas continuas y discontinuas

En Mayaya, a orillas del río Kaka, Rudy Q. descansa mientras revisa su celular. Busca señal de Entel, la cual se perdió durante todo el día; es algo frecuente, comentan en el pueblo. Usa su moto como asiento en un ángulo muy inclinado y durante la entrevista pareciera que en cualquier momento encontrará el piso; no sucede.

Está en el lugar que se conoce como el “puerto chino”, porque ahí se asentó la empresa Tierra de Oro con gente netamente de esa nacionalidad. Rudy es extrabajador de la minería en la zona y pese a su edad, 25 años, conoce cómo funcionan los tratos y qué tipo de condiciones laborales existen.

“Las volquetas llegan, las empresas (chinas las) traen y ahí es donde contratan personal. Contratan choferes, operadores, paleros, personal de apoyo. Una empresa consiste en un volumen de 30 personas, dependiendo de la empresa qué tan grande sea; hay empresas más grandes que contratan hasta 70 personas, incluyendo cocineras, ayudantes, todo el personal”. Rudy Q. va vestido con una polera ploma con rojo, un short azul y chinelas.

Sumando períodos, entre idas y vueltas de su chaco a los campamentos mineros y viceversa, Rudy trabajó tres años como chofer de volqueta para la minería aurífera. En su primer acercamiento le pagaron 3.500 bolivianos al mes con una cooperativa, mientras que cuando empezó a trabajar con gente china llegó a cobrar cinco mil, aunque con un detalle.

“La diferencia es que cuando tú empiezas a trabajar con los chinos sí te pagan más, pero (por) más horas de trabajo también, casi ya lo mismo da (…). (Trabajaba) sin descanso, ni un día al mes”. Llegó a manejar su camión 12 horas al día con turnos de seis horas por medio; es decir, seis horas de trabajo, seis de descanso y, nuevamente, seis de trabajo. Es lo más común, de acuerdo al testimonio de otros trabajadores en vigencia.

Sin embargo, Rudy afirma que también hay turnos, dependiendo la empresa, que inician a las siete de la noche y duran hasta las seis o siete de la mañana del día siguiente. “El cuerpo mismo se va adaptando; de vez en cuando el sueño en las madrugadas se complica”, relata como si fuera un veterano del oficio.

Los trabajadores deben sobrellevar todo eso en los campamentos a plan de café, arroz y huevo, lamentan algunos. A veces hay pollo en sus platos. ¿Qué tipo de preparaciones hacen con esa ave? Depende de la creatividad de la cocinera, cuenta uno de ellos, aparentemente resignado. Otro, animado al cálculo estadístico, dice que de cada 100 comidas una incluye un bife de carne de res.

A 200 metros del puerto chino está la oficina de la Central de Cooperativas Mineras Auríferas Mayaya Tropical. Su presidente, Hilder Chinari, explica que actualmente hay 17 cooperativas afiliadas a esa central y que nueve están operando de manera activa y que el resto está en trámite de obtención del contrato minero, otrora concesión.

Ataviado con una polera del equipo inglés Arsenal, mientras hace refacciones en su sede, Chinari afirma que seis de las nueve cooperativas actualmente vigentes en la región de Mayaya trabajan con ciudadanos chinos. Además, confirma que la figura de contratación verbal de nacionales por gente de esa nacionalidad, en áreas adjudicadas a cooperativas, para operar sus camiones y maquinaria pesada, está vigente.

“Las políticas mineras desarrolladas desde 2006 derivaron, primero, en la consolidación de la presencia y dominio de capitales extranjeros en los yacimientos más grandes del país, y, segundo, en la aprobación de una serie de medidas y normas que no sólo robustecieron al subsector cooperativo, sino que le dieron el dominio sobre un mineral estratégico como es el oro”.

La falta de capital propio, según Hilder Chinari, es una de las principales razones para acceder a ese tipo de acuerdos en los que los extranjeros ponen los equipos.

Chinari afirma que las cooperativas sí tienen contratos escritos con los chinos, colombianos y peruanos para hacer uso de su maquinaria para la explotación de oro. Eso debido a que no se puede hacer otro tipo de contrato de asociación entre cooperativas y privados, ya sean nacionales o extranjeros, según el artículo 151 de la Ley de Minería.

Sobre esta situación, Zaconeta explica que la relación entre las cooperativas mineras con socios capitalistas chinos, más que el alquiler de maquinaria justificado por los cooperativistas es mero financiamiento de extranjeros a actividades mineras de explotación de oro.

“Esta relación se establece mediante ‘Contratos de prestación de servicios’, donde la repartición de utilidades oscila entre el 70% a 80% a favor de estos inversionistas extranjeros, dejando los saldos para beneficio de las cooperativas mineras, escenario que excluye al Estado para cualquier tipo de beneficio”.

Trabajo “voluntario”

Existen 54 cooperativas activas afiliadas a la Central Local de Cooperativas Mineras Auríferas Guanay R. L. y sus áreas de trabajo están distribuidas en cuatro ríos de la región: Tipuani, Mapiri, Challana y Coroico. Al igual que en Mayaya, uno de los retos del sector cooperativo en esta área es conseguir maquinaria propia para no depender de terceros. En la actualidad, un 60% de las cooperativas de Guanay tienen maquinaria propia, según el presidente de la Central, Diego Ordóñez.

Pero para operar la maquinaria se debe contratar a gente, al igual que lo que sucede en Mayaya.

En Guanay, sin embargo, existe la figura de trabajadores “voluntarios”. ¿Cómo funciona eso? “Se requiere cuando hay varios frentes de trabajo y los asociados no llegan a cubrir o a realizar al 100% las actividades. Entonces, contratan unos 20 voluntarios y también ellos mismos tienen el incentivo al finalizar una etapa de trabajo de 10 días, los voluntarios tienen dos días para trabajar, ellos lavar (la piedra y arena para separar las partículas de oro), para que tengan su remuneración; no tienen un sueldo fijo como tal, como un chofer, como un operador de maquinaria, de excavadora”, cuenta Ordóñez.

Un voluntario puede dedicarse a cuidar maquinaria o bombas de extracción de agua, operar maquinaria y/o hacer labores de mantenimiento. Por lo general son miembros de las comunidades en las que las cooperativas tienen sus operaciones. Para esos dos días libres de los voluntarios, Ordóñez afirma que cada cooperativa tiene la obligación de prestar los equipos necesarios para que esas personas puedan buscar mineral por su cuenta.

En esas cooperativas un chofer de volqueta gana 4.000 bolivianos y un operador de máquina puede llegar hasta 8.000 bolivianos, con contratos escritos según el Presidente de la Central. En tanto que los voluntarios —en una cooperativa “grande” se puede llegar a requerir entre 15 y 20— se manejan con acuerdos verbales.

Para Zaconeta este tipo de prácticas son una forma de sometimiento acrecentado desde la Constitución Política del Estado de 2009 y ratificado en 2014 mediante la Ley 535 de Minería y Metalurgia. Este especialista explica que ambas normas marginan a los comunarios e indígenas de poder realizar alguna actividad minera de forma legal reconociendo solo al Estado, a los privados y a cooperativistas como actores exclusivos.

“Esto deriva en que si alguna comunidad quiere hacer minería legalmente, debe conformar una cooperativa minera. Si no puede acceder a esto, está resignado a ser ‘voluntario, barranquilero o pocero’ en las operaciones de las cooperativas mineras que explotan oro en estas zonas, trabajo sumido en la inseguridad y precariedad, sin que el Estado intervenga para superar estas condiciones lamentables”, dice Zaconeta.

En tanto que el secretario de Defensa de la Central Obrera Boliviana, José Luis Mamani, percibe que es una situación en la que se utiliza a las personas en vez de contratarlas. “Aquí el Gobierno tendría que regular y ver lo que está pasando en esos lugares”, explica Mamani para este reportaje.

De comunidades a cooperativas

Al centro de la plaza de Guanay hay un letrero grande con el nombre de ese municipio y con dos figuras a los costados, una es el tradicional casco minero y otra, a la derecha, la hoja de un árbol.

Entre 2011 y 2016 Guanay destacó, según el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), como uno de los cinco municipios del departamento de La Paz con más aportes de regalías. Esa tendencia se mantiene en la actualidad pues de enero a mayo de 2023, junto a Teoponte y Tipuani, se mantuvo en la vanguardia de la producción minera, de acuerdo al Ministerio de Minería.

Ese sitial se mantiene, en parte, porque una porción importante de los pobladores del área se dedican a la minería en sus distintas facetas. A enero de 2024, en la región el gramo de oro estaba cotizado entre 418 y 437 bolivianos, según pobladores de Mayaya y Guanay.

A cinco kilómetros del centro de Guanay está la comunidad San José de Pelera, un lugar cuyos habitantes pasaron de ser, hace 15 años, simples trabajadores mineros a formar su propia cooperativa.

Luzmila Villanueva, oriunda de San José de Pelera y socia de la cooperativa formada desde la comunidad, tiene 42 años y actualmente es secretaria de Educación, Cultura y Género de la organización Pueblo Indígena Leco y Comunidades Originarias de Larecaja (Pilcol).

“Nosotros hemos decidido (ser cooperativa) porque la mayoría de los empresarios se llevan el 70%, a veces hasta el 80%, era bastante”, dice Villanueva.

En la actualidad hay 80 socios en la cooperativa que formaron Luzmila y sus coterráneos. Tiene 50 empleados dedicados al manejo de volquetas y maquinaria pesada —equipos propios para así prescindir de patrones chinos, colombianos o peruanos— con un pago mensual, explica Luzmila, de 3.000 bolivianos a personal “de apoyo”, 8.000 el que maneja la retroexcavadora y 12.000 el mecánico que también hace de soldador y electricista. Como en ese sitio, afirma la dirigente, hay otra comunidad, Candelaria, que también migró al cooperativismo con equipos propios.

Nilton Pinto Pimentel es socio fundador de la cooperativa 19 de Marzo. También dirigente de Pilcol, es originario de la comunidad de Wituponte —“pampa de motacú” en lengua leco— que está a menos de cinco minutos de Guanay cruzando un puente sobre el río Mapiri. Lamenta que en los diferentes ríos de la región en la última década varias comunidades destrozaron sus riberas y paisaje. ¿El motivo? “El tema es que todas las comunidades se han vuelto cooperativas”. Ello, no obstante, no significa que legalmente que al volcarse al cooperativismo dejen su cualidad de comunidades campesinas e indígenas; pero sí denota que la influencia de la minería es preponderante en la región.

Al igual que en Mayaya, no hay contratos escritos con los trabajadores y operarios de máquinas en estas comunidades que optaron por el cooperativismo minero del oro como principal modelo económico. Sin embargo, Pinto asegura que cuando hay algún accidente sí o sí los socios, comunarios en este caso, se hacen cargo de los gastos médicos.

Sin seguridad social ni física y sin licencias para operar equipo pesado

En la comunidad Milliscuni de Mayaya uno que otro ciudadano chino observa a este medio realizar las entrevistas, pero ninguno hace nada, no responden siquiera al saludo gesticular. En cambio, uno de los huaycholeros sí lo hace mediante un ademán de teléfono en movimiento con la mano izquierda en forma de cuerno, sonríe como Ronaldinho después de un gol, pero no descuida con la derecha la manguera. Tiene sandalias y un short.

Frente a él, en otra torre de madera, un hombre un poco mayor que él, y que viste zapatillas deportivas, no aparta la vista de su sonoro trabajo. Ninguno de los dos lleva casco ni guantes, ni protectores auditivos pese a que cada tres o cuatro minutos un camión volqueta descarga piedras a menos de tres metros de ellos. La imagen es frecuente en otros campamentos de la región.

“Solo alimentación nos da (la empresa), nada más. Si te enfermas no te dan ni un remedio. Por ejemplo, el tema de lo que es la ropa que debería dar la empresa, no, nada que ver”, comenta un soldador de San Buenaventura que lleva cuatro años trabajando para ciudadanos chinos en Milliscuni. Gana seis mil bolivianos al mes y a enero de 2024 lleva las botas rotas desde 2023. Sí le dieron guantes y un protector visual para soldadura. Ello no impidió que en una ocasión la pala mecánica de la excavadora le lastimara el dedo y corriera el riesgo de perderlo. Este hombre quiere tener seguro de salud.

Rudy también experimentó la incertidumbre de no tener nada más que su sueldo fijo. “No hay contrato, no firmas nada. Como no hay documentos, no hay seguro (de salud), nada. Solamente tú entras, quieres trabajar y ya la gente no pide eso, no exige, porque la mayor parte que trabaja es sin licencia (de operar maquinaria o de conducir). El que pasa el examen es el que trabaja y la gente se ha acostumbrado a eso. Ninguna empresa está como para pedir eso, no lo ven tan necesario”, relata relajado.

Al respecto, el Código de Tránsito establece que ninguna persona “podrá conducir un vehículo sin estar legalmente autorizada” y que “nadie podrá facilitar su vehículo para que sea conducido por persona que no posea licencia o permiso”. Además, en Bolivia es requerida una licencia tipo T para operar maquinaria pesada.

Retomando la inseguridad a la que están expuestos los trabajadores, todos los consultados quisieran mejores condiciones.

“A mí me gustaría tener un contrato escrito”, dice un conductor de volqueta, natural del municipio paceño de Palos Blancos, que recién ingresará a su turno cerca de las 12 del mediodía en Milliscuni y que sueña con ser socio de alguna empresa.

“Una fallita y nos retiran del trabajo. Al menos a mí, como soy nuevo, me ven así medio ‘chacreando’, fallando en el manejo, o descargando mal, ya me están mirando mal”, cuenta otro chofer de volqueta que llegó al lugar desde Cochabamba a fines de 2023.

La situación laboral de las personas que ayudan en la extracción de oro no está del todo clara y hay hechos, según sus protagonistas, que distan de ser justos.

Para la elaboración de este reportaje se solicitó una entrevista al Ministerio de Trabajo, a través de su Unidad de Comunicación. Desde esa oficina se informó que los temas sobre minería en cooperativas, por más que sean laborales, deben tratarse en el Ministerio de Minería. Ello, pese a que en la cartera de Trabajo existe el viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas que tiene como una de sus atribuciones “promover, fiscalizar y supervisar el desarrollo social, económico y productivo del sector cooperativo” y a que el Decreto Supremo 2892 establece que los trabajadores de cooperativas están protegidos por la Ley General del Trabajo y que, incluso, pueden acudir al Ministerio de Trabajo para que se cumplan sus derechos.

Por otra parte, tampoco se recibió respuesta del Ministerio de Minería luego de enviar dos preguntas hace tres meses, en febrero de este 2024, a través de su responsable de comunicación.

Este reportaje ha sido elaborado en coordinación con el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en el marco del proyecto “2022-2024: Knowledge and Debate in a Changing World” que cuenta con el apoyo de la Embajada de Suecia.

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